Durante 2026 se desarrollarán juicios de alto interés público, varios de ellos vinculados al ámbito político. Entre estos se encuentran los casos de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y el denominado caso Democracia Viva, que cuenta con siete imputados, o el de Fundación En Ti.
Asimismo, se llevarán adelante causas relacionadas con delitos de connotación sexual, como el proceso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además del juicio contra gendarmes imputados por facilitar elementos prohibidos a internos, además promover el uso de las denominadas "gatitas".
Caso Cathy Barriga
La Fiscalía Metropolitana Oriente cerró la investigación y presentó acusación contra la exalcaldesa de Maipú por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, solicitando la apertura de juicio oral.
La investigación fue formalizada el 18 de enero de 2024. Según el Ministerio Público, entre 2016 y 2021, la imputada habría realizado diversas maniobras defraudatorias destinadas a manipular la disponibilidad presupuestaria municipal, principalmente mediante el abultamiento de ingresos y la subvaloración de gastos.
Estas maniobras habrían permitido financiar la adquisición de bienes y servicios, así como la realización de eventos y actividades de publicidad de su gestión, generando costos multimillonarios y dejando impagas diversas obligaciones municipales.
De acuerdo con la Fiscalía, el actuar de Barriga y de otros imputados que integraban su círculo de confianza habría generado un perjuicio fiscal que inicialmente se estimó en $30.972 millones, cifra que posteriormente se elevó a $33.500 millones, monto cuya cuantía definitiva será determinada mediante auditorías forenses.
En la audiencia de formalización, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos, peritos y coimputados.
Sin embargo, en noviembre de 2024, el tribunal acogió la solicitud de los querellantes -el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Municipalidad y la Corporación Municipal de Maipú- y ordenó la prisión preventiva de la imputada.
Tras una serie de resoluciones judiciales que implicaron su ingreso y salida del recinto penitenciario, actualmente Barriga se encuentra en libertad, bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
Caso Manuel Monsalve
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó la acusación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, solicitando una pena de 14 años de presidio por los presuntos delitos de violación y abuso sexual, los que habría ocurrido en septiembre de 2024.
Según lo expuesto por el Ministerio Público, el 22 de septiembre de 2024, el imputado se reunió con la víctima en el restaurante Ají Seco Místico, ubicado en la comuna de Santiago, donde consumieron alimentos y alcohol.
Posteriormente, la víctima -gravemente afectada por una alta ingesta alcohólica- fue trasladada por el imputado a una habitación del hotel Panamericano, lugar donde Monsalve residía. En horas de la madrugada del 23 de septiembre, el acusado habría cometido actos de carácter sexual aprovechándose del estado de inconsciencia e incapacidad de la víctima para oponer resistencia.
Durante la mañana de ese mismo día, la víctima despertó desorientada, con dolores en la zona genital y la cabeza, sin recordar lo ocurrido, y advirtió la presencia de manchas de sangre y vómitos, además de encontrarse el imputado desnudo a su lado.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó inicialmente la prisión preventiva del imputado tras su formalización. No obstante, luego de 181 días, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa y sustituyó dicha medida por arresto domiciliario total.
Caso Democracia Viva
En agosto, el Ministerio Público comunicó al Juzgado de Garantía de Antofagasta el cierre de la investigación de cuatro aristas del caso Convenios: Democracia Viva, Fusupo, Tomarte y Fibra.
Con ello, la Fiscalía presentó acusación penal contra siete imputados, entre ellos el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras (ex RD), la diputada Catalina Pérez (ex FA) y la exconcejala Paz Fuica (ex RD).
En diciembre de 2023, el tribunal decretó la prisión preventiva de Carlos Contreras y Daniel Andrade, imputados como autores de tres delitos de fraude al fisco.
Según la Fiscalía, los imputados, previamente concertados, suscribieron de manera irregular tres convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva, representada por Andrade, con el objetivo de intervenir en obras menores en asentamientos precarios. Dichos convenios, firmados entre octubre y diciembre de 2022, implicaron la transferencia de $426 millones en fondos públicos.
En febrero de 2025, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó el desafuero de la diputada Catalina Pérez, resolución que posteriormente fue confirmada por la Corte Suprema. Actualmente, Pérez y Andrade se encuentran bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, mientras que Contreras cumple arresto domiciliario total.
Gendarmes
Este martes, El 12° Juzgado de Garantía de Santiago dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a 62 imputados, de los 42 eran funcionarios de Gendarmería.
La fiscalía los acusó de ser autores de los delitos consumados de agrupación criminal, lavado de activos, cohecho (simple y agravado) y soborno por ilícitos que se habrían perpetrados a partir de 2020 al interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana.
En la audiencia de formalización, el magistrado Francisco Ramos Pazó ordenó el ingreso en prisión de los imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.
Además, fijó en 300 días el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, desde 2020 y la fecha de detención, los imputados formaron parte de diversas células criminales, constituidas por civiles, internos y funcionarios de Gendarmería de diversos rangos y funciones, con el objetivo de ingresar a los penales Santiago Uno y Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín de diversos artículos prohibidos, como celulares, alimentos y vestimentas.
Por ellos los integrantes de estas agrupaciones recibieron cuantiosas ganancias.
