A menos de dos semanas del cambio de mando, el Gobierno ingresó un veto sustitutivo a la recientemente aprobada Ley Integral de Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, normativa que había sido respaldada por unanimidad en el Congreso el pasado 5 de enero.
La decisión fue comunicada durante una reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por la ministra Javiera Toro, donde se informó que el Ejecutivo objetó los artículos 15 y 29 del proyecto, ambos relacionados con materias laborales.
La ley, que debía ser promulgada a inicios de este mes, buscaba fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores y fue fruto de un proceso de tramitación que se extendió por cinco años, con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Luego de que la iniciativa se aprobara en la Cámara Baja, la ministra Javiera Toro aseguró que "esta Ley representa un avance que cambia la forma en que el Estado se relaciona con las personas mayores. Pasamos de una lógica que asociaba la vejez casi exclusivamente a la fragilidad, a un enfoque de derechos donde se les reconoce como sujetos activos y con plena capacidad de decisión. Con este marco legal, aseguramos que la dignidad y la autonomía se ejerzan en la práctica, construyendo una sociedad que valore a las personas en todas las etapas de la vida".
Cuestionamientos de agrupaciones
Tras conocerse el veto, agrupaciones que impulsaron la iniciativa manifestaron su rechazo, cuestionando tanto el fondo como el momento en que se adoptó la medida.
Eduardo Toro, director de Conecta Mayor UC, sostuvo que "esta decisión del gobierno es muy desafortunada. Más allá de los argumentos del Ejecutivo, lo que no tiene explicación es que se presente este veto como un recurso de última hora, ad portas de dejar La Moneda, después de haber participado activamente de la tramitación del proyecto durante los últimos 4 años".
Asimismo, agregó que "será clave la definición que tome el próximo Gobierno, para que la promulgación de esta nueva Ley, que va en beneficio de las personas mayores, no se dilate indefinidamente".
En la misma línea, el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hans Rosenkranz, afirmó que "este es un golpe muy duro para las organizaciones que han trabajado incansablemente para lograr su aprobación. Existe profunda molestia y desconfianza. No hay que olvidar que esta ley es por el bienestar de las personas mayores".
Sobre los artículos objetados, precisó que "ya fueron abordados con argumentos de todas las partes y se decidió aprobar unánimemente en el Congreso. Por eso, más que correr detrás de un veto, se requiere de una discusión profunda que ofrezca soluciones a la baja participación laboral y alta informalidad que experimentan las personas mayores en el trabajo".
Por su parte, Beatriz Urrutia, directora ejecutiva de Fundación Grandes e integrante de la Mesa de Personas Mayores, señaló que "es desconcertante y desalentador para quienes trabajamos desde la sociedad civil por la promulgación de la ley esta falta de compromiso a último minuto, siendo un proyecto largamente esperado por todos. Fueron cinco años de discusión y el gran triunfo fue poner a todas las partes de acuerdo para que fuera aprobada unánimemente. Este veto echa por tierra todo ese esfuerzo".
