El liquidador deberá ahora incautar todos los bienes de la universidad, con apoyo de la fuerza pública.
El Mercurio
SANTIAGO.- La quiebra de la Universidad Arcis, que dictaminó hoy la Justicia, complejiza enormemente la situación del plantel privado, que lleva meses con el riesgo de ser cerrado, debido a la grave situación financiera que enfrenta.
Esto ya que –de no variar la decisión judicial por medio de algún recurso– se hace inminente la posibilidad de que la institución –que actualmente se encuentra bajo la tutela de un administrador provisional– deba cerrar sus puertas.
Así está contemplado en la propia ley de administrador provisional y de cierre, que establece que “en aquellos casos en que, terminada la gestión del administrador provisional, no haya sido posible subsanar los problemas o deficiencias que dieron origen a su nombramiento por causas no imputables a su gestión, o se haya dictado resolución de liquidación de la respectiva institución o de su entidad organizadora (…) el Ministerio de Educación dará inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior”.
Una vez que se decrete la revocación del reconocimiento oficial –con el acuerdo del Consejo Nacional de Educación–, el Ministerio de Educación deberá nombrar un administrador de cierre, quien deberá velar por que los estudiantes puedan terminar sus estudios.
Hasta antes de la declaración de quiebra, se esperaba que el 10 de marzo se informara si se decretaba o no el cierre de la universidad, dependiendo de si lograba la meta que se había trazado el administrador provisional de matricular a 573 alumnos nuevos en pregrado, para poder sustentar el plantel.
Pero ahora la decisión final sobre el futuro del plantel la estaría zanjando la justicia.
