Ascienden a nueve las regiones donde el Ministerio Público ha iniciado investigaciones por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde órganos estatales a fundaciones y corporaciones -en su mayoría ligadas al oficialismo-, dando paso a lo que podría configurarse como la más importante crisis política de la administración del Presidente Gabriel Boric.
Y es que el caso, que inicialmente se circunscribió en Antofagasta y que involucraba a Revolución Democrática (RD) producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, tiene ramificaciones y distintas aristas también en
Arica, O'higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, entre otras.
En todas ellas, distintas fiscalías buscan esclarecer posibles ilícitos relacionados a actos de corrupción, como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, y tráfico de influencias en la cesión de dineros por el Estado hacia entidades privadas vía trato directo o por concurso público. El monto total comprometido en estas causas, supera los $10 mil millones.
Antofagasta
Por orden cronológico, la Región de Antofagasta fue el germen de todo el entramado de eventuales conflictos de interés y corrupción que remece al oficialismo. Todo partió cuando el medio local Timeline reveló que la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, ex-RD y ex pareja de la diputada Catalina Pérez, a quien esta semana el mismo partido le suspendió la militancia, celebró convenios por $426 millones con la Seremi de Antofagasta.
Lo anterior, cuando esta última era encabezada por otro ex militante RD y antiguo jefe de gabinete de Pérez, el ex secretario regional Carlos Contreras.
En consecuencia, la diputada debió marginarse de la vicepresidencia de la Cámara, y actualmente se encuentra haciendo uso de una licencia médica, mientras que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), tuvo que dejar su cargo tras admitir que supo de las posibles irregularidades y que "no alcanzó" a informarle al titular de la cartera, Carlos Montes (PS).
Maule
Mientras Antofagasta estaba en el ojo del huracán, la Fiscalía levantó alertas en la Región del Maule. En esta arista iniciada el 28 de junio, según confirmó el fiscal regional, Julio Contardo, se indagan ocho transferencias desde la Seremi de Vivienda del Maule a la Fundación Urbanismo Social, por un total de $577 millones.
Los cuestionamientos surgieron al observar que quien hasta este viernes estaba a la cabeza de la Seremi, Rodrigo Hernandez (RD), había trabajado durante siete años -antes de asumir el cargo- en la entidad que resultó beneficiada, e incluso había ostentado el cargo de director jurídico. Por lo mismo, esta semana el ministro Montes informó sobre la dimisión de Hernández, ya que habría infringido -según explicó el secretario de Estado- la inhabilidad que pesaba sobre él, al firmar un documento relativo a la ONG Urbanismo Social.
Días antes, el propio Presidente Boric había señalado que la ahora ex autoridad regional no tenía "responsabilidades que pagar".
Los Lagos
El mismo 28 de junio, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer indicó el diario "El Llanquihue" que estaban investigando convenios celebrados por parte del gobierno regional, liderado por el ex DC Patricio Vallespín, que suman $4 mil millones, a las fundaciones Chinquihue, Participa y Kimün. A estas se las asocia con la DC, PPD y la extinta Lista del Pueblo.
El fiscal Marco Muñoz Becker sostuvo -a través de un video- que la investigación pretende "conocer los antecedentes expuestos en ciertos medios de comunicación nacional relacionados al ingreso de recursos públicos desde el Gobierno Regional de Los Lagos a ciertas fundaciones, instituciones, que operan en la región". Esto con el objetivo de "investigar la eventual existencia de comisión de delitos que digan relación con fraude al fisco u otros, en uso de dichos dineros".
Atacama
Posteriormente, el 30 de junio se inició una causa en Atacama, en la que se indaga un traspaso realizado desde la Seremi de Vivienda de la región a la Fundación Comprometidos, que se ha vinculado al PRO. La indagatoria surgió luego de que la diputada Sofía Cid (RN) presentara una denuncia luego de que se supiera que la ONG recibió $190 millones para entregar agua en los campamentos de Copiapó.
Sin embargo, las sospechas sobre esta nueva fundación se deben a que su giro de actividades original era de "actividades en producción de películas cinematográficas" y "actividades de clínicas veterinarias", según registros en el Servicio de Impuestos Internos (SII) que datan de 2019 y 2020.
No obstante, en marzo de este año la organización cambió radicalmente de giro cuando, de acuerdo a la información tributaria del SII, se añadieron dos actividades económicas: "asistencia social" y "fundaciones y corporaciones". De esa manera, Comprometidos se adjudicó un convenio con la Seremi del Minvu de Atacama para una colaboración para el plan piloto de "gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II" por un total de $128 millones, cifra que llegaría a $190 millones en mayo.
