Un lugar que ha sido profundamente afectado por la crisis de seguridad es el barrio Meiggs, en la capital. Balaceras, muertes, incendios de locales y los toldos azules..., cientos de toldos azules que esconden lo que ocurre en sus calles lo han mantenido como foco de atención.
En la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs afirman que desde la pandemia han catastrado 3.096 toldos azules usados por comerciantes ilegales para instalarse en las veredas. Por estos días, previo a Navidad —época en que el barrio comercial se juega el 27% de las ventas del año—, aseguran que estos han aumentado 60%.
"La situación está terrorífica", dice el director ejecutivo de dicha asociación, Cristián Pizarro. Si bien reconoce que en Meiggs siempre ha existido comercio ilegal, el actual es distinto. "Antes eran ‘pañeros’ que arrancaban cuando venía Carabineros". Hoy, asevera, son locales estacionados y, entre otros artículos, "se venden armas, se venden drogas".
Ese es solo el comienzo para entender lo que pasa en esas calles. Según Pizarro, lo que ha ocurrido allí es una batalla territorial donde mafias se han apoderado del sector y luego "arriendan" parte de las veredas a comerciantes ilegales. "Cobran entre dos millones y cuatro millones de pesos mensuales por el espacio en la vereda en esta fecha (...). Las tarifas varían dependiendo de si están en las calles principales o en las más chicas", sostiene.
Además, cuentan locatarios, grupos organizados ofrecen supuesto resguardo a los locales legalmente establecidos por altos montos de dinero. Son extorsiones que los comerciantes temen denunciar porque “estas mafias están tres pasos adelante de todo. Ellos manejan mucho dinero (...), pueden corromper cualquier organismo", dice uno de ellos. Y si no pagan, arriesgan la seguridad del local e incluso su vida.
"Locales han cerrado porque los han amenazado de muerte; otros, porque los han incendiado. Y otros están pensando en cerrar”, cuenta un locatario.
Según Pizarro, actualmente la vacancia de locales en el barrio es de 12%. Antes, recuerda, "prácticamente no había vacancia. Los contratos se firmaban con años de anticipación".
Las policías y el municipio de Santiago han hecho operativos para sacar los toldos azules, pero estos no han sido efectivos. Los locatarios legalmente instalados han incorporado medidas de seguridad como cámaras y hasta dos o tres guardias por local, para recintos de no más de 40 m2. Internamente se avisan cuando ven individuos que identifican como miembros de las mafias. Porque los conocen, pero les temen.
Por su parte, la Asociación y la U. Católica trabajan en un plan maestro para revitalizar el sector, que está a cuadras de La Moneda y del barrio universitario, y donde hay 5 mil comercios establecidos que dan trabajo a 47 mil personas.
