SANTIAGO.- En la Sala de Pleno se encuentran deliberando los diez ministros del Tribunal Constitucional (TC) sobre el requerimiento presentado por diputados y senadores de Chile Vamos en contra del decreto supremo que aprueba el reglamento para ejercer objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.
El texto fue presentado por la cuarta parte de los miembros en ejercicio del Senado y la Cámara de Diputados, quienes acusan que el reglamento, del cual la Contraloría General de la República hizo toma de razón, vulneraría los principios de autonomía, además de la libertad de asociación y de conciencia de las instituciones de salud que suscribieron convenios con el Estado.
Durante esta mañana alegaron ante los magistrados los abogados de los parlamentarios, así también como el litigante del ente fiscalizador.
"Aquí existe un desconocimiento por parte del reglamento que regula la objeción de conciencia respecto de la misma sentencia que dictó este mismo tribunal el año pasado", partió indicando la abogada que representó a los diputados, Constanza Hube.
Y agregó: "Consideramos que el hecho de transferir recursos públicos desde el Estado a las instituciones privadas no condiciona a que se les impida objetar de conciencia", señalando también que el Ministerio de Salud informó que son seis convenios vigentes, pero son 87 las potenciales instituciones que podrían verse afectadas.
Al interior de la sala, el representante de la Contraloría, Camilo Mirosevic, cuestionó la ausencia del Gobierno para discutir "su propio reglamento", mientras que desde el oficialismo señalaron que no era necesaria su comparecencia ya que se hicieron presente a través de un escrito.
El litigante además cuestionó la competencia de TC para zanjar el reclamo, indicando que los congresistas debieron hacer manifestado su molestia a través de los tribunales ordinarios y aseguró ante el Pleno que el Ejecutivo no debió haber suscrito el reglamento si lo consideraba inconstitucional.
Ya terminada la cita, el abogado de los senadores, Jorge Barrera, respondió que "el argumento que entrega es más político que jurídico. No existe ninguna en la Constitución que limite a los parlamentarios de una misma coalición política poder requerir un reglamento presentado por el Gobierno, más cuando se vio forzado después del dictamen de Contraloría poder dictarlo".
Reacción política
Hasta el edificio ubicado en Huérfanos 1234 llegaron los jefes de bancada de Evópoli y la UDI, Luciano Cruz Coke y Javier Macaya, respectivamente.
"Creemos que lo público va más allá de lo meramente estatal y creo que las argumentaciones que aquí se han dado van en esa línea (...) Nosotros somos de la opinión que aquí, y la declaración de Gobierno lo indica también en ese sentido, la Contraloría tomó ciertas opciones que obligan a dictación de un reglamento que a juicio nuestro vulnera la autonomía de los grupos intermedios", señaló Cruz Coke.
En tanto, Macaya aseguró que el ente fiscalizador "ha equivocado una vez más en una interpretación de una cuestión, yendo más allá de sus facultades", además de sostener tener la confianza que el TC fallará a favor de los congresistas.
Terminada la sesión, los ministros del tribunal se reunieron para deliberar respecto la situación. Se espera que en las próximos horas se vote y comunique la decisión por mayoría.
