Felipe Vargas, El Mercurio
SANTIAGO.- La tarde del martes 31 de octubre, la segunda sala del Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (FIDEN) contra la Contraloría General de la República.
Con este recurso, los empresarios buscaban frenar las facultades del organismo de obligar a los municipios a negar el otorgamiento o renovación de patentes a aquellos locales que exploten juegos electrónicos de azar, conocidos como máquinas tragamonedas, bajo la forma de máquinas de entretención.
Según la ley 19.995, las únicas entidades a las que se les permite contar con este tipo de juegos, con el respectivo pago o apuesta en dinero, son los casinos de juegos – municipales y privados- que se encuentran en 17 comunas a lo largo del país, entidades que en parte son reguladas por la Superintendencia de Casinos de Juegos, y que además de pagar los impuestos específicos al Estado, deben aportar un 20% de lo recaudado al municipio y a la región donde se ubican, respectivamente.
La Contraloría General de la República detectó que muchos locales solicitan patente municipal para ejercer como recintos de recreación de máquinas de juegos electrónicas, pero terminan funcionando como pequeños casinos ilegales, a los cuales suelen ingresar menores de edad con uniforme escolar. Además, se ha registrado venta de bebidas alcohólicas y presencia de fumadores, cuestiones que en los casinos legales está sujeto a estrictas reglas y control.
El abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, Juan Carlos Manríquez, se mostró conforme con la decisión: "Este fallo ratifica que el órgano contralor tiene facultades para reiterar a los municipios que según la ley no pueden entregar patentes de juego electrónico, cuando en realidad lo que se está practicando es juego de apuestas".
Los empresarios de juegos electrónicos ya habían presentado otros recursos de protección contra la Superintendencia de Casinos de Juego y la Corte General de la República, como un intento de obtener dichas patentes, los cuales fueron desestimados por la Corte Suprema, imponiéndoles el pago de costas.