Asimismo, a través de diligencias de entrada y registro autorizadas por el tribunal, también se encontraron en dependencias de las casas fiscales ubicadas al interior del complejo penitenciario Santiago Uno, cocaína en diversas dosificaciones; y en domicilios de los algunos de los detenidos, armas y municiones no inscritas.
Además, un grupo de civiles desde el exterior, como internos de los penales, ejecutaron diversos actos delictivos, como soborno y cohecho de los funcionarios de Gendarmería para lograr que estos omitieran su labor de custodia e ingresaran en concomitancia, objetos prohibidos por el régimen carcelario.
Lo anterior se realizaba a través de la coordinación de los denominados "jefes de manilla" y "manilleros", civiles organizados que recibían una solicitud interna o externa de los penales, para el ingreso de objetos prohibidos, bandas que también promovían de las denominadas "gatitas", las que, sin enrolamiento, se les permitía el ingreso al penal, para que ejercieran comercio sexual, a cambio de prebendas o de favores sexuales.
Otras formas de obtener dinero, consistía en el denominado "rescate", que permitía a los gendarmes imputados requisar al interior de los módulos de los penales, elemento prohibido en poder de internos, los cuales revendían el mismo u otro recluso; y el "cambio de camiseta", que consistía en alterar la clasificación y lugar de internación de reos previo pago.
Conforme a todo esto, los imputados fueron aumentando sus patrimonios, ejecutaron diversas acciones de diversificación entre cuentas bancarias, utilizaron testaferros, adquirieron propiedades o vehículos, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los ingresos obtenidos, configurando el lavado de activos.
Camila Polizzi
La preparación del juicio oral por el caso Fundación En Ti comenzará el 19 de enero de 2026. Entre los imputados se encuentra Camila Polizzi.
La imputada no entró a prisión preventiva. Sus medidas cautelares han oscilados en arresto domiciliario total y arresto nocturno.
Polizzi, su ex pareja, Sebastián Polanco, y el representante del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Frumisal, Matías Godoy, fueron "acusados por delitos de estafa y además de lavado de activos, se pidieron dos penas de cuatro años, es decir, una pena total de ocho años".
En cuanto a quienes ejercían como funcionarios públicos, se encuentran el exadministrador del Gobierno Regional (GORE) del Biobío, Rodrigo Martínez y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del organismo, Simón Acuña.
La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía del Biobío, María José Aguayo, mencionó que "la acusación fue presentada el 10 de septiembre respecto de 10 de los 11 imputados formalizados. Las penas son distintas dependiendo de los delitos".
La persecutora sostuvo sobre estos que "se pidieron 15 años de presidio mayor en su grado medio y respecto del exjefe de gabinete, 10 años y un día".
Cabe señalar que también están imputados en el caso la madre de Polizzi, Luisa Fonceca; el hermano de su expareja, Diego Polanco, y el exsocio de Godoy, Patrick Carrasco.
Gustavo Gatica
En tanto, Se espera que el 9 de enero se ponga fin a un año de juicio del caso de Gustavo Gatica, por el cual el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, arriesga una pena de 12 años de cárcel.
El imputado es de apremios ilegítimos, con resultado de lesiones graves gravísimas, lo que habría provocado que el hoy diputado electo quedara ciego.
Su defensa afirma que no es autor de los disparos de la escopeta antimotines que lesionó a Gatica el 8 de noviembre de 2019, en el marco de manifestaciones del denominado estallido social.
Con el inicio de los alegatos de clausura, el fiscal de Alta Complejidad Francisco Ledezma advirtió que "la participación punible del acusado quedará de tal modo clara, que su condena se presentará como un paso del todo razonable, por haber intervenido como autor en los hechos materia de la acusación".
Junto con asegurar que se incumplieron protocolos de la misma institución, sobre disparos antidisturbios, que debían realizarse hacia la parte baja.
Trama bielorrusa
Otro caso de relevencia es la "Trama bielorrus", caso por el cual la pareja de la exsuprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están en prisión preventiva. Además, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada en contra de la exministra de la Corte Suprema, por lo que el Ministerio Público está en condiciones de formalizar investigación en contra de ella.
Según la Fiscalía, desde 2022 el imputado Migueles y Vivanco (entonces ministra de la Corte Suprema), mantenían una amistad con los abogados Vargas y Lagos.
En marzo de 2023, los imputados Vargas y Lagos asumieron la representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM), e interpusieron recursos de protección en contra la minera estatal Codelco ante la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Esto pues Codelco -en febrero de 2023- decidió rescindir el contrato con CBM, encargado de las obras del proyecto estructural Rajo Inca en la División Salvador. Este proyecto buscaba extender la vida útil de la división por 47 años. Según Codelco, el consorcio presentó un retraso de doce meses en las obras, completando solo el 23% del avance requerido, además de incumplir normas de seguridad.
Las acciones judiciales fueron rechazadas el 13 de junio de 2023. Tres días después, 16 de junio de 2023, Lagos recurrió ante la Corte Suprema.
En la vista de la controversia trabada entre Codelco y CBM ante la Corte Suprema, la entonces ministra Vivanco intervino y resolvió a favor de CBM tanto el recurso de apelación como en las posteriores peticiones de ejecución, con infracción a sus deberes estatutarios como magistrada del máximo tribunal, en la medida que no declaró su inhabilidad de oficio respecto de los imputados Vargas y Lagos.
Esto obligó a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados imputados, quienes -parte de esos recursos- dieron beneficios económicos a la entonces ministra y su conviviente.
