La
ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrenta por estos días varios flancos en torno a las decisiones que ha tomado con dos semanas al mando de uno de los ministerios más importantes en la narrativa de seguridad del actual gobierno.
Y es que el "gobierno de emergencia" tiene como eje el tema de la seguridad, especialmente relativo al combate a la migración irregular y el crimen organizado.
No obstante aquello, se han tomado una serie de decisiones que han resultado foco de cuestionamientos hacia la ministra, quien además se ha visto involucrada en la polémica por la salida de la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, prefecto general Consuelo Peña.
A ello, se suma lo revelado por el medio Ciper, donde se detalla que un asesor del Ministerio de Seguridad, ex funcionario del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, fue identificado por Contraloría como uno de los 30 trabajadores de esa repartición que salieron del país mientras contaban con una licencia médica.
"Tengo una misión ambiciosa: recuperar el Estado de Derecho", dijo Steinert a Reportajes de El Mercurio el pasado 22 de marzo, con 10 días de gestión.
En esa oportunidad, anunció una suerte de fast track legislativo para presentar al Congreso, pero esta semana, cuando se concretó su participación en la Cámara, varios anuncios generaron controversia, especialmente el relativo a cómo se ejecutaría el recorte del 3% del presupuesto, que corre por igual para todas las carteras.
Así las cosas, hoy la ministra enfrenta cuestionamientos a la forma en que ha encarnado su rol -incluso con críticas que la tildan como "débil" en las distintas materias que ha expuesto en el Congreso-, y peticiones de que sea removida de su cargo.
Salida en la PDI
Durante su primera semana tras asumir como ministra de Seguridad, Steinert envió un oficio al director de la PDI, Eduardo Cerna, pidiendo explicaciones por los traslados de cuatro funcionarios policiales que trabajaban con ella en una investigación cuando ella era fiscal regional de Tarapacá.
Esos traslados los había decidido la entonces subdirectora de Inteligencia y tercera antigüedad de la PDI, Consuelo Peña. Una semana después, Cerna la llamó a retiro.
Algunas voces señalaron que habría sido Steinert quien pidió a Cerna la salida pidió la salida de Peña, por las diferencias que se generaron en torno a esa indagatoria en Iquique.
Steinert se ha defendido señalando que "no tengo rencillas con nadie", que la decisión de remover a Peña fue "institucional".
Además, en medio de los cuestionamientos de parlamentarios, como el del senador Iván Flores (DC), quien la emplazó a "decir la verdad" e incluso pidió su salida, Steinert dijo: "esta fue una decisión institucional, pero insisto, yo ya estoy en otra. Lo que quiero es trabajar por el país".
Según se conoció, el miércoles la secretaria de Estado tuvo una reservada reunión con el director de la PDI, Eduardo Cerna, según publicó La Tercera. La cita habría durando menos de 30 minutos y no se habría abordado el tema de la salida de Peña.
Recortes en el ministerio
La instrucción del Gobierno de realizar recortes del 3% rige para todos los ministerios, no obstante, los afecta en diversa magnitud.
En el caso de Seguridad, la ministra y su subsecretario, Andrés Jouannet, informaron a Congreso en qué programas o áreas de la cartera se aplicarían los recortes.
Jouannet detalló que las restricciones presupuestarias sumarían $72 mil millones este año, y afectaría áreas de asignaciones policiales y convenios con otros ministerios e instituciones.
En el detalle de recortes, se informó que en el programa de seguimiento de causas judiciales se van a disminuir $10 mil millones; en el Plan Nacional contra el Crimen organizado, $583 millones y apuntaría fundamentalmente a un convenio con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); en el Plan Calles sin Violencia, re recortarán $1.787 millones, "fundamentalmente de montos suscritos con las policías; ahí vamos a detallas después lo que significa", dijo Jouannet.
También se reducirá el proyecto Barrios Prioritarios, con $3.525 millones. Se trata de un convenio que existía con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Respecto al convenio con Carabineros, se va a reducir el gasto del personal en $11 mil millones. Además, en materia de bienes y servicios de consumo de Carabineros, la rebaja presupuestaria es de $4.700 millones, lo que impactará en el desarrollo de operaciones habituales, como mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos.
