El 12vo Juzgado de Garantía de Santiago dictó este martes por la noche prisión preventiva para los 62 formalizados por integrar una red de corrupción al interior de la cárcel Santiago I.
En el marco de la Operación Apocalipsis, 42 funcionarios de Gendarmería fueron detenidos por pertenecer a una organización de crimen organizado. Todos ellos quedaron privados de libertad.
El juez Francisco Ramos dio por acreditado todos los antecedentes formulados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, entidad que solicitó la más gravosa medida cautelar: "En cuanto al éxito de la investigación, cuantificar que la investigación seguía por el persecutor se relaciona con una serie de células criminales que operan desde y hacia el interior de las mismas, con el poder monetario suficiente para corromper el sistema carcelario, por lo que nada asegura que estando en libertad estos mismos imputados ya corruptos puedan complotar para intervenir o intentar ejercer presiones o injerencias en contra de terceras personas, u otros imputados que, por ejemplo, deseen colaborar con la investigación".
"Se decreta la prisión preventiva de todos los imputados sujetos de la solicitud por parte del Ministerio Público, los querellantes, Consejo de Defensa del Estado y Gendarmería", sentenció el magistrado.
La Fiscalía se declaró conforme con la resolución del tribunal al acreditarse todos los delitos imputados a los detenidos: "Se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos, o sea, acreditaron delitos de asociaciones criminales para el tráfico de drogas, ingreso de celulares al interior de los establecimientos, y además, y creo que también es lo relevante, las aristas de infracciones patrimoniales o lavado de activos", dijo el fiscal jefe Occidente, Marcos Pastene.
Según la indagatoria, los gendarmes permitían el ingreso de grandes bolsas con celulares, drogas, alcohol, chips, ropa, comida, carne y otros artículos prohibidos. Incluso, algunos ingresaban productos por iniciativa propia para venderlos a los reclusos.
También facilitaban el ingreso irregular de mujeres para comercio sexual como visitas autorizadas. Para el ingreso, dependiendo del producto, cobraban entre $10.000 y $400.000.
Junto con los detenidos se logró la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas. Las detenciones se efectuaron en las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
