Alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA) y exalcaldesa Virginia Reginato
ATON y El Mercurio
La alcaldesa de Viña del Mar,
Macarena Ripamonti (FA), se refirió al juicio de cuentas iniciado por la Contraloría General de la República, el cual menciona la eventual restitución de más de mil millones de pesos por parte de la exalcadesa Virginia Reginato (UDI), a raíz de las pérdidas financieras generado en la Corporación Municipal de la Ciudad Jardín.
Según señaló la jefa comunal, la cifra mencionada refleja un "daño severo a las finanzas municipales", con efectos directos en su funcionamiento. A su juicio, se trata de un daño relevante que ha afectado la capacidad de la administración para ejecutar obras, sostener servicios esenciales y responder adecuadamente a las necesidades de las personas.
Por otro lado, la defensa de Virginia Reginato rechazó cualquier irregularidad. Su abogado, Claudio Uribe, sostuvo que la exalcaldesa no enfrenta representación en el ámbito civil y que el juicio de cuentas corresponde a una solicitud más de la Contraloría. "Doña Virginia no ha cometido irregularidad alguna, tal como ya lo han señalado distintos tribunales civiles y penales",aseguró.
Ripamonti enfatizó que el juicio de cuentas debe entenderse como un procedimiento institucional y jurídico, orientado a determinar responsabilidades personales cuando "el uso de recursos públicos no se ha ajustado a la ley"."Estos procesos no son políticos ni comunicacionales" destacó.
La alcaldesa aseguró que la actual administración colaborará "activamente con los organismos fiscalizadores, facilitando el acceso a información y reforzando los controles internos", con el objetivo de transparentar la situación y para que no vuelva a ocurrir algo así.
Uribe añadió que la exalcaldesa confía en que las investigaciones pendientes concluirán confirmando su inocencia, descartando responsabilidad personal en los hechos de los cuestionados.
Finalmente Ripamonti sostuvo que este proceso confirma la necesidad de ejercer la función pública con "responsabilidad patrimonial,ética y jurídica". Enfatizó que cuando esos principios fallan, "el Estado debe actuar, y cuando el Estado actúa las instituciones deben estar a la altura, con firmeza, seriedad y un compromiso irrestrico con el interés público".
