La primera crisis de la U. de O'Higgins: Estudiantes protestan por desvinculación de dos académicas de la Escuela de Salud

La polémica se desató porque la doctora Karina Bravo había denunciado hostigamiento laboral por parte de dos directivos, quienes fueron los encargados de evaluar su desempeño y el de Vania Figueroa, que había testificado a su favor.

13 de Diciembre de 2018 | 08:00 | Por Consuelo Ferrer, Emol
SANTIAGO.- El lunes, la Escuela de Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH) amaneció empapelada. En todas las paredes había letreros que decían cosas como "Restitución inmediata de nuestras docentes" y "Queremos más transparencia en los procesos evaluadores", junto a múltiples copias de las caras y currículums de dos científicas: Karina Bravo y Vania Figueroa.

Hasta el pasado viernes, ambas hacían clases y desarrollaban investigación en la casa de estudios, pero ese día, a través de un correo electrónico, la universidad les informó que sus contratos no serían renovados para el año 2019, a pesar de que las dos tenían adjudicados proyectos de investigación con fondos estatales, que estaban todavía en ejecución.

La polémica hoy radica en los detalles de la desvinculación: la evaluación de desempeño y calidad docente que definió la salida de las académicas fue realizada por dos directivos a quienes Karina Bravo denunció por hostigamiento laboral, hecho que se investigó con un sumario interno. En el proceso, Vania Figueroa testificó a su favor. El caso fue sobreseído a fines de noviembre.

Se trata del primero que enfrenta al alumnado con las autoridades académicas, en una universidad que todavía no cumple dos años de funcionamiento. Creada por ley en agosto de 2015 por Michelle Bachelet junto a la de Aysén, fue pensada para contribuir al desarrollo cultural, material y social de la Región de O’Higgins, convirtiéndose en su primera universidad pública.

Las razones esgrimidas por la universidad se relacionan con la productividad científica, calidad docente y proyección en el tiempo de las afectadas, quienes aseguran contar con evidencia que contradice esa versión. Se trata, a juicio de la universidad, de una medida "adoptada en el marco de la normativa legal" y "sobre la base de serios elementos de juicio".

Sumarios y desvinculaciones


Hace una semana, Vania Figueroa, docente y doctora en Ciencias, se encontró en los pasillos de la Universidad de O'Higgins con su colega Karina Bravo, doctora en Neurociencia, y le advirtió de una situación que, intuía, podía ocurrir: que la desvincularan del plantel. "Yo tenía la sospecha de que podían echarla, pero no pensé que me iban a echar a mí", dice Figueroa hoy, repasando lo que ha sucedido en los últimos días.

La científica, que formaba parte del cuerpo académico desde junio de 2017, estaba todavía en su oficina la tarde del viernes cuando recibió un correo electrónico del vicerrector de Gestión Institucional, Javier Pino. Fue un mail que tuvo que leer muchas veces para poder entender lo que significaba y creyó, por un par de días, que se trataba de un error.

"Cumplo con notificar la no renovación de su designación a contrata de acuerdo a lo dispuesto en la resolución Exenta N°1483/2018 de la Universidad de O'Higgins, que adjunto", decía el correo. "No lo podía creer", dice Figueroa ahora. De inmediato tomó su celular y se comunicó con Bravo. Había recibido el mismo mail.

"Me están despidiendo porque testifiqué a favor de mi colega en un caso sumario, y las personas que me echan son las mismas personas que estaban sumariadas"

Vania Figueroa
Fue, para ella, el cierre de un proceso que había comenzado hace seis meses, cuando Bravo tomó la decisión de denunciar hostigamiento laboral de parte del director del Instituto de Ciencias de la Salud, Rubén Alvarado, y de la directora de la Escuela de Salud, Soledad Burrone. "Yo traté de convencerla de que no lo hiciera, porque temía que tuviera represalias, y lamentablemente no me equivoqué", dice Figueroa.

