Directorio de ADICA. De izquierda a derecha Julio Villarroel, Carmen Nishihara, Cristián Piña, Isadora Rojas y Ricardo Rivano.
El Mercurio
La
Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA) manifestó, a través de un comunicado, su
"profunda preocupación" y rechazo ante la decisión del Gobierno de eliminar, "por primera vez desde 1997, la asignación destinada
a apoyar el pago de escolaridad para las hijas e hijos de funcionarios del Servicio Exterior destinado en el extranjero".
De acuerdo con la misiva, esta medida afecta a más de 100 niñas y niños que acompañan a sus padres y madres en destinaciones que pueden extenderse por hasta cinco años fuera del país, seguidos de solo dos años de permanencia en Chile antes de un nuevo traslado.
Cristián Piña, presidente de la ADICA, aseguró al respecto que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las familias de sus funcionarios públicos, especialmente cuando son destinados fuera del país, en condiciones complejas y exigentes". Y "la eliminación de esta asignación vulnera ese principio básico", complementó.
Piña también explicó que quienes representan a Chile en el exterior son destinados a países con culturas, sistemas educativos y realidades muy distintas, donde muchas veces la enseñanza en el idioma local es inviable, existen restricciones legales para acceder a colegios públicos o se enfrentan procesos de admisión altamente complejos.
Por ello, remarcó que "asegurar la continuidad educativa de nuestras hijas e hijos no es un privilegio, sino una necesidad básica".
Junto con ello, precisó que "este beneficio ha sido respaldado transversalmente durante 27 años por gobiernos de distintas tendencias". Así, la ADICA calificó la medida como "una decisión política injustificada" y subrayó su contradicción con otras decisiones recientes del Ejecutivo.
"Resulta incomprensible que, a meses del término del actual mandato, el Gobierno promueva la apertura de nuevas embajadas y la designación de embajadores políticos -con altos costos para el Estado- mientras se niega un derecho esencial a funcionarios de carrera que han servido profesionalmente a Chile durante décadas, y a sus hijos e hijas", señalaron.
