Un decreto firmado por la Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, exime a las Fuerzas Armadas del país de responsabilidad penal en caso de que actúen en "legítima defensa o estado de necesidad".
"El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", según puede leerse en el documento, recogido por 'Página Siete'.
Al menos 16 personas han muerto durante las protestas en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre en el país, nueve de ellos en Cochabamba, dos en La Paz, cuatro en Santa Cruz y una en Potosí.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió al decreto difundido y lo calificó de "grave". Asimismo, indicó en su cuenta de Twitter que "desconoce los estándares internacionales de Derechos Humanos y
por su estilo estimula la represión violenta".
"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos", agregó el organismo.
"La CIDH condena cualquier acto administrativo del Gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales", añadieron.
Por su parte, el Gobierno de Áñez expresó este sábado su "consternación" por las muertes registradas el viernes en Sacaba, y denunció que Morales promovió la movilización.
"Está convulsionando el país y eso los bolivianos lo reclamamos ante el mundo. No estamos nosotros con el ánimo de estar confrontándonos ni asesinando bolivianos", manifestó la Presidenta interina del país.
"No es una licencia para matar"
El Gobierno transitorio de Bolivia aseguró este sábado que el decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares no es una "licencia para matar" y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.
En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes "no contribuye a ningún estado de mayor violencia" sino que es un instrumento para "contribuir a la paz social".
Justiniano explicó que el decreto autoriza a que los grupos de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, "puedan actuar en cumplimiento y el resguardo del orden".