La denuncia abrió una investigación sumaria, a cargo de la directora de Gestión de la Calidad y Acreditación, Cristina Fierro, y Figueroa testificó a favor de Bravo. "Yo presencié situaciones de acoso y si declaré no fue porque ella fuera mi amiga ni nada parecido, sino porque fui testigo, y lo que correspondía ética y moralmente era dar testimonio", explica.

En la resolución exenta que consignaba la desvinculación, se citaban dos evaluaciones que definieron la permanencia de cada académico: un análisis de desempeño basado en la productividad científica realizado por los directores de cada instituto, y un análisis sobre la calidad docente, responsabilidad y cumplimiento de los programas de estudio, a cargo de los directores de escuela. Es decir, las dos autoridades denunciadas.

"El proceso de la desvinculación es ilegal y fuera de derecho, no sigue el estatuto administrativo ni el reglamento académico, se salta todas las normas", asegura Figueroa, quien dice contar con evidencia que respalda un desempeño positivo en investigación, vinculación y docencia.

"Me están despidiendo porque testifiqué a favor de mi colega en un caso sumario, y las personas que me echan son las mismas personas que estaban sumariadas", enfatiza.

La denuncia


Fue en junio cuando Bravo se decidió a poner una denuncia por hostigamiento laboral, acogiéndose al Protocolo de Vulneración de Derechos Fundamentales de la universidad, pero asegura que sus problemas iniciaron en 2017, cuando se incorporó a trabajar en la casa de estudios.

"Desde el día en que entré sentí un trato diferente hacia mí, de no respeto", explica a Emol. "Cuando puse la denuncia siempre esperé que la universidad tomara acciones y lo mejorara, pero a medida que fue avanzando el proceso de sumario interno me di cuenta de que no había voluntad ni transparencia, que no era imparcial. Entonces comencé a imaginarme que quizás nos podían desvincular", cuenta.

Lo que denuncia Bravo es un ambiente de hostilidad que habrían propiciado los directivos, y que Figueroa, entre otros académicos, asegura haber presenciado. "La invalidaban profesionalmente porque ella es joven. Eran autoritarios, la invisibilizaban, la sacaban de instancias, la verdad es que nunca la dejaron trabajar", asegura Figueroa.

A sus 31 años, Karina Bravo ya cuenta con un doctorado en Neurociencia de la U. Católica, una pasantía en la Universidad de Iowa y un diplomado en Docencia Universitaria. Dice que le hacían notar su edad continuamente y que cuando intentaba participar de las áreas en las que se había especializado, se lo negaban. "Al final ni siquiera me atrevía a preguntar o a proponer", cuenta.

"Soy la única académica que tiene un curso de ética nacional y uno internacional en Iowa, y me excluyeron de muchas de las reuniones para conformar el Centro de Ética de la UOH. En el proceso de acreditación, tuve que pedir explícitamente que me incorporaran, siendo que tengo un diplomado en docencia universitaria", ejemplifica.

Las cosas fueron complicándose con el paso de los meses, alcanzando su peak en el verano pasado. "Pero yo recién hice la denuncia en junio, porque antes seguí todos los conductos regulares. Me senté a hablar con mucha gente, incluyendo los denunciados, para tratar de conversar y poder sobrellevar esto. Me decían que sí, pero la situación se iba agravando", comenta.

Finalmente realizó la denuncia. "Confiaba en que la universidad podía resolverlo porque somos una universidad nueva, donde es cierto que hay muchos problemas de gestión, pero yo decía: pueden tomar acciones y mejorarla. Siempre pensé que iba a mejorar y que iba a terminar siendo un bien para todos", asegura.

"Las personas que nos evaluaron no podían evaluarnos"


Apenas recibieron los correos electrónicos, ambas académicas comenzaron a indagar en las circunstancias de la desvinculación y buscaron apoyo legal. "Vimos que todo el despido era ilegal, desde la forma de notificación, que debió haber sido presencial o a través de carta certificada, y no por mail", explica Figueroa.

Según el estatuto administrativo de la universidad, la notificación debió haberse realizado el 30 de noviembre. Aunque la resolución exenta está fechada en ese día, fueron informadas el pasado viernes 7 de diciembre. El lunes de la misma semana se les notificó que la denuncia de Bravo había sido desestimada sin sanciones y la investigación, sobreseída.

