Adultos mayores de distintas regiones del país denuncian la suspensión del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual se produjo por supuestamente haber permanecido fuera del país por más de tres meses. Los afectados acusan que no han salido del territorio nacional, por lo que la cancelación del beneficio se trata de un error.
Según consignó 24 Horas, cerca de 13 mil beneficiarios fueron notificados mediante carta por el Instituto de Previsión Social (IPS) sobre el cese del beneficio, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) reportara al organismo eventuales salidas del país por parte de los afectados.
Según los registros de la PDI, estos beneficiarios habrían permanecido más de 180 días en el extranjero, incumpliendo el requisito de residencia. Sin embargo,
los afectados aseguran que no han cruzado la frontera en años.
De acuerdo con La Estrella de Valparaíso, quienes han resultado perjudicados con esta situación se han organizado a través de redes sociales y grupos de mensajería, reuniendo casos desde Arica hasta el sur del país. Si bien la agrupación ya evalúa acciones legales por los perjuicios causados y la posible vulneración de datos personales, el foco principal hoy es la urgencia de restituir los dineros.
Miguel Toledo Alegría, director regional del IPS ChileAtiende Valparaíso, abordó la controversia explicando que la suspensión es un mandato legal automático cuando la entidad fiscalizadora (PDI) informa de la salida del país y el no retorno.
"Obligatoriamente, por ley, se debe revisar anualmente el cumplimiento de la permanencia en el país de las personas, lo que es una exigencia de las entidades fiscalizadoras", señaló la autoridad.
Toledo reconoció el problema: "Más allá de esto, como institución hemos tomado conocimiento de los casos que han consultado y nos ponemos en el lugar de esas personas. Por supuesto que trabajaremos con la mayor celeridad posible, y en conjunto con PDI, para revisar la información de estas personas".
