SANTIAGO.- La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Entretención Popular (Fiden), conformada por agrupaciones regionales de empresarios, comerciantes y almaceneros de máquinas electrónicas de entretención, rechazaron las acusaciones por un eventual negocio clandestino de tragamonedas, la cual generó una investigación bajo la figura de lavado de activos.
Según dijeron, las acusaciones buscan eliminar "nuestra legal y legítima actividad" y que las dudas que ha recaído sobre algunos dirigentes del gremio, parlamentarios y jueces que han legislado sobre esta materia "rompen todos los marcos de la decencia".
Las indagaciones por este caso, informó La Tercera, llevaron al allanamiento de la sede de la Fiden, además de las dependencias del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, asesor de la organización gremial, y el ex superintendente de Casinos, Francisco Leiva.
Ante esto, la agrupación afirmó tener "la confianza en que los intentos de descrédito sobre los dirigentes de Fiden no prosperarán", además de esperar que el "Estado de derecho prevalecerá por sobre los intereses de quienes buscan posiciones dominantes y no trepidan en manipular argumentos para denigrar y eliminar la competencias".
Así también, señalaron que el juego en salas de entretención es "constitucionalmente legal" y que "no existe argumento válido para sostener que el juego afecte la moral, orden público o seguridad nacional", pese a que falte regulación en la materia debido a la "magnitud del aporte social y económica" de esta actividad.
Terminan puntualizando que los consorcios que operan juegos de azar "han buscado insistentemente, por años, prohibir el funcionamiento de las salas de entretención con el único propósito de eliminar la competencia que representa la oferta de una alternativa de juego y que es de bajo costo y que está al alcance de todos los chilenos".