Por otra parte, el reglamento académico señala que para calificar el desempeño de los docentes se debe constituir una comisión de evaluación formada por tres profesores y el vicerrector académico. "Eso no se cumplió ni tampoco nos avisaron que nos iban a evaluar. En la administración pública, te tienen que decir cuándo te van a evaluar, debes conocer tus evaluaciones y tener 15 días para apelar. Yo no hice nada de eso", señala la científica.

"Confiaba en que la universidad podía resolverlo porque somos una universidad nueva, donde es cierto que hay muchos problemas de gestión, pero yo decía 'pueden tomar acciones y mejorarla'. Siempre pensé que iba a mejorar y que iba a terminar siendo un bien para todos"

Karina Bravo
"Hay ilegalidades que son graves: el estatuto administrativo explicita que las personas que tienen conflicto de interés, como amistad o enemistad manifiesta con otra persona, no la pueden evaluar. Se llama principio de inhabilidad. Las personas que nos evaluaron no podían evaluarnos", complementa.

Los argumentos esgrimidos, además, le parecieron arbitrarios. "Yo tengo buen desempeño en investigación, en vinculación y en docencia, todo demostrable", especifica. Por eso respondió el mail solicitando las evaluaciones. Le dijeron que se las mostrarían en persona el 11 de diciembre.

A la reunión asistió en compañía de una representante de la Asociación de Funcionarios de la universidad, para que actuara como ministra de fe. Ante esto, los vicerrectores académico y de Gestión Institucional llamaron a la directora jurídica, Jimena Jara (PS), quien fue subsecretaria de Energía durante el gobierno de Bachelet.

"Me leyeron en voz alta mis evaluaciones, que esgrimen que no tengo buen desempeño en investigación y que no me proyecto en el tiempo, pero eso es imposible: tengo dos proyectos de investigación adjudicados con fondos del Estado y publiqué un libro", enumera.

"El resto de los argumentos eran todos personales, referentes a que soy independiente, que no sigo órdenes, que soy conflictiva. Faltó que pusieran 'bruja'... y cuando pedí copia de mis evaluaciones, que es mi derecho como trabajadora, no me las quisieron entregar. Dijeron que tenía que solicitarlas por carta, que también está fuera de toda legalidad. Ahí pensé: 'no tengo nada más que hacer, sólo denunciar'", cuenta.

Investigadoras y activistas


Antes de llegar a la UOH, Figueroa se desempeñaba como profesora asistente en la U. del Desarrollo, donde hacía clases e investigación. Para comenzar a trabajar en la universidad regional, la doctora en Ciencias requería de un laboratorio donde pudiera desarrollar el proyecto de investigación del Programa Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado de Conicyt, que se había adjudicado y que tenía una duración de tres años.

Como el plantel no contaba con la infraestructura, Figueroa gestionó el uso del laboratorio de la U. de Valparaíso para avanzar en su investigación, que le fue concedido. El compromiso de la UOH fue el de habilitar el equipamiento y personal necesario para principios de 2018, pero eso no ocurrió.

Lo cuenta para ilustrar su tesis: que su trabajo de investigación era relevante para la casa de estudios. Se trata de un proyecto que busca estudiar la relación entre la nutrición, específicamente el consumo de Omega 3, y los problemas de cognición en los niños, en particular sus efectos en la agresividad y el bullying. En su línea de tiempo, lo primero eran estos tres años de experimentos con ratas, para establecer si hay un efecto en la descendencia al aumentar el consumo de Omega 3 durante la gestación.

"Pero este proyecto lo voy a perder, porque está vinculado a la universidad. El problema es que puedo adjudicarme ese fondo una única vez. Lo voy a perder no porque no lo haya podido ejecutar, sino porque la universidad me está despidiendo, y es todo tan irónico que el objetivo del proyecto era el de insertar investigadores en la academia", señala.

