A primera hora de la mañana, cerca de las 7.30 horas, el Presidente José Antonio Kast firmó el tan ansiado y anunciado proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional.
En la instancia, el Mandatario señaló que "si bien es un proyecto importante para nuestro Gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. Es un proyecto que, de aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria".
Así, en un texto de 203 páginas de extensión que llegó a la Cámara de Diputados, se contempla un conjunto amplio de medidas que, desde el Ejecutivo,
llaman a leer como "un todo armónico" y no como un menú de iniciativas aisladas.
El objetivo declarado desde La Moneda es romper con una década de estancamiento y llevar al país a un crecimiento del 4% anual hacia 2030, reduciendo el desempleo desde el 8,3% actual al 6,5% y recuperando el equilibrio estructural de las finanzas públicas.
De acuerdo con el informe financiero del proyecto, el efecto fiscal neto durante 2026 —el primer año de implementación— es negativo en $838.430 millones, es decir, 0,09% del PIB. De hecho, se indica que las medidas de recaudación transitoria —la rebaja al impuesto a las donaciones, la repatriación de capitales y los impuestos sustitutivos al FUT histórico— no alcanzan a compensar los costos inmediatos.
No obstante, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sido enfático en defender la sostenibilidad del proyecto. En una entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado estimó que el crecimiento económico compensará la menor recaudación en un plazo de cinco años.
Aún así, Quiroz fue optimista respecto a cuándo las personas comenzarán a sentirlo en su vida, "vamos a sentirlo a fines de este año", siempre que el proyecto se apruebe en el tiempo que estiman.
En tanto, en 2026, las medidas transitorias aportarán $435.283 millones al fisco ($285.154 millones por impuestos sustitutivos, $109.729 millones por el adelanto de herencias y donaciones, y $44.502 millones por repatriación).
Para dinamizar el sector construcción —donde se perdieron cerca de180.000 empleos en los últimos años—, el proyecto exime del IVA la primera venta de viviendas nuevas por 12 meses.
El informe financiero cuantifica ese costo en $422.709 millones en 2026 y $614.356 millones en 2027, para luego desaparecer completamente. Sin embargo, desde el Gobierno reconocen en privado que la rebaja real al precio final para el comprador no será del 19%, sino de entre 5% y, en un máximo y en pocos casos, 13%, porque el IVA aplica únicamente sobre el valor de la construcción, no sobre el terreno, que puede representar entre el 30% y el 60% del precio total de una vivienda urbana.
La medida apunta al stock de 100.000 viviendas nuevas que hoy no encuentra comprador, en un mercado donde los precios subieron 110% en términos reales desde 2008, mientras los salarios crecieron solo 30%.
La madre de todas las batallas
La medida que concentra la mayor tensión política y el mayor costo fiscal es la rebaja gradual del impuesto corporativo, el Impuesto de Primera Categoría, desde el 27% actual hasta el 23%, en un proceso escalonado que comienza en 2027 y culmina en 2029.
Desde el Gobierno la han calificado internamente como "la madre de todas las batallas".
Desde 2027, el informe financiero cuantifica el impacto, $584.409 millones de menor recaudación, $1.200.731 millones en 2028, $1.650.712 millones en 2029 y $1.801.488 millones anuales a partir de 2030, cuando la rebaja esté en régimen.
Son cifras que internamente en el Gobierno reconocían antes de ingresar el proyecto. "El primer año efectivamente vamos a tener saldo negativo", admitían en privado.
En paralelo, la reintegración del sistema tributario —la medida que elimina la obligación de los accionistas de devolver parte del crédito del impuesto corporativo al retirar dividendos— tiene un costo mucho más acotado en el corto plazo de lo que se ha dicho en el debate público.
El informe financiero la cuantifica en cero los dos primeros años, solo $34.977 millones en 2028, $81.963 millones en 2029 y $148.816 millones en 2030. El costo de largo plazo llega a $607.923 millones anuales recién en 2035. Esta gradualidad explica por qué el Gobierno rechaza la cifra de US$810 millones que el gobierno anterior estimó como costo de la reintegración.
El crédito al empleo: el mayor costo inmediato
Paradójicamente, la medida que más pesa sobre el fisco en los primeros años no es la rebaja corporativa ni la reintegración, sino el nuevo crédito tributario al empleo formal.
El informe financiero lo cuantifica en $668.573 millones el primer año, escalando hasta $1.541.502 millones en 2027 y manteniéndose sobre $1.300.000 millones anuales hasta 2030.
