El Colegio de Profesores convocó a un paro nacional "de advertencia" para el próximo jueves 15 de mayo en el marco de su exigencia de cumplimiento con su "agenda corta".
El anuncio del paro por 24 horas del gremio ocurre en plenas negociaciones con el Ministerio de Educación por la "agenda corta", un conjunto de seis medidas que demanda la agrupación.
Entre sus requerimientos se encuentra la nueva ley de titularidad, mejoramientos a la carrera docente, fortalecimiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), medidas contra el agobio laboral y violencia para docentes, refuerzo del rol del profesor jefe y ajustes en el calendario escolar.
Al respecto el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, mencionó que "tenemos como trabajadores y trabajadoras de la educación (…) un montón de problemas que deben ser resueltos y solucionados. Por eso estamos con el Gobierno exponiendo una agenda corta que son los problemas urgentes que requiere la educación y nosotros como trabajadores de la educación".
Además, agregó que "la educación pública está con gravísimos problemas, el tema de la carrera docente que es un tremendo agobio y no sirve para el desarrollo profesional realmente, tenemos el tema de la violencia, las agresiones, el agobio laboral, el tema de los profesores jefes que no son debidamente reconocidos, la titularidad que se requiere para nuestros docentes que tengan la estabilidad que requieren en el trabajo".
En esa línea, anunció que "por eso el lunes nos reunimos con todos los presidentes regionales para reforzar nuestro plan de acción y hemos anunciado ya un paro nacional preventivo para el próximo 15 de mayo, un paro nacional de advertencia, porque esta agenda corta debe tener soluciones, debe tener respuestas y hasta el momento, esas respuestas no las hemos tenido", exigió.
"Desde ya anunciamos que estamos convocando un paro docente en todo el país. Ese día vamos a tener la primera movilización esperando que surjan las respuestas que como docentes necesitamos para que mejore la educación y mejoren nuestras condiciones de trabajo", cerró Aguilar.
Tras el anuncio, surgieron varias críticas. Desde la Fundación Escuelas Abiertas Chile, expresaron su rechazo al paro y mencionaron a través de un comunicado que "marchar y manifestarse es un derecho legítimo y legal en democracia. Entendemos que existan demandas justas, pero no podemos aceptar que los niños sean quienes paguen el costo de las movilizaciones. Suspender sus clases y privarlos de su espacio educativo para ejercer presión no solo es injusto, también vulnera sus derechos más fundamentales".
La directora ejecutiva de la organización, María Teresa Romero, agregó que "es indignante que una vez más los intereses gremiales de unos pocos pasen a llevar el derecho fundamental de los niños a tener una educación sin interrupciones, donde los más vulnerables siempre son los más perjudicados, dejando de aprender, de recibir su alimentación y de estar en un lugar de protección como es una escuela".
"Es urgente avanzar en nuestro proyecto que está en el Congreso que busca consagrar la educación como un servicio esencial, por lo que instamos a los candidatos presidenciales a tomar esta iniciativa y hacerla parte de sus programas de gobierno para demostrar que la educación está dentro de sus prioridades", cerró Romero.
En esa misma línea, José Manuel Astorga, miembro del equipo de Incidencia de Fundación Pivotes, mencionó que "cada día sin clases tiene consecuencias enormes para la educación y los demás derechos de millones de niños, niñas y adolescentes".
"Por supuesto que las y los profesores tienen derecho a exigir mejoras en sus condiciones laborales, pero no es razonable que un gremio 'advierta' o 'presione' mediante paros ilegales que vulneran un derecho humano esencial como es el derecho a la educación. Por eso es tan importante que se declare el acceso a educación como un servicio esencial, que no pueda paralizarse discrecionalmente y sin consecuencias", concluyó Astorga.
En tanto, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, afirmó que "una vez más observamos como los niños y su educación son usados como herramienta de presión en favor de sus intereses. Ahora, el Gobierno es también responsable. Al haber eliminado las consecuencias de la evaluación docente, y no exigir los descuentos por paros anteriores, ha premiado este tipo de acciones por parte del Colegio de Profesores".
Por su parte, José Luis Velasco, presidente Asociación de Educadores de Chile (Aseduch) comentó que "la convocatoria a un paro por parte del colegio de profesores, una vez más, demuestra lo mezquino de sus intereses. Si bien compartimos algunos de los puntos del petitorio en cuestión, no estamos de acuerdo con esta ni con ninguna paralización de actividades académicas que perjudique a los niños y sus aprendizajes, además de a sus familias. Los mismos que decían estar en contra de los privilegios y los privilegiados, se aprovechan de su posición y utilizan a los niños como escudos humanos para obtener aún más privilegios, buscando la inamovilidad laboral y el financiamiento asegurado".
