El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira.
EFE
SANTIAGO.- Luego de que la justicia chilena condenara y decretara la expulsión de los siete funcionarios aduaneros y dos militares de Bolivia detenidos en marzo pasado por contrabando en la zona fronteriza, el Gobierno del país vecino criticó el fallo, asegurando que esto confirma la dependencia del Poder Judicial a La Moneda.
"No es sorpresa, era algo que se preveía. Confirma que finalmente el Órgano Judicial de Chile no podía desmentir a su Jefe de Estado. La Presidenta, antes de la presentación incluso a la audiencia cautelar de los nueve detenidos, calificó los delitos y era muy difícil que una jueza vaya con una sentencia a desvirtuar la acusación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet", indicó el ministro de Defensa altiplánico, Reymi Ferreira, a la radio estatal Red Patria Nueva.
"Lamentablemente no fue la decisión que se esperaba y lo positivo, si hay algo positivo en esto, es que los vamos a tener (a los detenidos) en unos días más porque se les ha conmutado la privación de la libertad por la expulsión", agregó el secretario de Estado.
Asimismo, Ferreira enfatizó que ahora su Gobierno continuará con la campaña internacional que ha sostenido para denunciar presuntas torturas a las que fueron sometidos los nueve detenidos al momento de su detención, el 19 de marzo, por parte de las autoridades chilenas, lo que ya fue expuesto la semana pasada ante la OEA.
Esto, considerando además que, a su juicio, la jueza Isabel Peña no tomó en cuenta las denuncias de tortura hecha por los reclusos durante la audiencia del martes.
"Como Gobierno habíamos anunciado que vamos a interponer una acción a nivel del Pacto de Bogotá, porque da pena y es lamentable que la jueza no haya tomado en cuenta, aunque lo hicieron de propia voz los procesados, la denuncia de tortura de la que fueron víctimas", sostuvo.
Ferreira agregó que estos "son delitos que no sólo son sancionados en la ley penal chilena, sino que son delitos que son penados por diferentes acuerdos internacionales e instrumentos de derechos humanos, y por eso se hará la representación".
Este miércoles, la jueza Isabel Peña, del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, dio por acreditados los delitos de robo con violencia y contrabando para los siete funcionarios de la Aduana del país vecino, y el de porte ilegal de armas para los dos militares que los acompañaban.
De este modo, los empleados aduaneros deberán pagar una multa de cerca de 32 millones de pesos y no podrán ingresar al país en los próximos 10 años, mientras que los dos militares no podrán entrar a territorio nacional en dos décadas.
La expulsión debe materializarse dentro de los próximos 30 días, según estableció el tribunal.
