La seguridad pública es la principal preocupación de los chilenos según las encuestas de opinión. Ante esto, y en medio de críticas de inacción por parte de la oposición, el Presidente Gabriel Boric anunció cuatro proyectos de ley para aumentar penas y modificar ciertos delitos.
"Si no somos capaces de mejorar la seguridad y recuperar nuestros espacios públicos, difícilmente vamos a poder hablar con la profundidad que se requiere de las grandes reformas que también tenemos pensadas: Cómo distribuir mejor la riqueza, como mejorar las pensiones", dijo el mandatario en su intervención.
La primera iniciativa tiene que ver con la seguridad en los recintos penitenciarios ya que "hay muchos delitos que se planean desde las cárceles", dijo Boric.
En ese contexto el proyecto incluye una reforma a Gendarmería, lo que facultará al Ministerio Público a solicitar diligencias investigativas a la institución. Además, esta pasará a formar parte integrante de la Comisión de Coordinación del sistema de Justicia penal y de las comisiones regionales de coordinación del sistema de Justicia penal.
Por otra parte, dentro de la misma iniciativa se amplía el delito de extorsión (que hasta hoy solo establece una pena para quien con violencia o intimidación obligue a otro a suscribir un documento) para que incluya casos en que, mediante violencia o intimidación, se constriña a otro a ejecutar, omitir o tolerar cualquier acción que cause un perjuicio. Finalmente amplía los deberes de intercambio de información entre el Ministerio Público, Carabineros, Gendarmería, PDI y el Poder Judicial.
El segundo delito que se modificará será el de porte de armas, agravando sus penas: Se elimina el piso inferior de penalidad para el delito de porte ilegal de armas cuando se realiza en lugares altamente concurridos. El objetivo es proteger a la mayor cantidad de personas, por eso se hace un tratamiento penal más severo a quienes porten armas prohibidas en esos lugares al considerarse hipótesis más peligrosas.
El
sicariato es otro tipo penal que modificará. El proyecto de ley hará que se tipifique la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria. Entonces, se sancionará a quienes sin cometer el delito acuerden su realización con una pena desde los 3 años y un día hasta los 5 años de presidio.
La condena será la misma para quien encargue el homicidio como para quien lo ejecutaría.
Finalmente, el Ejecutivo buscará ampliar el delito de secuestro, clasificándolo en dos: Por una parte, los que duren más de 48 horas, tendrán una pena desde los 5 años y un día hasta los 15 años -actualmente es de 3 años y un día hasta 5 años.
Asimismo, los secuestros que tengan una duración mayor a 15 días, serán castigados con una condena de 10 años y un día hasta 20 años.
