Si bien se realizaron múltiples diligencias, que incluyeron la toma de declaración de la exministra Maya Fernández y de la exsenadora Isabel Allende, la Fiscalía Regional de Coquimbo decidió no seguir adelante con la indagatoria por la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno.
Recientemente, los investigadores ingresaron un escrito al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en el que comunican que no se perseverará en la causa.
En este caso se investigó un eventual tráfico de influencias y fraude al fisco en el marco de la adquisición de ese inmueble —que se había pactado en poco más de $900 millones—, ubicado en calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia, pero el organismo de persecución penal indica que no se dispone, por ahora, de antecedentes que permitan sostener una imputación contra personas determinadas, sin perjuicio de otras informaciones que puedan surgir.
La causa —cuyas pesquisas dirigió el fiscal regional Patricio Cooper— comenzó de oficio el 8 de enero pasado, dado que existen dos artículos constitucionales que prohíben que autoridades como Fernández y la exlegisladora Allende celebren contratos con el Estado. Se trata del 37 bis y el 60.
Aquello hizo que la hija de Allende fuera destituida por el Tribunal Constitucional (TC) en abril; mientras que su nieta renunció a inicios de marzo, en medio de presiones por el libelo acusatorio que se preparaba en el Congreso.
También debió dejar su cargo la entonces ministra Marcela Sandoval, a quien se le pidió la renuncia de Bienes Nacionales, sin contar a una serie de funcionarios —de Presidencia y otras reparticiones— que presentaron su renuncia.
