Las fiestas clandestinas han sido uno de los principales problemas que han enfrentado las autoridades sanitarias durante el último tiempo. Cada fin de semana, en diversos puntos del país, quedan al descubierto una decena de estos eventos que no se pueden realizar debido a las reglas que impone el combate a la pandemia.
Sin embargo, algunos alcaldes de la Región Metropolitana manifiestan preocupación por la falta de efectivos policiales en sus comunas para fiscalizar estos hechos, especialmente en la zona poniente de la capital. "Son múltiples denuncias que no se escuchan y genera la desazón de los vecinos", señaló el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos.
Según narró, esto quedó demostrado en el grupo de WhatsApp que integran algunos vecinos de la comuna y un funcionario municipal, cuando la madrugada del 24 de enero se activó el chat con cerca de 30 mensajes que denunciaban la existencia de al menos 15 eventos ilegales.
"Yo que tengo contacto con Carabineros, me encuentro con la sorpresa de que solo hay 40 carabineros para tres turnos y un carro policial para enfrentar todo lo que ocurre durante la noche", sostuvo Ríos, agregando que la respuesta de la institución se redujo a que no hay personal y que, por esa razón, no podían asistir al llamado.
"Todos los días se han difundido profusamente detenciones en fiestas clandestinas en Las Condes. En el poniente hay 100 veces más, pero nadie las fiscaliza, porque no hay recursos policiales", manifestó. Además calificó el hecho como "inequidad territorial y discriminación".
En este sentido, aseguró que él ha conversado con autoridades pertinentes y que toman las decisiones sobre la dotación de Carabineros. Cuando ocurrió, por parte de los vecinos, la queja sobre el uso indiscriminado de los fuegos artificiales, Ríos intercambió mensajes con el ministro de interior, Rodrigo Delgado. Fue ahí cuando el titular de la cartera le afirmó que iba a buscar una solución.
Según el alcalde, "antes del estallido social teníamos un carabinero por cada mil habitantes, pero ahora es uno cada dos mil".
"Aquí no hay discriminación, todas aquellas personas que participen en fiestas clandestinas van a ser fiscalizadas y sancionadas”, aseguró a EmolTV el subsecretario de interior, Juan Francisco Galli. No obstante, para Ríos, el problema radica en la cantidad de policías que no son suficiente para cubrir la cantidad de eventos ilegales que se realizan.
Y es que este problema también lo identificó el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, quien resaltó que "tenemos una dotación disminuida de personal policial", aunque "entiende que muchas reparticiones públicas han sido afectadas por la pandemia".
"Todos los días se han difundido profusamente detenciones en fiestas clandestinas en Las Condes. En el poniente hay 100 veces más, pero nadie las fiscaliza, porque no hay recursos policiales".
Alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos
En esa línea, el alcalde contó que la semana pasada tuvo una reunión presencial con tres dirigentes vecinales y el jefe de gabinete. En ella se trataron temas de seguridad ciudadana, en los que se incluyó la molestia de los vecinos, quienes "se encuentran agobiados por la percepción de abandono".
Por su agenda, el encargado de Cerrillos no se ha comunicado con alguna autoridad, sin embargo, planea conversar "hoy con el mayor de Carabineros para que haya más fiscalización".
Otro alcalde que también hizo hincapié en la poca capacidad de fiscalización fue el de la comuna de Pudahuel, Johnny Carrasco (PS), quien aseguró que "si no hay carabineros o alguna autoridad en la calle, el toque de queda es formal, pero no real".
"Hay gente que hace caso, pero también quien se pasea como Pedro por su casa", agregó. Y es que según el encargado de la comuna "las dirigentes pueden sufrir temores de amenazas de parte de narcos".
A pesar de lo anterior, Carrasco recalcó que entiende que Carabineros está sobrepasado y que, aunque no critica las medidas que se toman desde el Gobierno, considera que se debe trabajar en conjunto con los alcaldes para tener un mejor control.
Asimismo, se refirió la alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández (DC), quien aseguró que "sin duda en este tipo de situaciones siempre la fiscalización va a ser insuficiente". Primero, como explicó, por la falta de dotación que desde hace tiempo afecta a muchas comunas y, segundo, por los meses de pandemia que sin duda han afectado a la salud mental de la comunidad.
Fernández precisó que durante esta semana no han recibido información sobre fiestas clandestinas como tal, pero sí están al tanto sobre "problemas que afectan y preocupan a nuestros vecinos debido a música y encuentros, que puede que no sean fiestas, pero que sí alteran el orden público".
En relación a lo anterior, la encargada de Quinta Normal aseguró que "sobre todo en comunas como esta, donde hay alto porcentaje de adultos mayores, la música fuerte o encuentros en horarios de toque de queda provocan una sensación de inseguridad y angustia". En este sentido, recalcó que están en permanente contacto con la comunidad a través de agentes territoriales, redes sociales y seguridad municipal.
"También estamos en permanente contacto con las policías a través de las coordinaciones que se realizan con nuestra oficina de seguridad y de instancias como el Consejo de Seguridad y el Stop, donde hemos manifestado la preocupación por nuestros vecinos", agregó.
Y a pesar de que considera un aporte la presencia del Ejército en toque de queda y la Seremi en ferias libres, señaló que "cualquier fiscalización siempre será insuficiente, porque no se puede controlar que todas las personas cumplan con las medidas de seguridad que impone una crisis sanitaria como esta".
