En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo esta tarde la audiencia de control de detención de los tres imputados por delitos contra la salud pública, que fueron sorprendidos junto a cerca de una veintena de personas participando de una fiesta clandestina en Santiago centro.
Se trata del organizador del evento y dueño del departamento donde se efectuó, ubicado en el tercer piso de un edifico de la calle Compañía de Jesús, además de un hombre y una mujer imputados de haber reincidido en violar el artículo 318, ya que ya habían sido detenidos infringiendo la cuarentena.
En la audiencia, el magistrado Mario Cayul declaró la ilegalidad de la detención de estas personas, tras establecer que tanto los carabineros como los funcionarios municipales que entraron al domicilio no contaban con la autorización necesaria, por lo que incluso ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue la eventual comisión del delito de falsificación de instrumento público.
El juez llegó a esta conclusión tras la revisión de un registro audiovisual y luego de escuchar las declaraciones de los intervinientes.
No obstante, en la audiencia de formalización el magistrado Cayul impuso a los tres imputados las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, por considerar que son "proporcionales" y "suficientes" para asegurar la comparecencia de éstos a los fines del procedimiento. Además, fijó en 80 días el plazo de la investigación.
Durante la tarde, el Gobierno condenó este episodio y presentó una querella contra estas tres personas, por las implicancias para la salud pública que supone el caso. Sin embargo, en el escrito aseguraron que los funcionarios"ingresaron previa autorización" del organizador, "quien abrió la puerta del inmueble y señaló ser el propietario del lugar".
En lo que sí hubo coincidencia, es que al interior del departamento había 19 personas, música a alto volumen, equipos luminosos y bebidas alcohólicas, además de un DJ que había sido contratado para la ocasión.
