Los últimos días en torno al futuro de
la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio han sido, por lo bajo, agitados. La decisión del Gobierno de expropiar parte del terreno para dar una solución habitacional a las familias que viven allí ha levantado una dura polémica que incluso podría continuar con acciones políticas como la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda,
Carlos Montes.
Pero para entender todo lo ocurrido la última semana hay que remontarse a un mes atrás. El 4 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a las autoridades ejecutar el desalojo de las 10.251 personas que conforman los 4.136 hogares emplazados en el terreno, en un plazo máximo de 30 días corridos.
El 2 de diciembre, dos días antes de que venciera el plazo dictado por la justicia, la empresa dueña del terreno donde está emplazada la megatoma,
Inmobiliaria y Constructora San Antonio, reclamaba que las autoridades aún no presentaban el plan de desalojo del lugar. Pero horas después, la historia daba un vuelco tras el anuncio del Gobierno de que
expropiará 100 de las 215 hectáreas que constituyen el total del terreno.
"Estamos hablando de cuatro mil familias en donde hay más de tres mil niños. Por esta realidad tan particular que no existe en ninguna otra parte del territorio nacional, es que un desalojo de estas dimensiones sin un plan integral que lo acompañe podrá generar una grave crisis humanitaria, afectando el funcionamiento de una ciudad entera y poniendo en riesgo a muchas personas", afirmó el ministro Carlos Montes.
El titular de Vivienda detalló que se tomó la decisión de expropiar luego de un intento fallido de compra del terreno: "Lamentablemente esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños, debido al precio, a nuestro juicio, exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación. Llegado a este punto hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional".
En ese sentido, explicó que "el Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Ellos ya tienen, las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado".
El monto y el precio de mercado
El miércoles, un día después del anuncio, trascendió que el Estado pagará cerca de $11.000 millones de pesos por la expropiación de las 100 hectáreas, según consignó El Mercurio.
La cifra dista bastante de las manejadas durante las negociaciones de meses atrás, de la cual los dueños del terreno se retiraron al no llegar a un acuerdo. Los propietarios habían presentado a mediados de este año un primer precio de UF 0,69 ($27.354 al día de hoy) por metro cuadrado, pero el Gobierno proponía un valor de UF 0,58 ($22.933 al día de hoy).
Esto significa que, si el Gobierno adquiría la totalidad del terreno en base a la propuesta de sus dueños,
debería haber pagado cerca de $58.800 millones, mientras que si hubiera comprado 100 hectáreas habría tenido que desembolsar
$27.353 millones, más del doble del monto que gastará en la expropiación.
Ahora bien, si la inmobiliaria hubiera accedido al precio ofertado por el Gobierno las 215 hectáreas hubieran costado $48.584 millones, y las 100 hectáreas $22.997 millones.
De dónde vienen los montos
La decisión del Gobierno también desató numerosas críticas. Los principales cuestionamientos van a que, con esta medida, el Ejecutivo está "premiando" a quienes se toman los terrenos de forma irregular y al mismo tiempo ignora a aquellas familias que llevan años intentando conseguir una vivienda a través de los conductos regulares.
Las críticas también crecieron luego de que se supiera que los casi 11.000 millones de pesos destinados a la expropiación corresponden a fondos de proyectos no ejecutados de las regiones de Aysén, Los Lagos, La Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
Según explicó a El Mercurio el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Ministerio de Viviendas y Urbanismo (Minvu),
Andrés Palma, "este año el presupuesto tenía una gestión diferente a los años anteriores:
al traspasar los recursos a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) estos tenían que ser gastados en el año".
En esa línea, recordó que "hasta 2024, podían ser gastados en más de un año, pero ahora, que muchos Serviu vieron que no iban a gastarlos antes del 31 de diciembre, empezaron a devolver esos recursos". Esto fue, entonces, lo que ocurrió "con una compra de terrenos en Coyhaique, del orden de los $4 mil millones; otra en Castro, de aproximadamente $3 mil millones, y otras en las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Ñuble".
De esta forma, "nos vimos con una disponibilidad de recursos que no estaba planificada y que permitió destinar los fondos para San Antonio", explicó Palma.
Ante esto, crecieron los reclamos. "Es inaceptable que el Minvu de Aysén haya devuelto recursos al gobierno central cuando en la región existen proyectos de vivienda en Chile Chico, Puerto Aysén y Coyhaique esperando recursos para compra de terreno. En esta historia alguien miente", dijo a Emol el diputado por Aysén Miguel Ángel Calisto (Ind.).
El desalojo
El otro tema a tener en cuenta es el desalojo. Esta semana, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución presentado por el Gobierno, el cual contempla la expulsión del 50% de la megatoma, correspondiente a los sectores no incluidos en las 100 hectáreas que se expropiarán y que contempla a cerca de 2.200 familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda.
Este desalojo se llevaría a cabo en 2026, aunque aún no hay una fecha exacta. En esa línea, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso,
Yanino Riquelme, aseguró que en el operativo recurrirán a la fuerza pública en caso de que las personas se nieguen a abandonar la zona.
Del mismo modo, el municipio sanantonino trabaja en la habilitación del gimnasio del Colegio España como un albergue transitorio para los desalojados. El recinto tiene capacidad para 38 familias cada tres días.
Por otro lado, el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en la habilitación de otro albergue de menor capacidad.
