Fiscal nacional, Ángel Valencia.
Aton
El
fiscal nacional, Ángel Valencia, profundizó el análisis en torno al estado de las fronteras del norte del país, a raíz de la fuga de Alberto Carlos Mejía, sicario del empresario de Meiggs, quien fue dejado en libertad el pasado 10 de julio. El sujeto contrató un taxi para llegar hasta el norte, y logró atravesar la frontera de Chacalluta con destino a Perú.
La facilidad que tuvo el sujeto para abandonar el país ha vuelto a levantar las alertas en torno a los controles y tránsito en las fronteras, y la lentitud con la que las instituciones han sido capaz de adecuarse a esta "nueva realidad".
"Hay dos temas que son críticos. El primero, es asumir que en una nueva realidad, tenemos en Latinoamérica un Espacio Schengen de facto. En Europa, el Espacio Schengen es una regla que permite a los ciudadanos de los países de la UE, moverse entre los distintos países sin pasar por la policía internacional, sin pasar por control de pasaporte. Nosotros de facto, en los hechos, una especie de Espacio Schengen entre los distintos países y que ocupan los criminales; no la ciudadanía, sino que aquellos que cometen delitos y pasan por nuestras fronteras de esa manera", expresó el fiscal nacional en conversación con Radio Pauta.
En esa línea, Valencia dijo que desde que asumió en su cargo ha venido insistiendo en que "tenemos un problema con el control de la frontera norte", y mientras "no tengamos el control migratorio de manera más eficaz en la frontera norte, van a seguir saliendo de Chile sujetos con órdenes de detención pendiente y van a seguir entrando a Chile sujetos que no sabemos quiénes son, que pueden haber cometido múltiples crímenes y que tienen órdenes pendientes".
Respecto al sicario, el fiscal comentó que "no es malo que se haya ido por tierra; significa que no es tan fácil subir a un avión para ir hasta el norte y pasar sin ser detectado. Han habido mejoras, este sujeto tuvo que pagar una cantidad importante de dinero para llegar hasta el norte, porque sí, hemos mejorado los estándares, pero nos queda mucho por hacer".
Como segundo factor, el fiscal comentó que existen redes de organizaciones trasnacionales operando en Chile, que tienen actividad criminal permanente, "que son policriminales, es decir, que se dedican a múltiples delitos. Eso es nuevo".
"La ciudadanía ya se ha adecuado a esa realidad, han adecuado su vida. Van en el transporte público tomando resguardo de sus pertenencias distintas a las que tomaban antes, dan instrucciones distintas a sus hijos o hijas en función de estas nuevas reglas, de este nuevo contexto criminal diferente. Sin embargo, en las instituciones públicas estamos al debe", reconoció.
Si bien Valencia enfatizó que se han tomado muchas medidas internas, "hemos hecho cosas, pero falta desde el punto de vista del Estado. No todas las instituciones del Estado hemos adecuado nuestro proceso de trabajo a esta nueva realidad con la intensidad con que debiéramos hacerlo, a diferencia de la ciudadanía".
Consultado por la "red de protección" con la que habría contado el sicario para salir de Chile -según los dichos del propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero-, el fiscal dijo que es "algo de sentido común", en el sentido que "el ciudadano de a pie" no tendría la facilidad para poder ejecutar lo que hizo Mejía.
Toma de huellas
El líder del Ministerio Público también abordó los procesos relativos a la toma de huella de los detenidos, y aclaró que desde 2023 que este procedimiento se realiza. Antes de eso, era "esporádicamente".
De hecho, Mejía estuvo detenido en 2022, "y si en ese momento se le hubieran tomado las huellas, cuando ahora estuvo detenido en 2025, habríamos detectado en el Centro de Justicia que esa persona nos estaba entregando información falsa, pero esas huellas no estaban".
Valencia comentó que se ofició a Gendarmería solicitando información "precisamente porque queremos hacer un chequeo de si se está cumpliendo lo que instruimos en 2023; porque está la instrucción, pero puede ser que alguien no cumplió con su deber o dejó de hacerlo".