Biobío
La quinta arista penal corresponde a la abierta por la Fiscalía Regional del Biobío el 4 de julio pasado. En la zona, y por oficio, se impulsaron dos investigaciones para determinar la existencia de presuntos delitos en los traspasos de recursos públicos hacia dos fundaciones.
En un comunicado, el Ministerio Público señaló que indagará, en primera parte, los aportes recibidos por la fundación Urbanismo Social desde Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).
La segunda está relacionada con la ONG Red Cultivarte, donde se investigarán irregularidades en la asignación de fondos entregados por la Gobernación Regional. Ambas causas estarán radicadas en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, que a su vez, estarán a cargo de la fiscal anticorrupción, María José Aguayo.
La Araucanía
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía de La Araucanía, este 6 de julio recibió una denuncia de un particular en contra del gobierno regional, liderado por Luciano Rivas (Ind-Evópoli) respecto de transferencias presuntamente irregulares otorgadas a la Fundación Local.
Según conoció Emol, la denuncia señala que la gobernación hizo transferencia de $2.113 millones en cinco meses a la entidad, ligada a Pablo Gallardo Burgos, con sede en Reñaca. Los fondos habrían sido traspasados para desarrollar proyecto de reciclaje en la comuna de Padre Las Casas, a pesar de no contar con ninguna experiencia en el área.
La vocera de la fiscalía regional de La Araucanía, Daniela San Martín, sostuvo que "se recibió una denuncia a través de correo electrónico, en la cual se daba cuenta de presuntas irregularidades en el traspaso de dineros que se habrían efectuado desde el Gobierno Regional de La Araucanía, a una fundación de nombre 'Fundación Local'. En este sentido, se dispuso que sea la Fiscalía de Alta Complejidad de nuestra región la que asume la dirección de esta investigación".
Arica
En el caso de Arica y Parinacota, fue este jueves que se dio curso a una investigación de oficio para establecer o descartar eventuales hechos constitutivos de delitos en el traspaso de recursos públicos desde el gobierno regional local hacia una fundación con domicilio en la Región de Coquimbo.
Lo anterior, indicó la entidad persecutora a través de un comunicado, "luego de que mediante redes sociales se denunciara dicha transferencia de fondos públicos, la indagatoria busca determinar si existieron eventuales irregularidades en la asignación de $2.500 millones a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones", agregaron.
Y completaron diciendo que "la investigación quedó radicada en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica, a cargo del fiscal adjunto Carlos Eltit Ortega, quien instruirá las respectivas diligencias investigativas con una policía especializada".
O'Higgins
La Fiscalía de la región de O’Higgins comenzó una investigación por convenios firmados entre la fundación Arquiduc y la Seremi de Vivienda y Urbanismo en 2021, durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.
Se trata de dos contratos por $56 millones y $65 millones que se adjudicaron con el fin de realizar la instalación de luminaria pública en diversas comuna de dicha región. Sin embargo, la fundación no contaba con el giro para realizar dicha función. Según su página web, la entidad se dedica principalmente a temas de educación.
Desde el Ministerio Público confirmaron que "en virtud de diversos antecedentes recibidos recientemente en el contexto de las indagatorias que guardan relación con convenios suscritos por fundaciones con organismos del Estado y pueden revertir carácter de delitos de corrupción y en el marco de una labor colaborativa con la Contraloría General de la República, esta Fiscalía inició una investigación de oficio, la que estará radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad".
Aysén
Este viernes, además, la Fiscalía Regional de Aysén confirmó una nueva investigación por traspasos de recursos desde el gobierno regional y la Universidad Estatal de Aysén hacia las fundaciones Democracia Viva y ProCultura.
De acuerdo a lo informado por el ente persecutor, la indagatoria buscará aclarar presuntas irregularidades en la adjudicación de dineros públicos entre las entidades e instituciones mencionadas.
El trabajo de la Fiscalía regional inició luego de una denuncia realizada por los diputados René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Calisto. Los parlamentarios solicitaron esclarecer la relación entre la universidad estatal y la fundación Democracia Viva, que realizó una escuela de verano para el establecimiento educacional.
Además, se pidió que se investigue respecto a los contratos entre el Gore de Aysén y la fundación ProCultura que habrían significado la aprobación de un traspaso de $ 1.673.000, para la ejecución del Programa "Transferencia Programa Apoyo a familias de zonas Provincia de los Glaciares".
