Matthei destacó que la ONU es "muy tajante en cuanto a los pagos que vengan del gobierno".
Aton.
SANTIAGO.- La
alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, advirtió este jueves que la
ex Presidenta Michelle Bachelet debe renunciar a todo vínculo con Chile si es que asume en su nuevo cargo de Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, debido a la incompatibilidad que el propio reglamento del organismo establece, según informó.
En una entrevista con La Tercera, la edil -quien se enfrentó a la ex Mandataria en las elecciones presidenciales de 2013- señaló que de acuerdo a las directrices de la entidad la ex gobernante debe dejar de recibir la dieta que perciben los ex jefes de Estado y cortar todo vínculo con su fundación Horizonte Ciudadano, inaugurada a inicios de agosto.
"No le queda otra salida, según las reglas de las Naciones Unidas, ella tiene que renunciar a todo en Chile", dijo Matthei, quien tras revisar el reglamento de la ONU junto a abogados constitucionalistas, activó una ofensiva para emplazar a Bachelet a que deje de recibir los pagos que el Senado le otorga como ex Presidenta.
De acuerdo a la alcaldesa, la regulación de la entidad multilateral para sus funcionarios incluye un capítulo dedicado a los honores, regalos o remuneraciones que deben dejar de percibir una vez que asuman en sus puestos y otro dedicado a conflictos de interés. Al respecto, destacó que el texto es "muy tajante en cuanto a los pagos que vengan del gobierno".
En esa línea, destacó que en el primer inciso sobre remuneraciones, el reglamento señala que
"ningún miembro del staff aceptará honores, condecoración, favores, regalos o remuneración de ningún gobierno".
Bachelet recibió entre abril de 2010 y marzo de 2014, y a partir de marzo de 2018, una dieta que corresponde hoy a $9.349.851 mensuales, a los que se suma $1.733.296 por concepto de transporte y alrededor de $ 8.000.000 al mes para gastos de oficina, los que son destinados a su fundación, de acuerdo a información del Senado.
Al respecto, desde Horizonte Ciudadano, recordaron a Emol que esta polémica ya fue levantada el 2013 cuando la ex Mandataria volvió para ser candidata y que en esa época ONU explicó que el reglamento establece que no había impedimento para que los funcionarios percibieran pensiones o equivalentes desde el sector público o privado.
