Entre la apertura y los rigurosos procesos selectivos: Cómo es la política migratoria de cuatro países

SANTIAGO.- Estas últimas semanas, el tema migratorio se ha tomado con fuerza la agenda internacional. Las diferencias profundas sobre este tópico entre algunos gobiernos y la necesidad de acordar esfuerzos conjuntos para proteger y regularizar la llegada de aquellas personas que deciden dejar su hogar han sido objeto de un gran debate.

Ahora, al celebrarse en Chile el Día del Migrante, y a un día de que la Asamblea General de la ONU ratifique el Pacto Migratorio de Marrakech (el cual nuestro país no suscribió), revisamos las políticas de cuatro países del mundo con los residentes extranjeros, varias de ellas marcadas por su apertura, pero también por su rigurosidad a la hora de postular.

Es el país con mayor cantidad de chilenos en el mundo (191.147, según la última estimación de Cancillería de 2016) y uno de los centros migratorios de Sudamérica, con más de 2 millones de extranjeros, un 4,9% de su población total. En los últimos años ha experimentado diversos cambios en su política de acogida a los foráneos. La gran reforma ocurrió en 2003 en el gobierno de Néstor Kirchner con la promulgación de la Ley de Migraciones N° 25.871, la cual reemplazó la normativa vigente que databa de la dictadura militar trasandina.

La iniciativa era considerada un "referente internacional", de acuerdo al diario El País, al consagrar la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, laborales y sanitarios sin importar su condición en el país vecino. Sin embargo, un decreto de 2017 dictado por el Presidente Mauricio Macri modificó la Ley en una serie de aspectos con la finalidad de hacer más rigurosos los requisitos para permanecer en Argentina.

Los extranjeros son calificados como residentes permanentes, temporarios (estudiantes, académicos, trabajadores migrantes, deportistas, artistas, etc.) o transitorios (turistas, pasajeros en tránsito, etc.). En el caso de los dos primeros, podrán obtener una cédula de identidad, mientras quienes tramitan la residencia definitiva podrán optar a una "residencia precaria", la cual tendrá una validez de 90 días corridos, pudiendo ser renovable y que permitirá a los titulares salir y reingresar al país, trabajar y estudiar.

Entre los requisitos para ingresar o permanecer, no podrán hacerlo quienes tengan antecedentes penales, hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en Argentina o en el exterior respecto de delitos que merezcan prisión según la ley trasandina y también respecto de delitos como tráfico de personas, tráfico de armas, genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad.

Respecto del empleo, los residentes permanentes y temporarios podrán desarrollar labores de trabajo en el país, en el caso de los segundos, mientras dure su permanencia autorizada. No es el caso de los residentes transitorios, quienes tienen prohibido trabajar y/o realizar labores lucrativas. Lo mismo pasa con los que residan irregularmente.

En tanto, la residencia puede ser cancelada si el titular de ésta, entre otros actos, presenta documentación falsa; haya sido condenado por los delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas; o si el beneficiario de la residencia permanente haya permanecido fuera de territorio argentino por un periodo superior a dos años o a la mitad del plazo acordado en el caso de los residentes temporarios. La expulsión conlleva, en el caso de quienes cometan delito doloso, una prohibición de reingreso permanente o por un plazo que nunca será inferior a ocho años. En los otros casos, podrá ser de cinco años.

Australia desde siempre ha sido reconocido como un país de migrantes. No obstante, más allá del conocido programa "Working Holiday", actualmente cuenta con una política migratoria que se caracteriza por su selectividad y rigurosidad. Se trata del programa de migración calificada, que beneficia con el otorgamiento de una visa a personas de entre 18 y 45 años que sean altamente calificadas, lo que ha representado el 61% del total de residentes extranjeros.

Para optar a esta visa, se requiere poseer un dominio suficiente del idioma inglés, estar acreditado para ejercer una profesión que sea demandada en el mercado laboral australiano, contar con un título universitario o técnico-profesional, y demostrar experiencia laboral reciente. A esto se suma el llamado Test de Puntos, donde el cual los migrantes acumularán calificaciones.

De este modo, se entregan tres tipos de visa. Primero está la visa para trabajador calificado independiente y la visa para trabajador calificado con nominación, que entrega la residencia permanente tanto al beneficiario como a su familia, quienes pueden acceder al sistema educativo, sanitario y farmacéutico australiano.

