Elon Musk calificó como "un ataque político" el procedimiento iniciado por la justicia francesa contra la red social X, luego de que este martes se realizara un registro en su sede en Francia y se citara a su responsable legal a declarar el próximo 20 de abril.
A través de sus redes sociales, Musk difundió un comunicado en el que sostuvo que la diligencia se basa en "motivaciones políticas", a partir de acusaciones por una supuesta manipulación de algoritmos y presuntas extracciones fraudulentas de datos.
"Estamos decepcionados por este desarrollo, pero no sorprendidos", señaló el empresario, quien cuestionó el actuar de la Fiscalía de París, apuntando a la amplia difusión mediática del caso. A su juicio, ello demostraría que se trata de "un acto judicial abusivo que persigue objetivos políticos ilegítimos, más que la correcta aplicación de la ley".
Según Musk, el objetivo de la fiscalía sería presionar a la dirección de X en Estados Unidos a través de su filial francesa. En ese sentido, insistió en que las justificaciones entregadas para el registro "no se sostienen" y recalcó que la plataforma "rechaza categóricamente haber cometido cualquier infracción".
Asimismo, afirmó que la investigación vulnera el derecho francés y atenta contra la libertad de expresión, por lo que X defenderá "sus derechos fundamentales y los de sus usuarios".
El magnate no aclaró si comparecerá a la citación del 20 de abril, instancia a la que también fue convocada la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, cuya comparecencia podría derivar en una eventual imputación. Otros empleados de la compañía también fueron citados a declarar en fechas posteriores, hasta el 24 de abril.
La investigación de la Fiscalía de París se originó a partir de dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025, las que posteriormente fueron ampliadas con acusaciones relacionadas con el uso de Grok, la herramienta de inteligencia artificial de X, para la difusión de contenidos negacionistas y "deepfakes" de carácter sexual.
Entre los delitos que se investigan figuran la complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico, atentados contra la representación de la persona mediante “deepfakes” sexuales, extracción fraudulenta de datos desde sistemas automatizados en banda organizada y manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.
