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Persecución especializada y mesa para definir reparación: El plan del Gobierno para las víctimas de violaciones a los DD.HH.

La agenda presentada hoy por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, incluye además un aumento de recursos para que el Servicio Médico Legal acelere los procesos pendientes desde el estallido social.

24 de Mayo de 2022 | 17:17 | Por Felipe Vargas, Emol

La titular de Justicia, Marcela Rios, junto al Presidente Boric y la senadora Fabiola Campillai.

Aton.
"Tenemos el deber y la obligación de dar respuesta", dijo este martes el Presidente Gabriel Boric, durante la presentación de la agenda de verdad, justicia y reparación para de violaciones a los DD.HH. cometidas durante el estallido social, subrayando el compromiso del Gobierno para dar respuesta a las victimas y a sus familiares.

En ese contexto, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, dio a conocer los detalles del plan que será ejecutado por su cartera, el cual tiene tres ejes: Medidas para avanzar en verdad y justicia, la conformación de una mesa con participación ciudadana para definir qué tipo de reparación estatal existirá y una estrategia para la "no repetición".

Desde el ministerio recordaron que tras las violaciones a los DD.HH. ocurridas tras el 18-O, "la respuesta del Estado generó en varios casos, diversas vulneraciones que afectaron la libertad, vida e integridad de manifestantes", lo cual está constatado en informes nacionales e internacionales, destacaron.

"En este sentido, el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de DD.HH. no es discrecional para el Estado. El respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales es deber esencial de todos los poderes estatales", recordaron.

Por ello, destallaron que "el Estado de Chile debe actuar de acuerdo a los pilares de la justicia transicional, que son la verdad, la justicia, la reparación, y las medidas de no repetición. Nuestro Gobierno tiene el compromiso de dar respeto irrestricto a los DD.HH.. Es por eso que elaboramos la Agenda Integral".

"Nosotros nos hacemos cargo de esta agenda, que está organizada en torno a medidas de verdad, justicia, reparación y también medidas de reparación. Es una agenda que apunta a hacerse cargo de las violaciones a los DD.HH. perpetradas por agentes del Estado durante el estallido", explicó Ríos.

Verdad y justicia

En ese contexto, la secretaria de Estado indicó que es indispensable que los procesos pendientes sobre esta materia sean tramitados con especial dedicación, en un plazo razonable, con recursos necesarios, con el objetivo de que las personas recuperen la confianza en las instituciones del Estado.

Para ello, mencionó que "estamos trabajando en un proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en materia de DD.HH. con la que hoy día el Estado no cuenta, con el Ministerio Público y la fiscalía para buscar la mejor propuesta de arquitectura institucional (…) para perseguir a quienes cometen violaciones".

"Lo segundo, que nos venían planteando las familias desde hace mucho tiempo, es la deuda que tenemos en las pericias y el trabajo que está haciendo el Servicio Médico Legal y lo que hemos hecho como Gobierno es comprometer un aumento de recursos y capacidades, para que se puedan terminar las pericias pendientes", añadió.

La titular de Justicia expresó su deseo que con ello "esperamos ponernos al día con el atraso que se tiene en algunos casos de más de un año en citas pendientes. También le hemos pedido a este servicio que pueda actualizar e implementar los protocolos de atención y relaciones con las víctimas de violaciones a los DD.HH.".

En cuanto a reparación, detalló que se ha establecido "un trabajo de intenso dialogo con las familias y las organizaciones para iniciar una mesa de reparación integral. Esta mesa será un espacio de participación para las víctimas y se va a llevar adelante a través de un proceso participativo a partir de julio".

En esa instancia, explicó, "se van a establecer las bases para una política integral de reparación, se van a definir los estándares y los tipos de reparación que necesitamos, y también la forma en que vamos a calificar a las víctimas que puedan acceder a esas políticas de reparación".

La mesa será conducida por la subsecretaria de DD.HH., Haydee Oberreuter y la senadora independiente Fabiola Campillai, quien coordinará los "encuentros territoriales". También se mencionó la idea de reformular los programas de salud para víctimas y aumentar las pensiones de gracia, entre otras iniciativas.

"Sabemos que tenemos una deuda como Estado en materia de salud y el Ministerio de Salud está trabajando para llevar adelante una restructuración, una reforma del programa que se hacía cargo de la atención de víctimas de violaciones a lo DD.HH. y prontamente estará anunciando las medidas específicas en esta materia", dijo Ríos.

No repetición

En cuanto al último punto, la autoridad sostuvo que "vamos a usar todas las herramientas que están a nuestra disposición para avanzar en sentar las bases del nunca más, con medidas claras de no repetición", trabajo que desarrollarán principalmente con la reactivación del comité interministerial de DD.HH..

"Ahí se va a avanzar en medidas con otros ministerios, en particular con el Ministerio de Salud, Interior y otros. Vamos a convocarlo prontamente y lo vamos a fortalecer, vamos a robustecer la institucionalidad permanente del Estado en materia de DD.HH", aseveró la secretaria de Estado.

La segunda medida en este aspecto, comentó, "es que estamos preparando e impulsar una estrategia nacional de educación en DD.HH. para funcionarios públicos, eso ya está en camino y el propósito de esto es una agenda que sea de profunda conexión con todos los agentes del Estado que tienen que hacer cargo de la agenda de DD.HH.".

"Una estrategia que además de incorporar cursos de formación e introducción a los DD.HH. estará abierto a la sociedad. Tenemos un desafío pendiente con los lideres de opinión, con las organizaciones de la sociedad y los medios de comunicación para avanzar en esa agenda", remarcó.

Otra iniciativa será la presentación de un proyecto de ley para resguardar a los defensoras de los DD.HH, para cumplir con los deberes que establece el Acuerdo de Escazú y establecer mecanismos de protección y "políticas integrales" que les permitan ejercer de forma segura sus labores.
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