SANTIAGO.- "Hoy en la mañana la universidad autorizó a Carabineros para que ingresara a Campus Oriente, a objeto de poner fin a la ocupación de parte de las dependencias del recinto que desde el día de ayer mantenía un grupo de alumnas de la Facultad de Artes. Ciertamente esta decisión no ha sido una determinación fácil de adoptar".
Con estas palabras del rector Ignacio Sánchez, la comunidad de estudiantes, académicos y funcionarios de la Pontificia Universidad Católica se enteraba este jueves de la resolución de la casa de estudios de terminar mediante fuerza policial la ocupación que había comenzado 24 horas antes en el edificio construido en 1926.
De inmediato comenzaron a circular imágenes en redes sociales del desalojo y aparecieron las críticas en redes sociales. "En las dependencias de la toma no se efectuó ningún acto de violencia, excepto los múltiples infligidos por FF.EE. que destrozaron puertas, chapas, vidrios e irrumpieron en salas cerradas de todos los espacios académicos. Golpearon compañeras, les dieron patadas y destrozaron puertas de vidrio", dijeron las afectadas mediante un comunicado.
Un día atrás, las mismas estudiantes habían redactado otro comunicado, en el que daban a conocer las razones de la toma, que fue adoptada "a modo de visibilizar la ineficiente respuesta de parte de la institución frente a las denuncias de violencia sexual y sexo-afectivas presentadas el pasado 2018 en los mecanismos regulares que la universidad ofrece para ello".
"Se ha transgredido de forma sistemática los derechos de los y las denunciantes al hacerles enfrentar un proceso de revictimización a causa de la nula competitividad política, social y de responsabilidad comunitaria que ha mantenido tajantemente la universidad, expresada en insuficientes e incluso inexistentes medidas para resguardar la seguridad de la comunidad y personas afectadas", expresaron.
"Dijeron que iban a apoyar en resolver esto con diálogo y nosotros no entendemos que esta represión sea diálogo, esto no corresponde a ningún tipo de diálogo", dijo este jueves la presidenta de la Federación de Estudiantes (FEUC), Belén Larrondo, quien se mostró preocupada por la realidad que subyace a la toma. "Así no resolvemos los problemas que han estado aquejando a nuestras compañeras durante casi un año dentro de Campus Oriente", añadió.
El funcionario administrativo
Durante la noche del miércoles, Sánchez envió un primer correo electrónico a la comunidad universitaria en el que detalló los procesos que la casa de estudios ha iniciado desde que terminara la toma feminista de Casa Central en 2018 y se llegara a una serie de acuerdos con las estudiantes en materia de género.
Este jueves, las cifras fueron complementadas en una conferencia de prensa brindada por la vicerrectora de Comunicaciones, Paulina Gómez; el vicerrector académico, Juan Larraín; la secretaria general, Marisol Peña; la directora de Asuntos Estudiantiles, Carola Méndez; y personas pertenecientes a las unidades de prevención y apoyo a las víctimas de violencia sexual.
Lo primero que realizaron las autoridades fue contradecir la versión de las estudiantes, que señalaron que el contrato de un funcionario del campus fue renovado pese a que tenía "una treintena" de denuncias. "No hemos recibido 30 denuncias", afirmó Gómez, y aseguró que "al menos en 11 casos las alumnas se habían sentido acosadas o habían presenciado actos de acoso por parte del funcionario".
"Aquí siempre hay dos miradas. Hay una persona que ha sido acusada y hay personas que se sienten dañadas. Nosotros tenemos que tener la preocupación de proteger a ambas partes"
Fernanda Vicuña
Se trató de 11 cartas recibidas por el director de la Escuela de Teatro, quien pidió abrir una investigación formal. "Del análisis a los relatos, no fue posible concluir fehacientemente una situación de abuso sexual por parte del trabajador", explicó Gómez. El caso fue profundizado por Fernanda Vicuña, directora de Personas. Según ella, con el trabajador se aplicó el protocolo regular: iniciar una investigación con el testimonio de las partes para concluir que haya situación de acoso.
"La investigación final determinó que no existían situaciones que pudiesen concluir acoso sexual con la información que contábamos y con las pruebas, sin perjuicio de que estamos abiertos a abrir cualquier otra investigación si una víctima decide solicitarlo y entregar las pruebas. Nosotros no podemos despedir a ningún funcionario nuestro sin pruebas, sin haber hecho un debido proceso", afirmó.
