", que ingresará hoy a la Cámara de Diputados, en medio de un intenso debate y varios días de negociaciones para contar con los votos necesarios para su eventual aprobación.
"Es el primer paso en el camino correcto", dijo el Mandatario, quien también aseguró que "es un proyecto que, de aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria".
Recordar que el proyecto fue comprometido a inicios del Gobierno, y contiene un paquete de medidas que apuntarían a evitar que la "estrechez fiscal" impacte a la población, entre otras que ya han generado un intenso debate, como la idea de rebajar el impuesto de primera categoría de un 27% a un 23%.
Fundamentos del proyecto
El proyecto plantea como fundamento que "recuperar el crecimiento económico y abrir oportunidades de desarrollo es un deber con las familias chilenas".
Asimismo, se presenta como un "compromiso serio y técnico para retomar la senda del progreso, con responsabilidad fiscal y visión de largo plazo".
"En definitiva, busca devolver a los chilenos la esperanza de un futuro próspero, siendo claro el objetivo de esta ley: más crecimiento, más inversión, más empleo formal y de calidad, para que los chilenos puedan gozar de los frutos de su trabajo", señala.
Cuatro ejes
El proyecto se estructura en torno a cuatro ejes "orientados a reconstruir la senda del desarrollo nacional". Estos ejes abordan dimensiones complementarias para enfrentar los desafíos del país en materia económica: "reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción institucional y reconstrucción fiscal".
En materia de reconstrucción física, y para dar respuesta a los afectados por los incendios de enero de este año, se propone "la ampliación de los recursos destinados al Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, creado por la Ley N° 21.681, con el objeto de enfrentar la emergencia en Ñuble y Biobío en materia de vivienda y financiar la reconstrucción de 4.429 viviendas: 327 en la región de Ñuble y 4.102 en la región de Biobío".
Asimismo, para "asegurar el financiamiento de la reconstrucción" se proponen medidas tributarias transitorias para incrementar la recaudación fiscal. Entre ellas, un sistema temporal y voluntario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo de 10%.
El proyecto también faculta a los municipios para condonar intereses, multas y renunciar a la acción de cobro de la deuda. En la misma línea de lo anterior, se faculta a la Tesorería General de la República para otorgar facilidades de pago, por un plazo de 180 días, respecto de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025.
Se establece una rebaja temporal del 50% del impuesto a las donaciones cuando estas sean realizadas mediante escrituras públicas suscritas dentro del plazo de un año a contar del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la ley.
En cuanto a la reconstrucción económica, se proponen medidas orientadas a la reactivación, competitividad y productividad en múltiples sectores, junto con ajustes tributarios destinados a reactivar la inversión y su potencial de generación de empleo. Se añade también un subsidio para la protección del empleo formal, y se introduce una exención total del pago de contribuciones para los propietarios de 65 años o más respecto de su vivienda principal.
En cuanto a la reconstrucción institucional, se detalla que "el proyecto busca fortalecer el rol de instituciones clave para el desarrollo de la economía y poner el Estado al servicio de los ciudadanos. Esto implica abordar la llamada 'permisología', introduciendo mayores criterios de proporcionalidad en cuanto a las cargas en titulares. De esta manera, se volverán más razonables las exigencias, haciéndolas acordes al objeto de protección del permiso".
"En esta dirección se proponen cambios en materia de permisos medioambientales y de materias vinculadas al Consejo de Monumentos Nacionales", detallan.
En cuanto a reconstrucción fiscal, el diagnóstico contenido en el proyecto señala que "las finanzas públicas de Chile arrastran un déficit crónico y endeudamiento que compromete la sostenibilidad del Fisco en el mediano plazo. Es así como en 16 de los últimos 18 años Chile ha tenido déficit estructural, y la deuda bruta del Fisco pasó de 5% PIB en 2008 a casi 42% del PIB en 2025. Más aún, en los últimos 4 años, además, se ha deteriorado severamente la credibilidad en la regla fiscal, con tres incumplimientos sucesivos de la meta fiscal sin mediar crisis alguna".
Entre las medidas, se congela por dos años el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad, sin afectar a quienes ya están en él; se elimina la franquicia tributaria SENCE, que cuesta cerca de $300 mil millones anuales al Estado, "sin que exista evidencia concluyente de que produzca un impacto significativo en mejoras en capacitación".
Se incrementa el cupo de beneficiarios de incentivo al retiro; los funcionarios que utilicen licencias médicas de manera frauduletas serán destituidos de su cargo; y se faculta al SII para cruzar datos con otros organismos, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social, para mejorar la fiscalización de beneficiarios de programas sociales, información que también se compartirá con la Dipres.
