La indagatoria del caso Procultura ha sido dirigida por tres fiscalías regionales distintas, una situación que según expersecutores del Ministerio Público puede tener repercusiones en la investigación, más allá del contenido del expediente propiamente tal.
Esto cobra mayor relevancia luego del revés sufrido por la fiscalía, tras la denegación de prisión preventiva de la plana mayor de la fundación, el martes.
A fines de 2023, la investigación de Procultura quedó a cargo de Carlos Palma, entonces fiscal regional de Aysén. Sin embargo, el expersecutor apareció mencionado en los chats de Luis Hermosilla, abogado imputado en el caso Audio. Dichos antecedentes dieron cuenta de que Palma habría entregado información a Hermosilla respecto de algunas causas, lo que derivó en su suspensión y posterior salida del Ministerio Público, una vez expirado su período.
Antes de ello, los cuestionamientos a Palma ya habían llevado a que, a mediados de 2024, la indagatoria fuera traspasada al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. No obstante, su participación en el caso terminó de manera abrupta, luego de que insistiera en mantener una interceptación telefónica realizada a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, imputado en la causa.
A raíz de ello, la defensa interpuso recursos que fueron revisados tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema, las que resolvieron eliminar dicha diligencia de la carpeta investigativa, así como los antecedentes que eventualmente se hubiesen obtenido a partir de las escuchas.
Tras ese revés judicial, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió reasignar la causa al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
Ex fiscales
El abogado José Antonio Villalobos, exmiembro de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, señaló a Emol que "siempre el cambio en la dirección de una investigación termina teniendo algún efecto en el resultado de la misma".
A su juicio, tras dos cambios de liderazgo en la indagatoria, el fiscal regional de Antofagasta recibió la causa y "tiene que tomarse un tiempo para designar un equipo investigativo, analizar los antecedentes, y ahí va transcurriendo un período que finalmente termina beneficiando a los imputados".
"Me parece que, en ese sentido, el cambio de fiscales y el tiempo transcurrido en la investigación van mermando la misma y terminan favoreciendo a los imputados", añadió.
Consultado sobre las distintas tesis investigativas que pudieron haber impulsado los fiscales a cargo del caso, Villalobos explicó que el Ministerio Público es un solo órgano, por lo que los persecutores "deberían tener más o menos una línea única", aunque reconoció que cada fiscal "tiene una mirada particular y personal de cómo debiera avanzar la investigación".
"La Fiscalía Nacional no puede dar instrucciones para que una investigación avance en una dirección determinada", precisó, destacando que "el tiempo de duración de la causa ha terminado colaborando en beneficio de los imputados, quienes han estado disponibles para la investigación, han declarado y han sido objeto de diligencias, lo que finalmente fue considerado por el juez para no decretar la prisión preventiva, que pareciera ser una medida extrema cuando ya llevamos más de dos años de investigación".
Por su parte, el exfiscal Carlos Gajardo, quien participó en investigaciones emblemáticas como los casos Penta y SQM, sostuvo que "me parece evidente que cuando hay muchos cambios en la tramitación de una causa, ello termina afectando una investigación eficiente".
"Eso ha ocurrido en el caso Procultura, donde una causa cuya jurisdicción natural era Santiago ha sido investigada sucesivamente por tres fiscalías regionales distintas, lo que provoca una ralentización de la investigación y afecta el éxito que esta pueda tener", agregó.
Respecto de si las defensas podrían verse beneficiadas por los sucesivos cambios de fiscales, Gajardo indicó que “cada cierto tiempo un nuevo equipo se hace cargo de la causa y debe comenzar a estudiar el expediente prácticamente desde cero, lo que puede implicar no coincidir con diligencias ya realizadas. Todo eso, por supuesto, termina favoreciendo a los imputados”.
En tanto, Diego Palomo, especialista en Derecho Procesal y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, subrayó que “inicialmente sí es un problema, porque cada fiscal debe revisar antecedentes y estas macrocausas son gigantescas, de más de 200 mil páginas, con mucha evidencia, por lo que naturalmente se requiere tiempo”.
"Además, hay que considerar que las decisiones en este tipo de causas no siempre son exclusivas del fiscal regional, ya que se trabaja con unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, como la Unidad Anticorrupción, lo que también extiende los plazos", complementó.
Con todo, Palomo concluyó que "en cuanto a las decisiones estratégicas, este tipo de supercausas suelen resolverse de manera conjunta con criterios y apoyo de la Fiscalía Nacional, por lo que probablemente lo que habría hecho Cooper es similar a lo que hoy está haciendo Castro. En ese sentido, no es tan efectivo afirmar que se pierde completamente el trabajo previo".