Finalmente, se cuenta la visa temporal para trabajador calificado de regiones, que permite vivir y trabajar en Australia durante cuatro años a aquellos trabajadores que residan y trabajen en regiones o zonas de bajo crecimiento demográfico. El beneficio también se extiende a su familia, la que deberá vivir, estudiar y/o trabajar en la misma zona.

No obstante, han surgido las críticas respecto de que muchos de los inmigrantes calificados que llegaron entre 2011 y 2016 no han podido encontrar trabajos profesionales. El dato alarma más considerando que el 80% de estas personas viene de países no angloparlantes, de los cuales sólo el 24% ha hallado trabajo.

Se trata de una nación abierta y que promueve la recepción de inmigrantes, aceptando la diversidad cultural como parte de su identidad. Para 2018, el país se propuso recibir 310.000 inmigrantes y 330.000 en 2019. Sin embargo, sus políticas migratorias también se caracterizan por ser especialmente selectivas, privilegiando la denominada inmigración económica.

Así, los inmigrantes son evaluados por puntos y en función de sus competencias, su experiencia laboral, el aporte que su trabajo puede significar para el país y de su vínculo con algún residente. Además, se consideran aspectos como el manejo de los idiomas oficiales (francés e inglés) y si se cuenta con una oferta laboral previa.

Existen diversas categorías de solicitudes: "Trabajador calificado", para profesionales o especialistas de diversas áreas; "Inversión", para empresarios o inversionistas; "Trabajador técnico", para obreros, choferes, electricistas, etc.; "Auspicio familiar", para parejas o hijos de residentes, y "Experiencia canadiense", para personas con experiencia previa en el país.

Además, con el fin de responder más rápido a las solicitudes de inmigrantes económicos, Canadá dispuso en 2015 de un sistema electrónico de evaluación denominado "Entrada Exprés", que permite escoger personas que satisfagan requerimientos específicos del mercado laboral.

Aún así, el país norteamericano también se ha abierto a recibir a refugiados. Según informes de la ONU, Canadá es el noveno país que más solicitudes de asilo recibió en 2017. Sin embargo, los trámites para este tipo de procesos son lentos, lo que le ha valido críticas al Gobierno.

Paralelamente al sistema federal de inmigración, cada provincia y los tres territorios tienen sus propios Programas Provinciales de Nominación, destinados a suplir las necesidades locales en relación a la llegada de extranjeros.

Hasta ahora Japón ha mantenido una política migratoria especialmente restrictiva, que generalmente solo acepta a extranjeros que son profesores universitarios y profesionales de alto nivel. En 2017 otorgó el estatus de refugiado a solo 20 personas, de casi 19.000 solicitantes.

Entre los requisitos legales para el permiso de residencia permanente se menciona: buena conducta; posesión de bienes o autofinanciamiento; haber permanecido en el país por más de 10 años y que durante cinco haya tenido permiso de trabajo; no poseer sanciones judiciales; haber pagado impuestos, y que no exista posibilidad de que la persona cause daño a la higiene pública.

Pero inmerso en un contexto de baja natalidad y un acelerado envejecimiento de la población, este hermetismo le ha significado carencia de mano de obra técnica. Para subsanarlo, el Gobierno impulsó la aprobación de una nueva ley que flexibilizará los requisitos de entrada a inmigrantes empleados en 14 sectores como la construcción, servicios, agricultura e industria y permitirá extender su tiempo de permanencia en el país. A estos trabajadores, considerados "poco calificados", solo se les permite vivir tres años en el país; ahora, podrán quedarse cinco y extender su estadía hasta diez. Ello, se estima, permitirá la entrada de unos 345.000 nuevos inmigrantes.

Sin embargo, el programa no los autoriza a trasladar a sus familias y mantiene barreras casi insuperables para acceder al estatus de residente permanente. Según opositores, esta medida solo busca la mano de obra barata y provocará la precarización del trabajo de los extranjeros.

La reforma, que entrará en vigor en abril, también incluye un nuevo tipo de visado para inmigrantes profesionales, para los cuales será más fácil renovar indefinidamente sus periodos de estancia y a quienes sí se permitirá reunir a sus familias en Japón.