Además de esa línea de investigación, Figueroa coordinaba junto a Bravo un segundo proyecto, adjudicado desde el Ministerio de Educación, que buscaba determinar la transferencia indirecta de los pesticidas a la comida entregada por la Junaeb en los colegios de la región, que incluía actividades con alumnos como la creación de huertos escolares y talleres de alimentación saludable.

Bravo, por su parte, fue elegida como mentora del programa "1000 girls, 1000 futures" de la Academia de Ciencias de Nueva York en enero y el mes pasado fue reconocida en el "Young Neuroscientist Symposium" de la Sociedad Chilena de Neurociencias. De veinte postulantes, sólo cuatro accedieron al reconocimiento. Ella fue la única mujer. "No todos los académicos tienen proyectos ni tienen el desempeño que tenemos nosotras en vinculación", dice Figueroa.

Adicionalmente, ambas docentes forman parte de la Red de Investigadoras, una organización que se dedica a la divulgación del trabajo científico con enfoque de género. Tuvieron una participación activa durante las movilizaciones feministas y Figueroa estuvo hace un mes en el Senado, exponiendo sobre el proyecto de ley que impulsan, que tipifica y sanciona el acoso sexual en contextos académicos.

La respuesta de la UOH


En el frontis de la UOH hay un gran lienzo que dice en azul, rojo y café: "Porque nosotros hacemos la UOH, exigimos la reincorporación de la Dra. Karina B. y la Dra. Vania F.". El apoyo del alumnado, desde que se conociera la decisión de la universidad, ha sido irrestricto.

"Esta situación nos afecta directamente como estudiantes de la Escuela de Salud", dice una de las alumnas en un video que circula por redes sociales. "Académicos de alto nivel como las profesoras Karina y Vania son fundamentales para nuestro proceso formativo, tanto por la calidad de sus ramos, enmarcados en los contenidos de ciencias básicas, como por su experiencia en investigación y por el aporte en materia de género que realizan en el interior de nuestra comunidad universitaria", añade.

"Para mí, desde todo lo oscuro que me está pasando, me pone contenta sentir que sembré una semilla buena en mis estudiantes", dice Figueroa. Bravo asegura que el apoyo de los alumnos la tiene conmovida. "Me han evaluado bien, me han enviado correos, me han dicho presencialmente que me dan todo su apoyo y me conmueve mucho que el apoyo sea transversal de las tres carreras donde me desempeñé", añade.

"Esta medida, adoptada en el marco de la normativa legal que la rige y, por cierto, sobre la base de serios elementos de juicio, fue adoptada teniendo en cuenta los intereses superiores de esta casa de estudios"

U. de O'Higgins
Convencidas de que el proceso que terminó con su desvinculación estuvo fuera de norma, tomarán acciones legales. "Tengo plena certeza, porque hay tres abogados que me están asesorando, de que esto es completamente ilegal. Ellos piensan que esto es una universidad privada y que pueden despedir gente sin ninguna razón, por necesidades de la empresa, pero eso no es así", dice Figueroa.

Emol se contactó con la U. de O'Higgins para preguntar cuáles son los estándares utilizados para evaluar el desempeño académico en términos numéricos (publicaciones, investigación, horas de clases), y por qué se generó la situación de que personas denunciadas por hostigamiento laboral fueran las encargadas de evaluar a quienes los denunciaron o testificaron en su contra.

Mediante una declaración pública y sin referirse a las consultas específicas, la casa de estudios señaló que "la U. de O'Higgins informó recientemente a dos de sus académicas la decisión institucional de no renovar en 2019 sus designaciones a contrata. Esta medida, adoptada en el marco de la normativa legal que la rige y, por cierto, sobre la base de serios elementos de juicio, fue adoptada teniendo en cuenta los intereses superiores de esta casa de estudios".

"Las académicas que no continuarán están en su pleno derecho de ejercer los recursos administrativos y demás que consideren pertinentes. La universidad considerará sus planteamientos con el mismo respeto que le merece la libertad de pensamiento y de expresión que es de su esencia, y los responderá con los fundamentos que estima dan razón de lo decidido y protegen los intereses institucionales", añadieron.
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