El Fiscal Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, abordó la investigación en torno a la reciente tragedia en Torres del Paine, que terminó con la muerte de cinco personas extranjeras.
El persecutor afirmó en entrevista con Radio Universo que el Ministerio Público cuenta con diversas hipótesis, aunque destacó que la investigación apunta al "posible incumplimiento de deberes de cuidado", ya que "el Estado no puede dejar de prestar sus servicios".
Esto debido a que "hay elementos que ya están comprobados en la investigación. Por ejemplo, el día lunes 17 (de noviembre) en la mañana no había guardaparques en el lugar. Eso fue un antecedente que entregó el propio director regional de la Conaf (alude a Mauricio Ruiz)".
En ese sentido, resaltó que "ahí hay un tema importante, que es el principio de continuidad de la administración del Estado, es decir,
el Estado no puede dejar de prestar sus servicios".
El persecutor dijo que no solo se indaga el eventual incumplimiento de funcionarios públicos, sino también la posible falta de empresa privadas. "La administración del parque Torres del Paine es carácter público, pero dentro del parque operan diversas empresas privadas que lo hacen a través de concesiones", dijo el fiscal.
Consultado sobre cuál delito podría imputar el Ministerio Público, Crisosto dijo que "los estándares o los deberes de cuidado deben ser proporcionales a los riesgos o al peligro existente de este circuito de la 'O'", el cual es el más "riesgoso, sensible o peligroso" pues "tiene una extensión de aproximadamente 93 kilómetros dentro de las Torres del Paine, además de contar con lugares muy apartados".
"Por tanto, los deberes de cuidado deben ser de un estándar mucho más alto. Y a partir de eso surgen responsabilidades, como administrativas, que se establecen a través de un sumario administrativo; penales, que se establecen a partir de algún tipo penal en particular; civil, si se establece un incumplimiento, la obligación de resarcirlo los daños a través de algún tipo de indemnización", añadió respecto de los funcionarios públicos.
Sobre las posibles sanciones a empresas privadas que estén eventualmente involucradas en la posible falta, el fiscal precisó que "es un hecho que puede generar responsabilidad penal, civil y también en el ámbito contractual, puesto que esto se regula a través de contrato, los que tienen causales de términos anticipado, que puede ser incumplimiento grave".
Asimismo, afirmó que el eventual del deber de cuidado podría apuntar tanto a los funcionarios "que debían estar en el lugar pero no estaban" como también "a quien emitió los protocolos y los reglamentos que regulan la forma de actuación". "No necesariamente va a afectar al funcionario que está en terreno, también puede llegar a los directivos", planteó.
Transmitió que quienes declaran en la causa, lo hacen en calidad de testigos. Entre ellos está el director regional de la Conaf, quien será interrogado por la Policía de Investigaciones (PDI).
