El fiscal federal del juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández pidió este lunes una condena a 12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a un empresario allegado.
Al pedir la pena para la también ex Mandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno (2007-2015), el fiscal federal Diego Luciani dijo que "estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país". La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de 1.000 millones de dólares.
La ex Mandataria ha negado los cargos y sostiene que el tribunal que la juzga desde hace tres años ya tiene
"escrita y hasta firmada" la sentencia en su contra.
"La matriz de corrupción permanece intacta y no ha podido ser desterrada... es necesario a partir de este caso producir una modificación trascendental", dijo el fiscal en su alegato después de tres años de juicio. "Es corrupción o justicia, ustedes tienen la decisión final", agregó dirigiéndose a los jueces del tribunal.
Este es el primer pedido de condena contra la ex Presidenta en la docena de causas judiciales por diversos delitos que se iniciaron en su contra, algunas de las cuales fueron cerradas y otras continúan bajo investigación.
En un comunicado emitido apenas concluido el alegato, el Gobierno de
Alberto Fernández condenó
"la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta".
"Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese periodo, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno", acotó el Mandatario en Twitter.
Fernández, de 69 años, está acusada de haber liderado una asociación delictiva que benefició con unas 51 obras viales -muchas de ellas no terminadas- al empresario Lázaro Báez en la provincia sureña de Santa Cruz, así como de fraude en perjuicio de la administración pública.
Según la Fiscalía, la empresa
Austral Construcciones que encabezaba Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones y cuando concluyó el mandato de Fernández la empresa desapareció.
"Austral Construcciones sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces Presidenta", sostuvo Luciani.
Otras 12 personas están imputadas, entre ellas varios ex funcionarios y el empresario Báez. El fiscal pidió 12 años de prisión contra el empresario y 10 para el ex ministro responsable de las obras públicas, Julio De Vido.
Se prevé que el tribunal dicte a fines de año la sentencia, que puede ser apelada ante diversas instancias y no tendrá validez hasta que no esté firme.
