Con un calendario legislativo acotado por el cambio de mando, el Gobierno prevé activar este lunes la tramitación de dos iniciativas clave. Se trata del proyecto de ley de reajuste para el sector público y de la reforma constitucional de Gendarmería.
Ambos proyectos ingresarían al Congreso durante la jornada de este lunes, lo que permitiría iniciar su revisión en comisión en los próximos días. La intención del Ejecutivo es que, una vez superada esa etapa, el proyecto de reajuste pueda ser sometido a votación en la Sala de la Cámara de Diputados durante los primeros días de enero.
El escenario legislativo es estrecho: tanto el Senado como la Cámara Baja dispondrán de un plazo aproximado de cuatro semanas para debatir y despachar ambas iniciativas antes de que se concrete el recambio presidencial, lo que obliga a acelerar las negociaciones políticas y técnicas para lograr su aprobación dentro del período disponible.
Por otro lado, este lunes el comité parlamentario del Senado aprobó poner en tabla la votación de la Ley de Eutanasia para este martes en la Sala. Cabe señalar que el Gobierno había otorgado carácter de tramitación inmediata al proyecto durante diciembre del año pasado.
¿Qué incluye el acuerdo de reajuste del sector público?
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público define una estructura de reajuste salarial escalonada, que considera un aumento nominal de 2% a contar del 1 de diciembre de 2025 y un segundo incremento de 1,4% desde el 1 de junio de 2026.
El proyecto de ley también ha sido blanco de polémicas debido a la incorporación de una serie de normas misceláneas ajenas al reajuste, siendo la más comentada de todas la denominada norma de "amarre", que establece que la no renovación o modificación de contratos a contrata deberá ser debidamente justificada mediante un acto administrativo fundado, lo cual dificultaría las desvinculaciones en pleno cambio de administración.
El protocolo también incorpora los beneficios económicos habituales asociados a este tipo de negociaciones, aunque con montos inferiores a los solicitados originalmente por los trabajadores del sector público. Entre ellos se incluyen los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, el bono de vacaciones y el bono escolar, todos con valores diferenciados según tramos de ingreso.
En detalle, el aguinaldo de Navidad será de $71.206 para quienes registren una remuneración líquida en noviembre igual o inferior a $1.060.493, mientras que para el tramo superior el monto se reducirá a $37.666, considerando remuneraciones brutas permanentes de hasta $3.511.800. En el caso del bono de vacaciones, este alcanzará los $112.915 para el primer tramo y los $56.457 para el segundo.
El acuerdo también contempla un aporte a los Servicios de Bienestar por $170.441, al que se suma un aporte extraordinario adicional equivalente al 10% de dicho monto. En paralelo, se establecen nuevas remuneraciones mínimas nominales para el personal del sector público, fijándose en $564.598 para auxiliares, $628.344 para administrativos y $668.412 para técnicos, cifras que igualmente quedaron por debajo del piso salarial propuesto por la Mesa del Sector Público al inicio del proceso.
En materia normativa, el protocolo introduce una regulación específica para el personal que cumple funciones de asesoría directa en los gabinetes del Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y otras autoridades. Esta norma define criterios relativos a funciones, número de cargos, remuneraciones, inhabilidades y estándares de transparencia, además de establecer disposiciones transitorias para su puesta en marcha.
A ello se suma la ampliación de los incentivos al retiro voluntario, incluyendo normas especiales para funcionarios que no pudieron postular en procesos anteriores, así como medidas destinadas a asegurar la continuidad laboral en casos de reemplazos asociados a licencias médicas de larga duración.
Finalmente, el acuerdo extiende la vigencia del teletrabajo en el sector público hasta el año 2028 para los funcionarios del Gobierno Central, bajo esquemas híbridos y con evaluaciones periódicas. También incorpora disposiciones relativas al funcionamiento de las asociaciones de funcionarios y fija una agenda de trabajo para 2026 en distintas materias laborales.
¿En qué consiste la Reforma Constitucional de Gendarmería?
La reforma a Gendarmería, en tanto, busca que la institución pase a integrarse formalmente al sistema de seguridad pública, quedando bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.
En paralelo, las funciones vinculadas a la reinserción social serán separadas de esa estructura y traspasadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de un nuevo organismo especializado que asumirá dicha labor.
Hay que recordar que la reforma se enmarca en la llamada “Operación Apocalipsis”, una reciente investigación por corrupción que salió a la luz en los últimos días y que mantiene bajo indagatoria a 44 funcionarios de Gendarmería que se desempeñaban en el Complejo Penitenciario Santiago I.
"Espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tienen que haber diferencias políticas", aseguró el Presidente Gabriel Boric al momento de dar a conocer la reforma.
Otros proyectos de ley
En el tramo final de su período, el Mandatario no solo busca priorizar estos dos proyectos de ley, asegurando que aún quedan tareas pendientes. "Como Gobierno aún nos quedan tareas. Sigue en marcha la implementación de la ley de pensiones y continúa el trámite legislativo de dos proyectos importantes, como la Sala Cuna para Chile y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, para terminar de una vez por todas con el Crédito con Aval del Estado”, afirmó el Mandatario.
No obstante, en el Congreso advierten inconsistencias entre ese discurso y la gestión legislativa del Ejecutivo. El proyecto Financiamiento para la Educación Superior en Chile (FES), el cual que pone fin al CAE vio rebajada su urgencia en septiembre, pasando de suma a simple, mientras que la iniciativa de Sala Cuna Universal, pese a los reiterados llamados a aprobarla, nunca ha contado con una urgencia elevada. Ambos textos, además, permanecen entrampados en el Senado.
Algo similar ocurre con la denominada ley corta de reforma tributaria, que contempla alivios en el impuesto territorial para adultos mayores, ajustes al Fondo Común Municipal y la postergación del reavalúo de bienes raíces desde 2026 a 2027. Aunque el Gobierno pretende sacarla adelante, también redujo su urgencia, lo que la sacó de la tabla de la Cámara en la antesala del receso parlamentario, alimentando dudas sobre su real viabilidad antes de marzo.
La rebaja de urgencias se repitió en la reforma al sistema político, originalmente priorizada para el cierre del mandato, pero que pasó de discusión inmediata a simple, permitiendo aplazar su votación en el Senado. A este escenario se suman otras iniciativas que el Ejecutivo aspira a despachar, como la ampliación del subsidio eléctrico, la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide) y el compromiso con la CUT para presentar el proyecto de negociación colectiva multinivel o ramal, todos con tiempos cada vez más ajustados.
