Sin anuncio público,
el Ejecutivo reactivó el proyecto de la denominada "educación sexual integral" que dormía en la Cámara Baja, reviviendo un complejo debate del sector y obligando a su despacho en un plazo de 30 días, mediante una urgencia simple. La calificación fue ingresada el 15 de diciembre y recae sobre el proyecto de origen parlamentario que modifica la Ley N° 20.418 en prevención del abuso sexual infantil", entre otros argumentos, iniciativa que se encuentra en primer trámite constitucional. El proyecto busca consagrar "legalmente el derecho humano de niños y jóvenes a recibir educación sexual durante todo el ciclo educativo, con contenidos aprobados y pertinentes a la edad, al nivel educativo y al grado de desarrollo de sus receptores y basados en evidencia científica actualizada, incorporando como uno de sus principales objetivos, la prevención del abuso sexual infantil". La priorización de esta materia por focos sensibles del sector genera algunas dudas, sobre todo posterior a la entrega de los resultados de la PAES, donde la educación pública sigue sin repuntar y la brecha que existe con los establecimientos pagados no aminora.
