Este viernes consejeros regionales del
Partido Republicano, UDI y Renovación Nacional ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar el
cese en el cargo del gobernador Claudio Orrego.
Según detallaron los 16 cores que firmaron el requerimiento de 180 páginas, el documento se basa en los Informes Finales N° 873-2024 y N° 265-2024 de la Contraloría General de la República, que documentan "múltiples irregularidades que comprometen gravemente el cumplimiento de los deberes del cargo".
En su requerimiento, los consejeros acusan a la autoridad metropolitana de haber incurrido en "notable abandono de deberes" por "ausencia de manuales, controles internos y mecanismos de verificación básicos", además de "concentración de funciones clave sin separación de responsabilidades".
Se suma también "faltas graves a la probidad administrativa", donde critican el uso de recursos públicos en actividades electorales como las "sesiones de coaching por más de $31 millones enfocadas en la campaña de reelección del gobernador".
A esto, agregaron el uso político de redes institucionales que redirigen a su cuenta personal, propaganda "encubierta" en medios oficiales por la "priorización de la imagen del Gobernador en contenidos institucionales", y el uso del sitio web del GORE para su "defensa política" al pronunciarse por los informes de Contraloría.
Las autoridades apuntaron también contra las presuntas irregularidades en la gestión financiera y contable, donde habrían "diferencias contables por más de $21 mil millones, rendiciones duplicadas o triplicadas por más de $1.800 millones, facturas infladas y expedientes incompletos por más de $850 millones, pago de horas extraordinarias no realizadas y contratos por trato directo sin sustento legal por más de $51 millones".
Según detallaron, todo lo anterior constituirían infracciones a la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
Al respecto, Ignacio Dülger, jefe de la bancada de cores del Partido Republicano, sostuvo que "este no es un simple caso de mala gestión o errores administrativos aislados: estamos frente a una serie de errores sistemáticos del aparato público para fines personales e incluso, electorales. La evidencia es clara y la gravedad es inaceptable. Los vecinos de las 52 comunas de la Región Metropolitana merecen saber la verdad".
"El gobernador Orrego y su equipo político usufructuaron del Gobierno Regional transformándolo en una plataforma de campaña personal, vulnerando principios básicos de la administración pública. Es nuestro deber como consejeros regionales republicanos fiscalizar el buen uso de recursos públicos y del Tricel restituir la legalidad institucional destituyéndolo del cargo, lo que debería ser una señal para todas las autoridades en Chile", afirmó el jefe de bancada.
Asimismo, mencionó que "los códigos que se han usado por 30 años en la política ya no corren más, las personas ya no permiten que se sigan realizando las malas prácticas de la vieja política y la exigencia del control de recursos públicos para que lleguen a las personas es absoluto de nuestra parte".
En tanto, el consejero regional de la UDI, Álvaro Bellolio, enfatizó que "el documento que emplaza al gobernador está fundado en el abandono de deberes y faltas graves a la probidad. Los hechos están acreditados en informes de la Contraloría que documentan uso indebido de fondos públicos, coaching electoral y descontrol financiero por más de $6.700 millones".
Bellolio sostuvo que "el escrito ha sido preparado al más alto nivel jurídico, con fundamentos sólidos. Si el Tricel es concordante con su propia jurisprudencia, vamos a obtener el resultado que se solicita en el escrito, y confiamos en que este requerimiento marcará un precedente importante en materia de responsabilidad y probidad, y esperamos contar con el respaldo transversal de los consejeros regionales".
Tras el ingreso del requerimiento, el Tricel deberá notificar a las partes y abrir un proceso para evaluar si corresponde efectuar la destitución del gobernador en caso de acreditarse las causales imputadas.
La defensa de Orrego
Al respecto, el gobernador mencionó que "este es un acto de principio a fin de aprovechamiento político electoral. Es la misma lógica que ocuparon con las acusaciones fracasadas contra el ministro Carlos Montes, la ministra Carolina Tohá y el delegado Gonzalo Durán. Siempre sin fundamentos de hecho y de derecho".
"Yo no voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron por secretaría. Si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen en las urnas", zanjó el gobernador.
En esa línea, apuntó a que "a partir de hoy voy a ejercer mi derecho ciudadano de defenderme como cualquier chileno. Luego de 35 años de trayectoria de servicio público, no voy a aceptar que se siga manoseando mi nombre y mucho menos desvirtuar una historia de servicio marcada por la honestidad, por el trabajo duro y por el trabajo siempre con todos los sectores".
"Yo les digo a quienes me acusan, no me van a amedrentar ni tampoco me van a paralizar. Voy a seguir haciendo aquello para lo cual me eligieron, recuperar la ciudad para las personas y también servir a los más humildes", cerró Orrego.
