En 2018 se registraron masivas manifestaciones en el país trasandino para exigir la aprobación del proyecto de legalización del aborto libre.
Reuters
Después del fracaso en 2018 de la aprobación de una ley para la legalización del aborto en Argentina, un grupo de legisladores presentará este martes el octavo proyecto para hacer realidad una larga reivindicación del movimiento feminista.
La presentación de la iniciativa en una comisión de la Cámara de Diputados se realizará con el respaldo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Será la octava vez que este movimiento feminista integrado por 300 grupos sociales impulse un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
En 2018 una iniciativa similar fue aprobada por la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado - integrado por legisladores más conservadores - que en una votación ajustada en agosto de ese año que echó por tierra el proyecto que había generado multitudinarias marchas a favor y en contra.
Las feministas eligieron el martes para dar el puntapié a la iniciativa porque se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. "Esto representa una nueva oportunidad para que el Estado argentino garantice el ejercicio de los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar", dijo Amnistía Internacional (AI).
Esa organización forma parte de la campaña por el aborto e impulsa una acción mundial que ya juntó más de 200.000 firmas en el mundo para que se legalice su práctica en Argentina. "Tras el rechazo al proyecto el año pasado, quedó en evidencia que los abortos se siguen practicando en pésimas condiciones y las mujeres mueren en contextos de clandestinidad. El Estado debe saldar su deuda y brindar acceso a servicios de aborto sin restricciones", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina.
Qué dice el nuevo proyecto
En la actualidad la legislación argentina permite el aborto solo en casos de violación; peligro para la vida, y la salud de la embarazada. La mujer que interrumpe su embarazo fuera de lo establecido por la ley se arriesga a ser penada con entre uno y cuatro años de prisión.
El nuevo proyecto contempla que en ningún caso será penada la gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo realice. También establece que toda mujer tiene derecho a acceder a un aborto en los sistemas público y privado de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.
Además señala que serán castigados con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, las autoridades de un centro de salud o personal médico que dilaten o se nieguen a realizar la práctica. La pena se elevará de uno a tres años si por esa conducta se daña la salud de la mujer y a cinco años si ésta fallece.
Estos puntos generaron el año pasado fuertes reacciones en contra de la comunidad médica, que exigía la posibilidad de acceder a cláusulas de conciencia.
El nuevo intento por hacer real el aborto libre y gratuito tiene lugar en un año electoral en el que el Presidente Mauricio Macri buscará la reelección y la ex mandataria y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015) aspira a alcanzar la vicepresidencia.
Macri no aprueba el aborto pero ha dado vía libre a su discusión mientras que Fernández, que antes estaba en contra, cambió su parecer y en 2018 dio su voto a favor.
