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Manuel Antonio Garretón: "Con un gobierno como lo ha presentado Kast, va a haber problemas de legitimidad enormes"

"No estoy diciendo que si gana la derecha es ilegítima, yo digo que va a haber un conflicto", señala el sociólogo, Premio Nacional de Humanidades 2007. También defiende el carácter refundacional del proceso constitucional y proyecta sus alcances.

12 de Noviembre de 2021 | 10:25 | Por Álvaro Valenzuela Mangini, Crónica Constitucional
El Mercurio
"Esto es refundar, guste o no la palabra...".

El sociólogo Manuel Antonio Garretón —Premio Nacional de Humanidades 2007— no rehúye el concepto. Más bien lo alienta. En su visión, el proceso constitucional no puede sino ser caracterizado como refundacional. Después de todo, se pregunta, si el país, a partir de una página en blanco y en un procedimiento institucionalizado, se encuentra abocado a decidir "cómo queremos vivir" y cuestiones como qué tipo de Estado se quiere tener, cómo se enfrentará la crisis climática, cómo se organizará el poder político o cómo será la relación con los pueblos originarios, ¿de qué otro modo podría denominarse eso?

Cuando se habla de refundación, a algunos les preocupa, porque les parece que es negar la historia, todas las constituciones previas. Y se ven, además, ejemplos como el de la comisión de Justicia, donde un convencional habla de que "debemos pensar si queremos que exista un Poder Judicial". ¿Cómo se debiera dar el equilibrio entre historia y refundación?

—¿Tiene un país, a través de los mecanismos democráticos que se dio, posibilidad de pensar o discutir qué tipo de Poder Judicial va a tener? ¿Y, en esa discusión, que haya quienes propongan una fórmula distinta? Si hay la voluntad mayoritaria de cambiar instituciones que hasta ahora se han creído fundamentales y eso sigue un proceso previamente determinado, tendrá que ser así. Ahora, yo creo que el país va a seguir siendo el mismo país, pero que discute sobre sus principios y decide transformarse.

"Por ejemplo, hasta ahora, todas las constituciones chilenas han dicho que la soberanía reside en la nación. Yo creo que eso es evidente que se va a cambiar si usted está pensando en la plurinacionalidad. De hecho, en la gran mayoría de las constituciones, la soberanía no reside en la nación, reside en el pueblo. Y esa discusión le va a llevar a decir qué son las naciones originarias: son parte del pueblo de Chile, pero el pueblo que se define en la Constitución como base de la soberanía es un pueblo plural, constituido de diversos pueblos o naciones. Y eso debe tener expresión en el Estado. Y si usted cristaliza esa expresión, va refundando el Estado".

¿Es posible hacer todos los cambios de que se habla, modificar el orden político, el modelo económico, la estructura del Estado, los mecanismos participativos, y que el sistema siga funcionando sin generar un quiebre?

—El proceso constituyente y la Constitución que emane de él van a fijar los grandes principios, valores e instituciones de un proceso que es de largo plazo. Una Constitución moderna hoy debe decir algo sobre el modelo de desarrollo, los conceptos básicos, por ejemplo, en relación con el principio de igualdad, por un lado, y en relación con el principio de preservación del medio ambiente, por otro. Y lo que va a decir va a ser nuevo respecto de lo que hay ahora. Pero refundar el modelo de desarrollo no significa que todo va a ser mañana, significa crear las bases hacia el futuro de un nuevo modelo. La Constitución va a decir principios fundamentales, y todo lo que venga después será producto de la calidad de la democracia para enfrentar esos problemas. Es decir, va a depender de la política.

Cuando se habla de que la Constitución debe definir un nuevo modelo de desarrollo, ¿no se cae en el mismo pecado que se atribuye a la actual Constitución, de dejar atado un cierto modelo y no dar márgenes para que la política defina las opciones?

—Principio básico de un modelo de desarrollo es la defensa de la naturaleza y, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la palabra sustentabilidad, la que a su vez debe ser definida. También, el rol del Estado: el Estado tiene el papel principal en el desarrollo de los bienes públicos, en el cumplimiento de que a todos les lleguen los beneficios del desarrollo, en garantizar igualdades. Entonces, usted va definiendo principios. Por ejemplo, la preservación y el carácter social de los recursos naturales; el actual modelo de desarrollo no lo garantiza, entre otras cosas, porque no le da al Estado una función en eso. Eso tiene que ser consagrado en la Constitución.

Pero en su visión, ¿una Constitución debe permitir una diversidad de proyectos que sean realizables, desde, digamos, un Estado socialdemócrata alemán hasta un modelo thatcheriano, si logra mayoría?

—Si el modelo asegura sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social, es decir, mínimos de igualdad y vida digna de todas las personas, equidad regional... Si usted pone esos principios, se dará cuenta de que un modelo de desarrollo que vaya en contra de eso no será legítimo. Ahora, una cosa son estos principios fundamentales que la mayoría, a través de sistemas institucionales, va a definir, y luego está el debate político.

¿Pero no hay un riesgo de dejar una cancha demasiado estrecha para ese debate?

—No hay una relación directa entre un principio y una política siempre. Incluso es probable que una política que pertenezca a un modelo X, aun cuando el conjunto de ese modelo sea contradictorio con los principios constitucionales, esa política específica, en un determinado momento, pueda ser necesaria.

