"Es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas”, dijo el pasado martes el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, dando cuenta de la decisión del Presidente Sebastián Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para detener el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Después de días de incertidumbre, el Mandatario tomó la determinación justo luego del avance de la iniciativa creada para paliar los efectos económicos de la pandemia en el Congreso, en donde sorteó con éxito su primer trámite en la Cámara de Diputados con amplio apoyo de Chile Vamos, y se encaminaba a su total despacho en el Senado.
La medida del jefe de Estado inició una semana llena de complicaciones para su administración, partiendo por
la resistencia que habría generado en su propio comité político la idea de acudir al TC. Sin embargo, pese a esas señales y a las advertencias de buena parte de la coalición oficialista, el Ejecutivo siguió adelante.
Esa misma jornada, ante la posibilidad de que Piñera presentara un escrito ante el organismo, algunos sectores de la oposición plantearon la posibilidad de presentar una acusación constitucional (AC) en su contra, la cual comenzó a ser analizada seriamente por la bancada de diputados del FA, el FRVS y el PPD.
En tanto, la ciudadanía comenzó a expresar su rechazo a la posibilidad de quedar sin el retiro de sus fondos. Esa noche, hubo cacerolazos y protestas en distintos puntos del país y distintos gremios como la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación de Trabajadores del Cobre y la Unión Portuaria convocaron a movilizaciones.
Miércoles 21 de abril
Al día siguiente, y pese a que en un comienzo habían manifestado distancia ante una eventual AC, el PS se abrió a estudiar un libelo, aumentando la temperatura en el Parlamento, en donde los legisladores oficialistas que apoyaron el retiro del 10% acrecentaron sus críticas hacia La Moneda.
Ese malestar se extendió a su principal carta presidenciable, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien lamentó que el Gobierno no haya acogido su propuesta para zanjar el tema en el Senado. A esas alturas, su par de RN, Mario Desbordes, ya había advertido del grave error político que estaba cometiendo su gobierno.
En esa línea, apuntó durante esa jornada que al ir al TC el bloque estaba
"regalando la constituyente", apuntando a los efectos que podría tener ese en las elecciones del 15 y 16 de mayo. Mientras, senadores de RN intentaban sin éxito convencer al Gobierno de sumar cambios que hicieran viable el retiro sin ir al tribunal.
En paralelo, una carta firmada por los ministros del comité político y que fue publicada por distintos medios de comunicación para reafirmar su respaldo a la idea de ir al TC, dejó entrever la crisis que se vivía en Palacio. Mientras, luego de seis horas de debate, la comisión de Constitución de la Cámara Alta despachó a la Sala el proyecto.
Jueves 22 de abril
A 48 horas de la decisión de ir al TC, la Sala del Senado despachó por 31 votos a favor y 11 en contra, todos de Chile Vamos, la reforma constitucional que permitía el tercer retiro de los fondos de pensiones. Entre los que apoyaron la iniciativa, hubo 7 legisladores oficialistas, ratificando la crisis que provocó el tema en la centroderecha.
En ese contexto, el Presidente convocó a los principales líderes de la coalición y a sus presidenciables para explorar una salida al conflicto, abriendo la posibilidad de llegar a un acuerdo con la centroizquierda que incluyera una reforma tributaria que permitiera financiar más ayuda económica, como una alternativa al retiro de pensiones.
En ese punto, surgió la figura de la presidenta del Senado, Y
asna Provoste (DC), quien comenzó a liderar los esfuerzos para conseguir un trato entre ambas partes, secundada por los senadores Jorge Pizarro (DC) y Guido Girardi (PPD), en medio de los temores de algunos sectores de izquierda que apuntaban a una eventual "cocina".
Asimismo, un grupo de doce senadores de la oposición solicitaron la inhabilidad de la presidenta del TC, María Luisa Brahm, quien dirimió a favor del Gobierno el debate del segundo retiro del 10% y que fue apuntada por su cercanía a Piñera, de quien fue jefa de asesores durante su primer periodo presidencial.
Viernes 23 de abril
Al cierre de la semana pasada, la Sala de la Cámara de Diputados visó el proyecto con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, incluyendo 39 parlamentarios de Chile Vamos. Con ello, quedó despachado y a la espera de la decisión del TC, que en esos días ya había adelantado que podría tomarse hasta dos semanas.
Tras ese resultado, el Presidente Piñera comenzó a abrirse a la posibilidad de elaborar un proyecto propio que permitiera el tercer retiro. Sin embargo, la oposición mantenía su postura de no concretar ningún paso si es que el Mandatario no retiraba el requerimiento ante el TC, a lo cual se negó de forma permanente.
Mientras, Provoste se reunió con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el titular de la Segpres, Juan José Ossa, para continuar la búsqueda de un acuerdo. En paralelo, distintos partidos de centroizquierda, como el PPD, la DC, el FRVS y el PH comenzaron a preparar sus equipos jurídicos para acudir al tribunal a defender la reforma.
Fin de semana de tratativas
Entre el sábado 24 se desarrollaron intensas negociaciones y tratativas para destrabar la crisis. En La Moneda, el Presidente Piñera sostuvo reuniones con los ministros del comité político y con los jefes de bancada de los diputados y luego de los senadores de Chile Vamos, quienes insistieron en la creación de un proyecto propio.
En tanto, la oposición también sostuvo encuentros telemáticos tras los cuales insistieron en el requisito de que el jefe de Estado retirara el requerimiento ante el TC. "Hecho eso, es una condición evidentemente, nosotros estamos dispuestos a discutir una reforma tributaria", dijo el senador del PPD, Guido Girardi,
Con todo, al cierre del domingo 25, el Mandatario se reunió con su comité político, los líderes de Chile Vamos y sus candidatos presidenciales, con excepción de Evópoli,
para dar a conocer su proyecto de tercer retiro, el cual incluía un programa de recuperación de fondos con la entrega de 2% adicional de cotizaciones hacia las AFP.
La medida no movió la brújula en la centroizquierda: La mayoría del bloque criticó la posibilidad de entregar más recursos a las administradoras y acusaron al gobernante de estirar de forma temeraria la discusión. En definitiva, recalcaron que la única salida era desechar su recurso ante el TC y promulgar la iniciativa del Congreso.
Fracaso de negociaciones y el descenlace
El lunes 26 el Gobierno se desplegó para conseguir apoyo para su propuesta, pero no tuvo éxito. Es más, los senadores de centroizquierda endurecieron su postura y en Chile Vamos, Evópoli mantuvo su reticencia a sumarse a la iniciativa, lo cual fue reafirmado por su candidato presidencial, Ignacio Briones.
Al mismo tiempo, los ministros del TC comenzaron la revisión preliminar del requerimiento del Ejecutivo, detectando desde ya que el escrito no cumpliría con los estándares argumentativos para permitir su admisibilidad y posteriormente analizar el fondo del asunto. Según trascendió éste no se hizo cargo de los planteamientos que formuló ante el segundo retiro.
Ayer, en tanto, se confirmó esa presunción, lo que fue adelantado de alguna forma por el magistrado Iván Aróstica, quien en un hecho inusual, abordó el tema antes del inicio de la sesión en la que se selló el rechazo del pleno a acoger a tramitación los argumentos del Gobierno, asestando un duro revés político al Presidente Piñera.
Al final, fueron siete votos en contra y solo tres a favor, en un fallo contundente que movió al jefe de Estado a promulgar inmediatamente el proyecto de ley que surgió desde el Congreso Nacional. "Como Gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del TC, sin perjuicio de no compartirla", comentó el Mandatario, dando por cerrado un duro capítulo de su segundo mandato.
