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¿Cómo compensar a las comunidades afectadas por la contaminación?: El modelo de Arica que observan en Quintero

En 2012 se promulgó la ley que buscó paliar los efectos producidos por 20 mil toneladas de desechos tóxicos en los 80 en la ciudad nortina, que incluyó beneficios habitacionales, en educación y salud. Hoy un grupo de parlamentarios pide algo similar para la comunidad afectada en Quintero y Puchuncaví.

09 de Septiembre de 2018 | 08:00 | Por Consuelo Ferrer, Emol
Agencia Uno
SANTIAGO.- La primera carga llegó a Arica en 1984. Fue idea de la empresa chilena Promel, que comenzó a importar desde Suecia desechos industriales caratulados como "barros con contenidos metálicos", desde los que esperaban obtener oro y plata. Lo hicieron durante cinco años, llegando a acumular más de 20 mil toneladas.

Resultaron ser otra cosa: sustancias ricas en plomo, mercurio y arsénico, que al poco tiempo la firma desistió de procesar. Los desechos quedaron a las afueras de la ciudad, detrás de las panderetas de un lugar que comenzó a conocerse como Sitio F. No fue hasta fines de los 90 cuando cobraron relevancia para la población ariqueña.

Algunas cuadras hacia el oriente, el Serviu construyó entre 1989 y 1995 dos poblaciones, Cerro Chuño y Los Industriales, que albergaron a más de 12 mil personas. Se instalaron sobre terrenos que estaban fuera del plano regulador, en un sector que correspondía a antiguos basureros municipales.

Los problemas de salud en la comunidad se volvieron recurrentes, sobre todo las dificultades cognitivas de los niños que allí crecieron. Gracias al movimiento social, los desechos fueron trasladados en 1998, pero ya era demasiado tarde: las personas los habían usado para rellenar sus terrenos, y la exposición había sido prolongada.

El conflicto, que escaló hasta la Corte Suprema en 2007, culminó con la generación de un programa de intervención integral, gestionado de forma directa desde el gobierno central, que se transformó en ley en 2012 y que se conoce popularmente como la "Ley Arica".

A seis años de su promulgación, la Ley Arica recobró importancia este miércoles, cuando el diputado Pablo Kast (Evópoli) presentó en el Congreso un proyecto de acuerdo que que tiene como objetivo algo similar: lograr una Ley Quintero y Puchuncaví, que se haga cargo de revertir y compensar los efectos de la contaminación en el sector luego de los episodios tóxicos que la afectaron.

"La única experiencia relativamente exitosa que existe en Chile es la que ocurrió en Arica, y que tuvo el peso de ley. Llevamos 50 años así y cada gobierno que llega propone algo, cambia algo, y tenemos que volver a foja cero", explica el diputado a Emol. "Por eso queremos que tenga el peso de una ley permanente".

Leyes a medida


La Ley Arica tuvo como objetivo "establecer un programa de acción en las zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales" en la comuna, con medidas dirigidas a los habitantes afectados, especialmente en cuanto a reparación. Ellas abarcaron los ámbitos de la salud, educación, vivienda y medio ambiente.

Fiscalizar de manera regular la calidad del agua y los alimentos, realizar estudios epidemiológicos a la población, generar bases de datos sobre los daños producidos por la contaminación, generar reforzamiento escolar para los alumnos con rendimiento deficiente y la creación de la Beca Polimetales de Arica para alumnos de enseñanza media y superior, fueron algunas de las medidas que incluyó la ley.

También se realizaron mejoramientos de barrios, se entregaron subsidios habitacionales especiales, se relocalizaron familias y se realizaron múltiples estudios ambientales y de salud.

"Este plan, que se tradujo en una serie de propuestas y exigencias tanto para enfrentar las emanaciones a futuro como reparar lo que ya existía, tuvo la continuidad que tiene una ley y no estuvo sujeto al sistema de reglamentos y normas técnicas que tiene la legislación ambiental, ni se modifican o ablandan con los gobiernos de turno", explica Kast, quien presentó el proyecto con apoyo de la UDI, RN y la DC.

Si bien mira la Ley Arica como un referente, el parlamentario señala que cada ciudad tiene una problemática distinta que se debe atender de manera específica. "Es un referente que tuvo éxito porque tuvo continuidad en el tiempo. Todas las leyes que hagamos, porque hay parlamentarios que han planteado hacer una ley de Coronel, deben ir tratando de replicar este modelo, pero cada una tiene que hacerse a medida. Cada zona de sacrificio tiene sus propias condiciones y características", señala.

