Según datos entregados por el Ministerio Público, las denuncias por el uso malicioso de tarjetas de crédito se triplicaron el año pasado y de las 98.336 investigaciones de 2024 se pasó a 304.769 en 2025. "Este fenómeno se encuentra estrechamente vinculado a la masificación de la adquisición de bienes y servicios a través de plataformas digitales, la que si bien ha facilitado el acceso al comercio electrónico, también ha incrementado la exposición de los usuarios a fraudes", plantea la Unidad especializada en delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional. De acuerdo a Fiscalía, a lo anterior "se suma la existencia de medidas de seguridad insuficientes y la falta de una regulación adecuada respecto de las empresas que prestan estos servicios, circunstancias que han generado un entorno propicio para la comisión de este tipo de ilícitos". En cuanto a las dificultades de las investigaciones, están en la falta de regulación y de fiscalización de las empresas que prestan servicios asociados a medios de pagos electrónicos. Esta carencia obstaculiza la identificación de los responsables.