El subsecretario agregó que en cuanto a vehículos, "Carabineros nos ha propuesto una rebaja de $33.271 millones, que afectará directamente a la ejecución naturalmente del Plan Nacional contra el Crimen Organizado".
Respecto a proyectos de inversión, se pospondrán $1.057 millones para el próximo año, y también habrá una disminución para el hospital de Carabineros de $1.583 millones, relativo a gasto de personal.
Respecto a la PDI, la disminución será de $16.669 millones. En el gasto de personal serán $13.266 millones. Respecto a la Agenda de Ciberseguridad, la disminución va a ser de $143 millones.
"Posicionamiento débil"
Tras la exposición, algunos parlamentarios cuestionaron la conducción de Steinert, e incluso afirmaron que Jouannet "parecía ministro". La diputada del PNL, Gloria Naveillán, expresó su preocupación por la disminución de presupuesto de personal para vehículos policiales.
En tanto, el diputado PC, Bernardo Salinas, dijo que causa "extrañeza", que haya una ministra "tan débil en metiera de lo que ha respondido hoy en la comisión".
Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS), en conversación con Emol, coincidió en que Steinert "tuvo un posicionamiento muy débil" y cuestionó que en la sesión no salieron señales concretas o nuevos desafíos en materia de seguridad".
"Lo más destacable son dos aspectos, el primero es el lamentable e inconcebible recorte presupuestario en materia de seguridad, son más de $72 mil millones. Esto es muy complejo, porque no solo afecta el desarrollo del ministerio, sino que también la labor de las policías y algo que también se plantea, que es igualmente complejo, es el recorte al Ministerio Público", agregó.
Leiva también tildó como "complejo" la problemática en torno al retiro de la jefa de Inteligencia de la PDI. En ese sentido, sostuvo que "del punto de vista operativo, institucional, el que una ministra de Estado emita o haga un requerimiento de información de esa naturaleza y por escrito, teniendo a su disposición muchas otras alternativas, incluso ley de inteligencia y lo haga al segundo día en que estaba en el cargo, llama profundamente la atención".
Retiro de reglamento por Seguridad Municipal
Ayer se conoció que Steinert ordenó el retiro de siete reglamentos que habían sido ingresados a la Contraloría durante los últimos días del gobierno anterior.
Entre los documentos retirados está el que crea el Sistema de Identificación Balística, que permite rastrear municipios y fortalecer la investigación de delitos cometidos con arma de fuego; y el decreto que establece la estructura interna del Ministerio de Seguridad; y el reglamento para una actualización de la Ley de Seguridad Privada.
Uno de los retiros que más ha llamado la atención es el relativo al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, la que fue ingresada a Contraloría un día antes del cambio de mando. El reglamento es clave para la implementación de la ley, que entre otras materias, incluye el uso de pistolas taser para los inspectores municipales.
Sobre el retiro, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra Bassa (Ind.), comentó que "nos parece razonable que el Gobierno revise este reglamento antes de su implementación, especialmente si no recogía adecuadamente la realidad de los municipios".
"La seguridad es una prioridad, pero también es clave que las herramientas que se entreguen sean claras, viables y seguras para nuestros funcionarios. Esperamos que este proceso permita mejorar la normativa, sin retrasar innecesariamente soluciones que los vecinos están esperando con urgencia", sostuvo.
Asesor involucrado en caso licencias médicas
Este viernes se sumó otra complicación para la ministra de Seguridad, luego que el medio Ciper revelara que su asesor, Francisco Chambi, figura en la lista de funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras contaban con una licencia médica.
El asesor habría realizado dos viajes a Perú, en noviembre y diciembre de 2024, mientras contaban con este permiso legal para reposo, mientras se desempeñaba en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
Cuando el Gore abrió un procedimiento legal en esa oportunidad, el funcionario ya había dejado su cargo, por lo que fue sobreseído. En julio de 2025, Chambi aterrizó como jefe de gabinete de Steinert en la Fiscalía Regional de Tarapacá, y luego migró con ella en su cargo como ministra de Estado.
Según detalló el citado medio, desde la cartera de Seguridad señalaron que los viajes de Chambi a Tacna se realizaron por un procedimiento dental. "Se revisó la documentación para su ingreso y como fue sobreseído no hay impedimento para no poder integrar el ministerio", señalaron.