Una solución para otras generaciones


Para el académico del Laboratorio de Química Analítica y Ambiental de la U. Católica de Valparaíso, Waldo Quiroz, la situación que enfrenta la zona es tan compleja que pone en duda que una ley como la que se aplicó en Arica termine de solucionar los problemas.

"No existe una solución factible para la gente, y soy tajante en decirlo, porque aunque las empresas se podrían regular más, incluso cerrar, esa zona tiene un suelo contaminado, los sedimentos, los vegetales. Y esa contaminación va a durar décadas", explica a Emol.

A su juicio, hay algunas medidas que podrían incluirse y que serían un avance para la bahía, como la de implementar sistemas de monitoreo de emisiones de hidrocarburos, debido a que allí sólo se fiscaliza el dióxido de azufre y al material particulado.

"Si es que esto mejora alguna vez, va a a ser en décadas, y la generación actual no tiene una forma de aspirar a una vida saludable"

Waldo Quiroz
También ve con buenos ojos la posible construcción de un laboratorio que permita desarrollar estudios epidemiológicos en la zona, porque se acortaría el tiempo entre las tomas de muestras y los análisis. También propone endurecer las fiscalizaciones y las normas de emisión, que califica como "una de las más permisivas del mundo".

Pese a todo, Quiroz se declara escéptico. "Lo que van a lograr es constatar de forma metodológica una contaminación que todos sabemos que existe, que siempre ha existido, y que los procesos industriales se escapan de control. La contaminación va a estar mejor medida, pero no van a encontrar algo desconocido ni a aportar información nueva que venga a cambiar las perspectivas de la zona o del tipo de contaminantes", asegura.

Para él, la única solución efectiva es la de relocalizar a toda la comunidad que se ubique en un radio de 20 kilómetros en torno a las industrias. "Hay una falsa sensación de que el problema se soluciona evitando que las empresas tengan estos episodios, poniendo reglas más estrictas", comienza a explicar.

"Claro, con eso se acabarían los episodios, pero no todo lo demás. La prevalencia de cáncer es más alta en Puchuncaví que en el resto de la región, y esos cánceres son el producto de contaminantes que no actúan de forma inmediata, sino a largo plazo. Si es que esto mejora alguna vez, va a a ser en décadas, y la generación actual no tiene una forma de aspirar a una vida saludable", comenta.

La prioridad de Quintero


Para Christian Quiroz, impulsor de la Coordinadora Ciudadana Despierta Quintero, la ley como mecanismo no es la primera prioridad. "Es un proyecto más a largo plazo, en el que hay un sinfín de beneficios, y creemos que tenemos características similares a lo que se planteó en la ley de polimetales en Arica", explica.

"Pero lo que necesitamos más rápido es que la norma de emisiones se pueda homologar a los estándares de la OMS, que son mucho más estrictos", señala a Emol.

"La ciudadanía ya está cansada de recibir compensaciones en infraestructura, plazas y multicanchas. Lo que se está pidiendo tiene relación con la salud del ser humano, y queremos que esté a la altura de la problemática que existe en la bahía"

Christian Quiroz
"La ciudadanía ya está cansada de recibir compensaciones en infraestructura, plazas y multicanchas. Lo que se está pidiendo tiene relación con la salud del ser humano, y queremos que esté a la altura de la problemática que existe en la bahía. Pedimos un hospital con especialistas, que la gente se pueda hacer sus exámenes aquí, que se les evalúe, que haya una norma de arsénico", explica.

Piden, también, que se considere a Quintero y Puchuncaví como una zona franca energética, por la concentración de industrias asociadas al gas, petróleo y electricidad que ahí se localizan. También buscan que terminen las operaciones de las termoeléctricas. Se trata de medidas que consideran urgentes y que quieren implementar pronto.

"Comprendemos lo difícil que es este tema. El plan de descontaminación, que se supone que quieren complementar en conjunto con la ciudadanía, tiene que tocar todas esas aristas para ver cuáles van a ser las estrategias reales que se van a aplicar acá. Y estamos conscientes de que, con esta realidad, el suelo no se va a poder recuperar en muchos años más", concluye.

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