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Profesoras rociadas con bencina fueron las últimas: Agresiones de estudiantes a docentes aumentan casi un 50%

Las 87 denuncias que van hasta septiembre de este año es la cifra más alta desde el 2018 a nivel país.

06 de Diciembre de 2025 | 09:30 | Por Leonardo Vallejos, Emol
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Las profesores rociadas con bencina son del Instituto Nacional.

Archivo, El Mercurio
La semana pasada causó conmoción la agresión a tres docentes del Instituto Nacional de Santiago. No solo hubo golpes, sino que además encapuchados con overoles blancos les rociaron bencina a las profesoras.

El hecho generó rechazo transversal, tanto del municipio encabezado por Mario Desbordes (RN), como del ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC).

Pero este caso no es aislado. Y no solo se da en el marco de incidentes en liceos emblemáticos.

De acuerdo a cifras de la Superintendencia de la Educación, entre enero y septiembre de este año ya van 87 denuncias de agresiones de estudiantes a personal docente.

De estas, 41 corresponde a establecimiento particulares subvencionados, 28 a municipales y 10 a los que están bajo supervisión de los Servicios Locales de Educación Pública, los SLEP.

En cuanto a regiones, la Metropolitana es la que más registra con 34 eventos, seguida del Biobío con 9 y la de Valparaíso y Maule, con 8 cada una.

Estos 87 casos representan un aumento de 48,6% si se compara con los 53 que había en el mismo periodo del 2024. El año pasado terminó finalmente con 92 denuncias en total.

Y son la cifra más alta en 7 años, solo superadas por los 100 que hubo en todo el 2018.

La voz de la Superintendencia


Para Loreto Orellana, superintendenta de Educación, pese a este aumento, "es importante tener en consideración que estas denuncias representan el 0,5% del total que se recibieron en el mismo periodo".

Detalla que "la Superintendencia cuenta con una categoría más amplia de denuncias, que refiere a las situaciones de maltrato que afecten a toda persona adulta de la comunidad educativa. Dentro de esta categoría, las denuncias por maltrato desde estudiante a personal del establecimiento se ubican en tercer lugar, según cantidad, siendo antecedidas por denuncias de maltrato entre personal del establecimiento, que son 97 entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, y las denuncias de maltrato de personal del establecimiento educativo a madres, padres y/o apoderados, que se ubican en primer lugar desde 2022 en adelante, correspondiendo a 147 denuncias hasta el tercer trimestre de 2025".

Orellana también precisa que "en definitiva, lo que evidencian estas cifras es que las situaciones de maltrato hacia personas adultas de la comunidad educativa han ido en aumento en los últimos años, posterior a la pandemia".

Para María Teresa Romero, directora de la Fundación Escuelas Abiertas, "hay una pérdida grave de autoridad, tanto en las escuelas como en la sociedad en general. La suspensión recurrente de clases, incluida la suspensión de casi dos años durante la pandemia, rompe el vínculo que debe construirse dentro de las comunidades escolares y debilitó la autoridad docente; los equipos directivos están sobrecargados de burocracia, con poco tiempo y recursos para hacerse cargo de construir cultura escolar y dar apoyo y formación socioemocional efectiva y muchos estudiantes reproducen la violencia que viven fuera del colegio. Es el reflejo de un sistema que no está protegiendo a docentes ni estudiantes".

Considera también que "es relevante señalar que, hace poco tiempo, lideres políticos avalaron y promovieron la violencia contra la autoridad, esa actitud frívola y antidemocrática carcome las bases de la sociedad. Los costos los estamos pagando todos, incluidos los profesores agredidos".

Cierra con que "para abordar este problema, todos deben hacerse cargo: En primer lugar, la responsabilidad es del Estado, que debe garantizar condiciones mínimas de seguridad en muchos entornos donde se emplazan los establecimientos; los sostenedores y directivos, a quienes se les ha ido restando autoridad y que deben promover un espacio seguro y con reglas claras; las familias, que deben establecer límites claros y acompañan los procesos formativos; y los propios estudiantes de quienes se espera una actitud de respeto hacia todos los miembros de la comunidad, y en caso de violar reglas de convivencia, asumir las consecuencias de sus actos. Solo cuando cada uno cumple su rol, la escuela puede recuperar el respeto y la seguridad que necesita para enseñar y aprender".