Héctor Yáñez, El Mercurio
Un veto sustitutivo para solucionar los problemas de la ley que permite no multar por permisos de circulación vencidos, anunció esta mañana el Presidente Sebastián Piñera, en medio de la polémica generada entre alcaldes y parlamentarios por la aprobación de la iniciativa.
Este fue despachado hoy por el Congreso, y permitirá eliminar el pago de intereses y reajustes de aquellos documentos que se cancelen con posterioridad al 31 de marzo, pero dentro de los plazos que establece el veto; y pagar en dos cuotas, una antes del 30 de junio y otra antes del 31 de agosto.
Pero la medida no sólo ha enfrentado a legisladores y jefes comunales -quienes llamaron a realizar el trámite hoy-, sino que también ha generado críticas contra La Moneda por no haber actuado antes, patrocinando la medida y poniendo indicaciones a la misma.
La "advertencia" del Gobierno
El Gobierno salió al paso de las críticas, asegurando que desde un inicio expresaron su opinión contraria a la medida, lo que se vio reflejado con la presentación del veto sustitutivo.
Fue el ministro de la Segpres, Felipe Ward, quien expresó ante los parlamentarios sus reparos a la iniciativa, durante una intervención en el Senado la semana pasada.
"Esta iniciativa fue tramitada muy rápidamente en la Cámara, no hubo invitados, no hubo la posibilidad de escuchar a los alcaldes y lo planteo, porque creo que es un insumo necesario al momento de tomar esta decisión", acusó en la oportunidad.
El diputado de la DC Matías Walker, uno de los autores del proyecto inicial, comentó que "desde el 17 de marzo le pedimos al Gobierno, específicamente al ministro de Hacienda que pudiera patrocinar el proyecto, porque siempre planteamos que era una iniciativa exclusiva del Gobierno. El Gobierno nos dijo que no, porque eran recursos muy importantes para los municipios, finalmente sacamos el proyecto de ley no en la forma que nos gustaba".
En cambio, el ministro Ward propuso en el Senado instaurar una "mesa de trabajo" con alcaldes, legisladores y el Gobierno para escuchar a los jefes comunales, agregando que no podían dar patrocinio a una iniciativa "cuando no se ha tenido una discusión de fondo respecto a las herramientas de compensación, esto genera un detrimento en el patrimonio municipal".
Prerrogativas legales
Desde Chile Vamos también existieron reparos a lo hecho por el Ejecutivo. El diputado de RN Andrés Longton dijo que, pese a valorar la acción presidencial, "nos hubiese gustado que el Gobierno se hubiese hecho parte en el trámite de esta ley que pasó por el Congreso, cuando estaban todas las advertencias hechas respecto a lo que podía pasar el día de hoy con las aglomeraciones".
"Escuché esas críticas, pero técnicamente lo que procede es hacer exactamente lo que hizo el Gobierno", dijo hoy el titular de la Segpres, tras el anuncio del veto sustitutivo.
Y agregó que "cuando a uno le parece mal o expresa su opinión contraria respecto de un proyecto de ley (...) tiene que ser consecuente con esa opinión y esperar los tiempos procesales adecuados para expresar cuál es la intención del Ejecutivo, si es que se aprueba una iniciativa".
En la misma línea, el ministro del Interior,
Gonzalo Blumel, manifestó que "más allá de señalar la inconveniencia,
el Ejecutivo actúa en base a sus prerrogativas legales y una vez que termina su tramitación, entonces la Constitución faculta al Ejecutivo para poder ingresar un veto, en este caso un veto sustitutivo para corregir aquellas deficiencias que fueron observadas en su momento".
"El Ejecutivo ha hecho uso de sus facultades en tiempo y forma, en función de lo que hemos venido conversando con los jefes comunales, quienes son los que tienen las voces más autorizadas en la materia", recalcó Blumel.
Es que desde el Gobierno aseguran, que era "imposible" tomar una decisión sobre la materia, sin "escuchar la voz de los alcaldes". Incluso algunos dieron cuenta de los problemas que podría traer la medida durante una reunión en La Moneda. De hecho, varios de ellos sostuvieron contactos con algunos ministros en los últimos días.