Es decir, es la medida más cara de todo el proyecto en el horizonte inmediato, con un costo que va decreciendo gradualmente en el tiempo porque su diseño tiene un tope fijo de 12 UTM: a medida que suba el sueldo mínimo, menos trabajadores quedarán dentro del rango beneficiado y el costo se reduce hasta volverse prácticamente cero en 2050.
El mecanismo apunta directamente a los 235.000 empleadores —principalmente pymes— que contratan trabajadores con sueldos entre el mínimo y aproximadamente $850.000 brutos. En lugar de postular a un beneficio o esperar devoluciones anuales, cada mes esas empresas simplemente pagan menos IVA y PPM en el formulario 29.
Las medidas para financiar la reconstrucción
Para ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios desde los $800.000 millones originales hasta $1.200.000 millones —los recursos para reconstruir 4.429 viviendas destruidas en las regiones de Ñuble y Biobío en enero de 2026—, el proyecto contempla tres mecanismos transitorios.
La rebaja del 50% al impuesto a las donaciones, activa por 12 meses, generará $109.729 millones en 2026 y $153.620 millones en 2027; la repatriación de capitales aportará $40.522 millones este año y $208.999 millones el próximo; y los impuestos sustitutivos para limpiar el FUT histórico contribuirán $285.154 millones en 2026 y $408.124 millones en 2027, para luego invertirse y generar un leve efecto negativo de largo plazo cuando esas utilidades ya no tributen en el futuro.
Además, dentro del balance, la eliminación de la franquicia del SENCE —el mecanismo que permitía a las empresas descontar de impuestos sus gastos en capacitación— genera $31.908 millones de mayor recaudación en 2026 y $296.233 millones anuales desde 2027 en adelante, consolidándose en $415.586 millones al año 15.
El informe justifica la medida señalando que "este gasto tributario implica un costo anual de $300 mil millones al año, sin que exista evidencia concluyente de que produzca un impacto significativo en mejoras en capacitación".
La permisología
Uno de los datos más contraintuitivos del informe financiero es cuál medida genera el mayor efecto de crecimiento proyectado. No es la rebaja del impuesto corporativo ni la reintegración tributaria: es la simplificación de permisos de inversión.
Según las estimaciones de la Dirección de Presupuestos, la reducción de plazos en el sistema de evaluación ambiental y los permisos sectoriales generará un efecto en mayor recaudación de $147.574 millones en 2027, $454.329 millones en 2028, $1.540.603 millones en 2035 y $2.335.650 millones en 2050.
En ese horizonte largo, la permisología supera al efecto proyectado de la rebaja corporativa, que llega a $2.111.461 millones ese mismo año.
El proyecto interviene en cuatro frentes distintos, algunos de los cuales han pasado prácticamente inadvertidos en el debate público. Reducir de dos años a seis meses el plazo para impugnar administrativamente un permiso sectorial ya otorgado.
Segundo, reforma el sistema de evaluación ambiental con un régimen voluntario que limita las adendas, tercero, fija un tope de seis meses para las medidas cautelares que pueden paralizar proyectos con RCA favorable, y cuarto, reforma el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), fijando un plazo fatal de veinte días para pronunciarse sobre hallazgos arqueológicos.
La lógica detrás de todas estas medidas es la misma que articuló el Gobierno en privado, la certeza jurídica no se crea solo bajando impuestos, sino que también se construye garantizando que una inversión con todos sus permisos en regla pueda ejecutarse sin quedar expuesta años después a una impugnación que la paralice o la anule.
De esta forma, desde el Gobierno indican que el peor momento fiscal del proyecto, sin considerar el efecto del mayor crecimiento que provocarían las medidas, ocurre entre 2029 y 2031, cuando el impacto neto sobre el balance del gobierno central alcanza su punto más negativo, $2.900.281 millones en 2030, equivalente al 0,71% del PIB. A partir de ahí, el impacto negativo se estabiliza y comienza a reducirse gradualmente.
El argumento del Gobierno para sostener que el proyecto es fiscalmente responsable descansa enteramente en el "efecto crecimiento", la premisa de que una menor carga tributaria mejora los incentivos a invertir, expande el PIB y genera mayor recaudación base.
Según las estimaciones del informe financiero, ese efecto suma $462.302 millones adicionales en 2027, $1.195.700 millones en 2029 y $4.239.014 millones en 2035. Con ese rebote incorporado, el balance neto del gobierno central se torna positivo recién en 2035, cuando el proyecto generaría un superávit de $1.207.499 millones, creciendo hasta $5.006.729 millones en 2050.
