SANTIAGO.- Al menos dos paquetes explosiones estaban programados para ocurrir durante el jueves. Uno al interior de una comisaría de Carabineros en Huechuraba y otro en las oficinas de Quiñenco, donde trabaja el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.
Sin embargo, solo uno de ellas se concretó: el primero. Este afectó a ocho carabineros, quienes resultaron con heridas de diversa gravedad. El que iba dirigido al abogado, en tanto, alcanzó a ser interceptado.
El episodio de ayer -que aún nadie se ha adjudicado- fue el tercero en lo que va del año. En mayo hubo uno que afectó al presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, y cuatro meses antes otro, en un paradero del Transantiago. Ambos hechos fueron adjudicados por el grupo Grupo "Individualistas tendiendo a lo salvaje" y ninguno cuenta, hasta el momento, con detenidos.
La falta de responsables no es una situación desconocida en las reservadas investigaciones que se llevan a cabo por este tipo de hechos razón por la cual parlamentarios de todos los sectores alzaron la voz ayer exigiendo dar con los responsables de los atentados a Carabineros y el ataque frustrado a Hinzpeter.
Por su parte, la intendenta metropolitana, Karla Rubilar aseguró que "lo que más nos interesa es que esta investigación pueda llegar a buen término. Habitualmente estos hechos son difíciles de investigar y necesitamos la mayor prolijidad y mayor prudencia respecto de la información que entregamos. Son investigaciones complejas".
A continuación los siete casos más mediáticos de la última década y sus variados resultados investigativos.
Caso Bombas I
El desenlace del Caso Bombas I fue catalogado por algunos como el "mayor fracaso" de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana.
En abril de 2011, la fiscalía Metropolitana Sur -liderada por el entonces fiscal regional Alejandro Peña- acusó a 14 personas de integrar una asociación ilícita terrorista, siendo responsables de 29 atentados explosivos en Santiago y el intento de sacar TNT hacia Argentina.
Ya en abril de ese año, el mismo ente persecutor pidió el sobreseimiento por el cargo de asociación ilícita al no poder probarla, lo que redujo el juicio oral a sólo seis personas, presuntamente implicadas en seis atentados.
Por su parte, el Tercer Tribunal Oral de Santiago terminó por estimar que hubo "parcialidad" y evidencia "espuria" contra algunos indagados; descartó el carácter terrorista de los hechos y los dejó en libertad. Y ya en octubre de 2012, la Corte Suprema cerró definitivamente el caso aludiendo a la falta de antecedentes necesarios.
Cuatro años después (2016) dos de los seis absueltos, Francisco Solar y Mónica Caballero, fueron condenados en España a 12 años de cárcel por haber colocado una bomba en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, hecho en el que se acreditó conducta terrorista.
Eso en España, porque en Chile no hubo condenas. Así como tampoco en las indagatorias por explosiones que tuvo como blancos la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia en 2006, y la Escuela de Gendarmería -hecho que causó la muerte de Mauricio Morales Duarte, quien habría transportado el explosivo- en 2009.
Gendarmería y comisaría
En septiembre del año pasado y tras dos meses de juicio, el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comunicó la sentencia por dos bombazos ocurridos en las comunas de San Miguel y San Bernardo a fines de 2015.
El primero de los incidentes ocurrió el 29 de octubre, cuando Joaquín García y Kevin Garrido instalaron una bomba en la 12° comisaría de Carabineros. Menos de un mes después, el 19 de noviembre, Garrido en solitario colocó otro artefacto en la Escuela de Gendarmería en San Bernardo.
Finalmente, ambos fueron sentenciados a 13 y 17 años de presidio, respectivamente, por los delitos de porte de arma y colocación de artefacto explosivo. Kevin Garrido, sin embargo, no alcanzó a cumplir su pena, pues falleció al interior del Centro Penitenciario de Santiago 1 tras ser agredido en reiteradas oportunidades en el tórax y abdomen con un arma blanca, según informó en su momento Gendarmería.
Caso Bombas II
El caso Bombas II comenzó con las detonaciones en dos estaciones de Metro, que implicaron 29 heridos. La primera fue el 13 de julio en Los Dominicos y la segunda, el 8 de septiembre, en el Subcentro de Escuela Militar.
Entre medio, el 11 de agosto, se registraron los bombazos en la 1° Comisaría de Santiago y la 39° de El Bosque. Era el año 2014.
Por los hechos, la fiscalía centró las investigaciones en tres personas. Sin embargo, casi tres años después, se absolvió a dos de los acusados luego que estimara que no se alcanzó el estándar de convicción requerido para imputarlos.
