Subsecretario de Pesca, Julio Salas y diputado Leonidas Romero (Partido Nacional Libertario).
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El Ejecutivo se comprometió a presentar el próximo lunes una nueva propuesta ante la comisión mixta que busca resolver las diferencias en torno a la ley de fraccionamiento pesquero —eje central de la ley de pesca— con el objetivo de encontrar una alternativa para la licitación de la cuota adicional de jurel, que fue rechazada.
Esta era clave para asegurar el financiamiento fiscal del proyecto, pero con el voto en contra del senador oficialista Fidel Espinoza (PS), la iniciativa no prosperó.
Así, u
na de las opciones que evalúa el Ejecutivo para abordar esta situación es acoger la propuesta del diputado Leonidas Romero, militante del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, quien plantea aplicar un gravamen a las cuotas de jurel cedidas por otros países a empresas chilenas.
Romero explicó que "más de doscientas mil toneladas anualmente llegan a nuestro país de diferentes países. China, Cuba, Perú, y otros. Pagan cero pesos de impuestos, cero pesos. Pongámosle royalty, pues. Han entrado más de doscientas mil toneladas y recaudaríamos más de US$15 millones anuales".
La otra alternativa sería ingresar un veto aditivo al proyecto; sin embargo, ello requeriría un quórum de dos tercios, algo difícil de lograr en ambas cámaras.
Consultado sobre la posibilidad de que la nueva propuesta del Ejecutivo —que aún no se conoce— tampoco cuente con el respaldo parlamentario, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, advirtió que "tendríamos un proyecto deficitario".
Añadió que "yo estoy totalmente convencido que los parlamentarios no tienen interés en generar en contribuir a un déficit de los recursos fiscales y por lo tanto creo que vamos como lo hemos hecho en el trabajo de las 22 pesquerías también vamos a llegar a un acuerdo en esta materia".
La indicación rechazada buscaba aprovechar la posición dominante de Chile en la pesquería del jurel. Aunque el país posee el 66% de la cuota global administrada por la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS), llega a extraer hasta el 85%, debido a que algunos países —ubicados en zonas menos atractivas para la pesca— venden sus licencias asignadas a empresas industriales chilenas. No obstante, estas transferencias no pagan impuestos.
La propuesta original del Gobierno planteaba licitar 15 puntos del 25% de la cuota adicional. No obstante, esta semana, el subsecretario Salas presentó otra versión, que reducía el porcentaje a licitar al 10%. También acortaba el plazo de licitación de 3 a 2 años, y la duración de las concesiones de 20 a 15 años, con vigencia hasta 2040. Sin embargo, esta propuesta tampoco logró el respaldo mayoritario de los legisladores.
El presidente de la comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (FA), señaló que existen dos caminos para resolver la controversia: "Se acoge lo que plantea la industria pesquera, de que hay ciertos derechos históricos y el aumento de la cuota del Jurel se le asigna a las mismas industrias que la ley Longueira le asignó a la cuota del jurel, o establecemos un mecanismo competitivo en donde tan solo un 10% del 25% de aumento de la cuota del Jurel se asigne mediante instrumentos de la economía que facilitan la competitividad, como era lo que se propuso de licitaciones o subastas".
Respecto de la propuesta que presentará el Ejecutivo, el legislador oficialista comentó que "no puedo yo referirme a una propuesta que no conozco porque el Ejecutivo comprometió el día de ayer, el día del lunes próximo a presentarnos una propuesta. Así que con gusto, a partir de conocerla, le hacemos referencia en mayor detalle a su contenido".
