Fue el pasado 28 de agosto que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo desalojar y demoler las viviendas construidas en los terrenos en Quilpué del asesinado empresario Alejandro Correa.
Hoy, a casi 10 meses de dicho fallo, la toma de terrenos sigue vigente.
La familia Correa Uribe acusa desacato por parte del Ejecutivo. Durante este tiempo, su abogada Jeannette Bruna ha realizado varias gestiones, entre ellas solicitar vía ley de Lobby una reunión con la Contraloría General de la República y autoridades del Minvu para agilizar el desalojo,
sin obtener respuesta.
Contactados por el diario La Estrella de Valparaíso, la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Serviu) indicó que ya solicitaron los recursos para la demolición, los cuales se encuentran "en tramitación". Misma respuesta que dieron al medio hace tres meses.
Asimismo, afirmaron que "según lo que estipula el protocolo de Derechos Humanos de la Excelentísima Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado por la familia Correa, al tratarse de un terreno privado".
A través de redes sociales, la hija del fallecido empresario, Valentina Correa, expresó su frustración por esta situación: "Hoy no espero nada de las autoridades del gobierno, ni central ni regional. No cumplieron su palabra ni la orden de demolición dictada hace casi un año".
"Es un claro desacato", denunció Correa Uribe mencionando al ministro de Vivienda Carlos Montes y las cuentas institucionales de la cartera.