"Entiendo que hay posiciones distintas y hay quienes dicen que la Constitución debe ser mínima. Pero si uno examina, esa discusión de una Constitución mínima o máxima existía hace un año; hoy no se está discutiendo eso. Se están discutiendo contenidos fundamentales. Todo este sistema de participación de la sociedad en el proceso hace ya muy difícil que vaya a ser una Constitución mínima, que solo establezca libertades, derechos y el sistema político. Es muy importante que lo que ha ido madurando la sociedad quede expresado en la Constitución. Y no es cosa que el día de mañana usted diga, por ejemplo, que la educación pública ya no importa y necesitamos un modelo que cambie todo y la destruya. Eso no es aceptable, porque tenemos principios que dicen que no lo es2.

Respecto del funcionamiento de la Convención, gente como Carlos Peña, a propósito de los discursos de inicio de la discusión, hacía notar que cada uno era una reivindicación de una determinada identidad, más que ofrecer una visión de interés general...

—¿Y lo primero que hace alguien cuando tiene que exponer por qué estoy aquí y qué es lo que quiero, no es asumir que lo que está diciendo es lo universal? Vendrá el intelectual y le dirá: ‘ah, pero usted solo está promoviendo su propia identidad’. Bueno, hay un momento en que eso es así, pero no es indefinido, porque hay que tomar decisiones y esa decisión no va a ser la mera agregación de 155 individualidades. Usted va a tener en la Constitución un conjunto de principios; esos principios van a ser la base y por supuesto van a tener integradas las demandas de las identidades, pero van a ir mucho más allá. Uno podría haber hecho esa crítica en un determinado momento, pero llevamos unos meses y ya no es lo mismo: ya están discutiendo cuestiones que van más allá de las identidades. Ahora, yo creo que algo que es muy importante en la Constitución será el preámbulo...

¿La declaración de principios?

—Yo distinguiría la declaración de principios, que actualmente se llama "bases de la institucionalidad": Estado democrático de derechos, paridad, sustentabilidad medioambiental, descentralización, plurinacionalidad, democracia. Esos son los principios. Pero el preámbulo es la parte declaratoria, en la cual el país constituyente dice el porqué, hace el relato que explica los principios y fundamenta todo el articulado. Todas las constituciones modernas tienen eso.

"Es simbólico y clave que se salden allí las deudas históricas. Las constituciones posfascistas condenaron las violaciones a los derechos humanos, las tiranías. Yo creo que la chilena va a tener que hacer un debate. Ya no se hizo justicia como se debiera haber hecho con los crímenes de la dictadura. Entonces, al menos, el país simbólicamente tiene que hacer justicia: se condena en el preámbulo no solo las violaciones a los derechos humanos, sino todo atentado contra la institucionalidad democrática a lo largo de la historia. Se rechaza todo lo que ha sido la discriminación contra los pueblos originarios y toda la injusticia territorial. Sobre esa base usted puede decir a continuación: estos son los principios".
Estamos en un proceso electoral, ¿qué pasa si ese proceso entrega una correlación de fuerzas muy distinta a la de la Convención?

—Básicamente, las candidaturas del centro y la izquierda se han planteado claramente en apoyo al proceso constitucional. Por lo tanto, ahí hay una convergencia. Va a haber tensiones respecto de los problemas de duración, de momento de aplicación de las normas, pero por eso es muy importante que sean personas que estén en relación, en connivencia con el proceso.

¿Y si se da lo contrario?

—Si se da lo contrario, una Convención que quiere realizar los principios que he señalado y un gobierno que está en contra, entonces... ¡Houston! —se ríe—. No, pero es evidente que allí habría un problema y eso es lo que el país debe pensar al momento de la elección: vamos a tener un conflicto de legitimidades. Vamos a suponer el caso de la extrema derecha de Kast: su principio de legitimidad es el del Rechazo, mientras que la Convención es lo que la gran mayoría de la sociedad chilena decidió. No estoy diciendo que si gana la derecha es ilegítima, yo digo que va a haber un conflicto. Si gana la elección un gobierno de derecha tal como lo ha presentado Kast, va a haber problemas de legitimidad enormes.

¿Pero quién va a tener el problema de legitimidad?

—El gobierno.

¿No lo va a tener la Convención?

—La Convención ya tiene su legitimidad asegurada. El otro tendría, teóricamente, la legitimidad legal de haber ganado una elección. Pero va a haber un conflicto entre esas dos legitimidades. Y ese conflicto, teóricamente, no existiría en el caso de que gane un gobierno de centroizquierda. Ese es el dato real, no es que yo quiera que sea así.

Pero si Kast logra una votación mayor que la del Rechazo el año pasado, ¿no encerraría eso una crítica a la forma en que está avanzando el proceso? ¿No debería la Convención sopesar esa situación?

—¿Por qué? La Convención no tiene que pensar en quién es el Presidente, tiene que hacer su trabajo. Es el Presidente el que tiene que entender que en la Convención hay la expresión, que va más allá de su propio gobierno, de la voluntad de una nueva Constitución. Es ese gobierno el que tiene que apoyar lo que la gran mayoría del país, para salir de la más importante crisis que ha tenido, generó como proceso. El que haga lo contrario va a profundizar la crisis. Para decirlo de otra manera: el Presidente no tiene derecho a inmiscuirse en la Constitución.

¿Y a llamar a votar Rechazo?

—Puede hacerlo perfectamente, pero sería un profundo error, porque va a exacerbar la división del país.

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