Sala del Senado en medio del debate sobre el proyecto "Ley Nain-Retamal".
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En medio de la discusión que lleva a cabo este martes el Senado sobre la ley "Nain-Retamal", el Presidente Gabriel Boric invitó a los parlamentarios a leer una carta redactada por penalistas y criminalísticas, donde abordan el debate legislativo en materia de seguridad.
Publicado por la profesora de la Universidad de Chile, Rocio Lorca, el escrito que cuenta con la firma de 83 académicos, fue compartido por el Mandatario en su cuenta de Twitter junto con un mensaje: "Seguridad, justicia y derechos humanos van de la mano y se fortalecen".
Los profesionales del área de derecho penal y criminología manifestaron su preocupación por la manera en que el Congreso Nacional ha abordado la actual crisis de seguridad: "Introducen modificaciones al Código penal que aumenta la confusión en el uso de la fuerza", señalaron, advirtiendo, además, los peligros que se pueden generar a los derechos de las personas.
Las modificaciones realizadas por los parlamentarios a la legítima defensa "afectan radicalmente la claridad de las reglas" que rigen a las policías "aumentando los niveles de confusión" afectando su función. Afirman que la legislación debe dar claridad y certezas a las formas aceptables del uso de la fuerza.
Asimismo, recalcan su preocupación respecto a la "legítima defensa privilegiada", dado que "extiende en demasía el alcance del permiso". "Los empujones a un funcionario policial por parte de dos personas que se resistan a una detención, configuraría una agresión ilegítima si a juicio del policía o militar tuvieran intención de lesionar o matar", ejemplificaron.
"La cuestión queda entregada a un criterio subjetivo del agente", sentenciaron. Y agregaron: "Uno esperaría de quienes tienen autoridad para ejercer la fuerza (...) estuvieran sujetos a un estándar más elevado".
Además, sostiene que la legítima defensa, al ser modificada en el Código penal y ser de aplicación general, puede quedar esgrimida en contra de cualquier ciudadano, incluso adolescentes.
También califican de preocupante la alteración a la regulación de los delitos de tortura y apremios ilegítimos: "Esta indicación limita la aplicación de dicho delito de varias maneras, por ejemplo, circunscribiéndolo a conductas cometidas con malicia y no con simple dolo".
"La indicación 77 (...) introduce una preocupante norma de impunidad", sostuvieron. "Altera las reglas de participación criminal y de responsabilidad jerárquica respecto de delitos que no sean tortura, introduciendo una norma de impunidad", añadieron.
Finalmente, acusan que "no se ha escuchado a quienes llevamos décadas estudiando el problema de la delincuencia" y que "no se ha abierto el espacio algunos en que los expertos (de derecha y de izquierda) puedan contribuir con esta agenda".