En tanto, y solo por los bombazos en el Metro, se condenó a 23 años de presidio a Juan Flores Riquelme.
"Lo que más nos interesa es que esta investigación pueda llegar a buen término. Habitualmente estos hechos son difíciles de investigar y necesitamos la mayor prolijidad y mayor prudencia respecto de la información que entregamos. Son investigaciones complejas".
Intendenta Karla Rubilar
El ataque ocurrido en el Subcentro, en particular, fue considerado como un delito de carácter terrorista, convirtiendo a Flores en el primer sentenciado de la Región Metropolitana por este tipo de actos desde la implementación del Sistema Procesal Penal.
Los bombazos en las comisarías, en tanto, quedaron sin responsables luego que el tribunal señalara que no pudo probarse la participación de ninguno de los acusados.
Sergio Landskron
Era septiembre de 2014, y la familia de Sergio Landskron fue notificada de su muerte. Él falleció por la detonación de un artefacto explosivo en el barrio Yungay, que ocurrió tras el bombazo en el Subcentro de Escuela Militar.
Sobre las razones de su deceso hubo una serie de especulaciones. Una de ellas apuntaba a que el artefacto estalló mientras manipulaba el artefacto, pero finalmente el Ministerio Público terminó por sentenciar su inocencia.
"La persona que falleció el día 25 de septiembre, Sergio Landskron, no tuvo participación en la colocación del artefacto explosivo que le quitó la vida, conforme a los antecedentes reunidos", señaló el entonces regional Sur, Raúl Guzmán.
Sobre los responsables de la instalación de la bomba, recién este año se formalizó a la primera persona ligada al caso. Pero no por la colocación del artefacto: se trata del carabinero que habría divulgado imágenes en las que Landskron aparecía siendo llevado en ambulancia a la Posta Central, luego en un box de recuperación y, ya fallecido, en un lugar donde se guardan los cuerpos.
Óscar Landerretche
En enero de 2017, a eso de las 18:00 horas, una mujer tocó el timbre del domicilio del entonces presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, en La Reina.
Llevaba un paquete de regalo con forma de botella, pero cuando el economista intentó abrirlo, estalló. El estruendo le provocó un trauma acústico a una familiar y a la asesora del hogar. Él, en tanto, sufrió lesiones leves en una mano, en el antebrazo y estómago.
El caso impactó a la opinión pública y desde la fiscalía se ordenaron las primeras diligencias. En paralelo, el grupo "Ecoterroristas Individualistas Tendiendo a lo Salvaje" (ITS) se adjudicaba el hecho en una página de internet.
Hasta el momento, no hay detenidos por el caso.
Explosión en un paradero del Transantiago
Ya partiendo este año, el 4 de enero, otro caso se registró. Aún no daban las 12:00, cuando se escuchó un fuerte sonido en los alrededores de la esquina de Vicuña Mackenna con Francisco Bilbao, en las inmediaciones del Parque Bustamante.
Según se confirmaría más tarde, el hecho correspondía a la explosión de un artefacto colocado previamente al interior del basurero de un paradero del entonces Transantiago.
5personas resultaron heridas tras la explosión en el paradero del Transantiago.
La detonación dejó cinco personas heridas. Cuatro de ellas fueron trasladadas a diversos centros asistenciales, mientras que otra llegó por sus medios a un hospital.
Los efectivos comenzaron a aislar el lugar y realizar distintas pericias. Antes de las 13:00 se escuchó una segunda explosión, la cual finalmente era parte de las labores preventivas de la policía: detonar cualquier elemento sospechoso.
Media hora después, y a través de su página web, el grupo ITS volvía a ocupar titulares al adjudicaron este nuevo ataque. Ya más de seis meses han pasado y la causa sigue desformalizada.
Louis de Grange
Previo a la explosión ocurrida ayer en la 54 comisaría de Huechuraba, el último hecho similar que alertó a las autoridades fue en mayo. El calendario decía 7 y el presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, recibió en su domicilio un sospechoso paquete enviado por correo.
Antes de abrirlo, alertó a Carabineros, quienes constataron que se trataba de una bomba.
Al llegar al lugar, en Las Condes, la policía uniformada dio aviso a la Fiscalía Sur. Desde el Ministerio Público, a su vez, enviaron a personal del OS-9 y a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), quienes desactivaron el artefacto.
Siguiendo los últimos eventos, el ITS también se adjudicó el envío en su página web. En tanto, los investigadores aún no han concretado detenciones por el caso.
