El pasado 7 de mayo, la Convención Constituyente votó en el pleno el informe de reemplazo de la comisión de Medio ambiente, aprobando cuatro artículos sobre el estatuto constitucional de las aguas que serán parte del borrador de la nueva Constitución. En uno de ellos se establece que "el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de las Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento".
Si bien este artículo es menos detallado que lo discutido en la comisión, propone una estructura para la gobernanza del recurso que obliga a realizar modificaciones legales consistentes con su implementación. El remplazo de los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) por autorizaciones es un cambio mayor al ordenamiento actual. Por lo mismo, se presentan muchos desafíos que moldearían no solo el sector hídrico, sino también la estructura de producción durante las próximas décadas.
Primero,
la nueva gobernanza requiere un importante cambio institucional. La nueva Agencia Nacional de las Aguas, también aprobada por el pleno, será el organismo encargado de gestionar el nuevo sistema de autorizaciones. La gestión de esta agencia tendrá un rol central en el desarrollo porque, autorizando diferentes usos del agua estará, indirectamente, afectando la matriz productiva del país. Cabe resaltar que la gestión del recurso hídrico durante las últimas décadas ha sido deficiente. En otros problemas hubo falta de fiscalización, falta de registro de los DAA, en general, poco conocimiento del recurso. Este nuevo sistema supone no solo que el Estado cumpla las tareas que no ha podido hasta ahora realizar de manera adecuada, sino que adicionalmente tome nuevos roles. Por lo tanto, la nueva institucionalidad debe tener las competencias técnicas y el financiamiento necesario para poder estar a la altura de todas las funciones que deberá cumplir.
Segundo, otro tema crucial serán las características que tomen las autorizaciones de agua, su temporalidad, motivos de caducidad, si es que los hubiere, entre otros. Este diseño tendrá impactos de primer orden en las decisiones de los afectados. Muchas de las actividades productivas que utilizan el agua necesitan un horizonte de planeación extenso y medianamente claro.
Por otro lado, el sistema de autorizaciones incomerciables y que obligan al uso para el que fueron otorgadas arriesga tener un esquema poco flexible para adaptarse a los inciertos escenarios que trae aparejados el cambio climático. Por lo tanto, cuando se diseñe este sistema será clave entender los escenarios hídricos probabilísticos, así como las necesidades y restricciones de los distintos usuarios del recurso. Mientras este diseño no se defina, es posible que los afectados opten por la cautela y posterguen sus decisiones de inversión.
Los dos puntos previos abren preguntas sobre la transición hacia el nuevo sistema. ¿Qué pasará con los titulares de los actuales DAA? ¿Qué sucederá con la reforma al Código de Aguas aprobada hace tan solo unas semanas? ¿Qué sucederá con aquellos usuarios que aún no tienen regularizados sus DAA? Por plantear solo algunas. Cabe finalmente destacar que esta transición no solo implica cambios administrativos y de gestión, sino también un cambio cultural sustancial. En Chile, la gobernanza del agua ha sido históricamente a través de derechos de agua. La experiencia en otros países muestra que reformas menos ambiciosas que la propuesta tardaron décadas en implementarse y perfeccionarse. El panorama es complejo y el éxito de las nuevas políticas dependerá en buena medida de que la transición a la nueva gobernanza sea ordenada, y que involucre consenso y entendimiento entre los sectores afectados.
En síntesis, la situación en la que se encuentra Chile es crítica debido a la sequía estructural, ecosistemas afectados, sobreexplotación de acuíferos y falta de agua para consumo humano en diversas zonas. La pregunta es si con el nuevo sistema de autorizaciones se logrará un uso sustentable del recurso en lo social, ambiental y económico frente a escenarios futuros inciertos.
