El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, debilitado por la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de vivienda y en medio de varios escándalos de corrupción que afectan a su entorno y la crisis migratoria en Ceuta.
"He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales" el 29 de noviembre, indicó Sánchez en un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno en Madrid.
Sánchez había repetido hasta ahora que las elecciones serían en 2027, cuando terminaba originalmente la legislatura que comenzó en 2023. Sin embargo, una sucesión de reveses precipitó el escenario.
Vivienda, detonante final
El acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación del país. Desde el Gobierno sostienen que es el mayor problema actual de la sociedad, y los arriendos arrastran precios elevados desde hace varios años. En diez años, el precio medio del metro cuadrado en arriendo en el país ibérico casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.
El detonante fue el caso de
Maricarmen, una mujer de 87 años obligada a abandonar el departamento de renta antigua en el que residía en Madrid.
Su desalojo generó una ola de indignación, y el Ejecutivo respondió con dos decretos. Estos contemplaban, entre otras medidas, extender hasta 2030 la protección frente a los desahucios, regular el arriendo de temporada y por habitaciones, prohibir a los "fondos buitre" comprar viviendas hasta 2028 y prorrogar por dos años los contratos vigentes. Sin embargo, no prosperaron.
Un gobierno sin mayoría
Y es que el Ejecutivo, de coalición entre el PSOE y Sumar, depende de partidos regionales para aprobar sus iniciativas, y ese respaldo falló el viernes. El primer decreto cayó por 178 votos contra 172, con el rechazo del Partido Popular, Vox, Junts y UPN. El segundo sumó 184 votos en contra y 166 a favor, luego de que el PNV y Coalición Canaria se plegaran al bloque del "no".
El voto de Junts, el partido independentista catalán que hizo posible la investidura de Sánchez, fue determinante. Fuentes de La Moncloa calificaron lo ocurrido como "muy grave". Desde Junts, en tanto, aseguraron que votarán a favor de propuestas sólidas contra los fondos buitre, siempre que protejan a los propietarios.
Tras la derrota, Sánchez abrió un periodo de reflexión para decidir si adelantaba las elecciones. Esta mañana dio a conocer su decisión en una declaración de siete minutos, en la que admitió "errores" y apuntó a que quedan injusticias por corregir.
La protesta en las calles
La caída de los decretos alimentó una movilización que ya estaba en marcha. Miles de manifestantes acampan desde hace más de una semana en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, y se convocaron más de 50 protestas en ciudades de todo el país bajo el lema "Hacia la huelga general".
Esto, para denunciar la crisis de vivienda y exigir una ley más protectora para los inquilinos.
Estas demandas fueron formuladas especialmente por el Sindicato de Inquilinos, que había señalado como medida principal la implantación de contratos de alquiler indefinidos, en lugar de los cinco años de vigencia actual.
El ambiente se ha tensionado. Tres miembros de grupos de ultraderecha fueron detenidos cuando intentaban llegar a la manifestación, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó desalojar el campamento, como solicitaba Isabel Díaz Ayuso.
La ofensiva de la oposición desde Madrid
El Partido Popular ha hecho de la vivienda otro de sus frentes contra el Gobierno. Alberto Núñez Feijóo acusó a Sánchez de usar el tema como un "cálculo electoral" y lo emplazó a fijar una fecha para los comicios.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), respondió este mismo lunes con su propia propuesta. Anunció que la región rebajará del 6% al 4% el impuesto que pagan los menores de 40 años al comprar una vivienda usada, y del 0,75% al 0,4% el que se aplica a la vivienda nueva.
Ayuso defendió estas medidas como parte de políticas "liberales y abiertas", en contraste con las del Gobierno central.
Los casos de corrupción
La legislatura también estuvo marcada por las causas judiciales que afectan al círculo cercano de Sánchez. El caso más grave alcanzó a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. En junio, el Tribunal Supremo lo condenó a 24 años y tres meses de prisión por una trama de corrupción vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia. Su exasesor, Koldo García, recibió 19 años y ocho meses.
El sucesor de Ábalos en el partido, Santos Cerdán, también enfrenta un proceso en el Supremo.
Ahora bien, la familia del presidente tampoco ha quedado al margen. Su esposa,
Begoña Gómez, será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque la Fiscalía ha mantenido posiciones favorables a su absolución.
Su hermano, David Sánchez, fue condenado el 14 de julio a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, por su contratación en la Diputación de Badajoz. Esa condena aún puede ser recurrida. A ello se suma la condena del exfiscal general del Estado, Álvaro García, por revelación de datos.
Sánchez ha denunciado que se trata de ataques orquestados por la derecha y la extrema derecha para debilitarlo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo en cambio este lunes que el presidente convocó las elecciones por "miedo a que se conozca hasta el último detalle" de los casos de corrupción abiertos.
La crisis migratoria en Ceuta
En paralelo, el Gobierno enfrenta desde fines de julio la mayor crisis migratoria en la historia de Ceuta, la ciudad autónoma española ubicada en el norte de África. Interior cifró en 72.000 las personas que ingresaron desde Marruecos entre el 30 y el 31 de julio. El Gobierno se defendió entonces de las acusaciones de haber permitido la crisis: "Es una evidencia que no teníamos información", sostuvo.
Aunque la mayoría regresó, no existe una cifra única de cuántos permanecen en la ciudad: según la fuente, son entre 11.000 y 13.000 personas.
El cálculo del Gobierno central surge de sumar dos estimaciones que entregó el 21 de septiembre. Ese día, el
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, situó entre 3.000 y 3.500 a quienes siguen fuera de los recursos de acogida. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, habló a su vez de unas 8.000 personas alojadas.
El Ejecutivo de Ceuta, en manos del PP, eleva la cifra a unas 13.000 personas, entre adultos y menores. Su presidente, Juan Jesús Vivas, advirtió que la cifra de migrantes "representa el 15 por ciento de la población total".
Organizaciones humanitarias alertan, además, que entre quienes siguen en la calle hay más de mil menores de entre 12 y 17 años aún sin identificar.
El episodio tuvo costos políticos y diplomáticos. El Congreso reprobó a Grande-Marlaska el 16 de septiembre por su gestión. Además, Italia reintrodujo controles en sus conexiones con España, alegando razones de seguridad vinculadas a Ceuta.
Lo que viene
Pese a la decisión de Sánchez, el Gobierno anunció que pretende volver a aprobar los dos decretos de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes. De concretarse, y con las Cámaras ya disueltas, deberán ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso. Este órgano, que funciona mientras el Parlamento está disuelto, tiene 69 miembros que representan proporcionalmente a los distintos grupos.
Ayuso advirtió que sería una "catástrofe" que los decretos se aprobaran por esa vía.
Sánchez, en tanto, ya marcó el tono de la campaña. Según la prensa española, busca presentar las elecciones como una disyuntiva entre la continuidad de sus políticas y un avance de la derecha.