Vicuña también se refirió a los emplazamientos de las estudiantes con respecto a encubrimiento y medidas de resguardo contra los denunciados. "Aquí siempre hay dos miradas: hay una persona que ha sido acusada y hay personas que se sienten dañadas. Nosotros tenemos que tener la preocupación de proteger a ambas partes", dijo. "Si tengo un trabajador que está expuesto a ser agredido, por supuesto que tengo que tomar medidas de resguardo".
Cinco estudiantes investigados
Pero además del caso del funcionario, en la universidad existen procesos contra cinco estudiantes dentro de la misma escuela. "Tres son por actos relacionados con situaciones de violencia sexual", confirmó la secretaria general, Marisol Peña. Las investigaciones se realizaron durante el segundo semestre de 2018 y en todos los casos se dictaron "medidas de resguardo" que, en palabras de Peña, consisten en "ordenarle a las unidades académicas que los alumnos prosigan con su carrera, pero con separación de espacio" hasta el segundo semestre de 2019.
La universidad además señala que los tres casos ocurrieron en domicilios particulares, fuera de las dependencias de la casa de estudios. "La PUC, pese a no tener competencia para conocer hechos que están fuera de su esfera de acción, decreta estas medidas de resguardo, es decir, ordena que al interior de sus espacios estos alumnos no se encuentren", explicó Peña
Ese es uno de los puntos en los que las estudiantes difieren. Según ellas, la universidad "entrega mayores herramientas" a los denunciados. "Queremos educarnos, queremos aprender y construir una comunidad educativa que incluya a todos los estamentos pertinentes (...) pero no podemos hacerlo si seguimos encontrándonos con abusadores, acosadores y violadores en nuestros pasillos y sales de clases", dijeron en su comunicado.
Adicionalmente se encuentran vigentes otras dos investigaciones por "actos de hostigamiento, bullying y maltrato" y por "actos de violencia física, psicológica y acoso (no sexual)". "Están todavía en trámite, pese a haberse iniciado los procesos el año pasado. La razón de la demora ha sido en gran medida que los y las alumnas no han concurrido a declarar, siendo debidamente citados, por lo tanto no teniendo la voluntad de cooperación de parte de los alumnos es muy difícil poder avanzar en las investigaciones", añadió Peña.
Este es otro punto de discordia: muchas de las estudiantes han afirmado que los procesos instaurados por la universidad no garantizan condiciones seguras para ellas y que favorecen la revictimización.
Las denuncias contra los académicos
Fuera de la Escuela de Teatro pero todavía dentro del campus, la Facultad de Artes tiene sus propios casos: dos procesos iniciados por denuncias contra académicos. El primero comenzó en mayo de 2018 por hechos de violencia sexual y terminó en enero de 2019 con una sanción de petición de renuncia.
"Ese profesor materialmente ya no forma parte de esta comunidad universitaria, como consecuencia de la sanción aplicada", aclaró Peña. "En el caso del segundo, el proceso acaba de terminar y en el día de hoy se está notificando al profesor de la sanción correspondiente", agregó.
"Queremos educarnos, queremos aprender y construir una comunidad educativa que incluya a todos los estamentos pertinentes (...) pero no podemos hacerlo si seguimos encontrándonos con abusadores, acosadores y violadores en nuestros pasillos y sales de clases"
Estudiantes UC
"No me consta que el profesor haya concurrido a Secretaría General, así que les ruego no me pregunten cuál fue la sanción, porque desde el punto de vista del debido proceso, el primero que debe enterarse de cómo se han afectado sus derechos en virtud de una sanción es la persona acusada", añadió.
Aunque ambos casos fueron denunciados por estudiantes, en el primer caso las denuncias llegaron hasta la secretaria académica de la Facultad de Artes, quien elevó hasta la instancia investigativa el testimonio de tres mujeres. En cambio, en el segundo caso, la denuncia fue gatillada por una alumna, pero durante el proceso se sumó otra.
Peña además confirmó que se le ofreció asesoría legal a las afectadas, lo que fue rechazado, y que en ninguno de los casos "se ha visualizado la comisión de circunstancias que puedan ser constitutivas de delito", por lo que universidad no ha realizado ninguna denuncia ante el sistema judicial.
