"La explotación sexual es un mercado donde no está regulado (...) por lo tanto, sigue siendo lucrativo, por ejemplo, para el Tren de Aragua, que es una de las vías que le genera mayor cantidad de ingreso económico".
Esa fue la advertencia que hizo en mayo de este año el fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y líder del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en Chile.
El fiscal también comentó que este fenómeno está asociado a otras dinámicas delictuales, como la migración irregular, los secuestros y los homicidios.
En junio, a raíz de la Operación Tokio -que detectó una red de lavado de dinero proveniente de extorsiones, prostitución, secuestro, tráfico de drogas, contrabando, y otros delitos del Tren de Aragua-, el fiscal volvió a alertar sobre el mercado sexual y la casi inexistente regulación en el país.
En conversación con
EmolTV, el persecutor aseguró que Chile se ha convertido en un "terreno fértil" en esta materia. "
Mercados que nuestra delincuencia nacional no utiliza, como el mercado de la explotación sexual, ahora el Tren de Aragua lo controla completo".
Este escenario genera un desafío que aún no se enfrenta en la institucionalidad y que deja una cadena de consecuencias: con escaso o nulo control, se abre un nicho que ya está ocupado por el Tren de Aragua y que dificulta la investigación y persecución penal de estos ilícitos.
Asimismo, el solicitar estos servicios no sólo implica riesgos para las personas, al exponerse a eventuales secuestros o extorsiones, además fomentan este negocio ilegal.
Un debate de larga data
En 2024 el debate sobre cómo abordar el tema se instaló con relativa fuerza, cuando en marzo de ese año la Contraloría ofició a policías, municipios y Delegación Presidencial para que detallaran las acciones que realizaban para fiscaliar este tipo de actividades.
En abril de ese año, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, propuso la creación de un barrio rojo en Santiago. El fin era combatir la prostitución en la ciudad -y las incivilidades asociadas-, y si bien hoy el escenario resulta mucho más amplio con el "control" de este mercado por parte del Tren de Aragua, era un "punto de inicio".
"Lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, y nunca ha habido la voluntad política de discutirlo, ya que lo apuntan como una persona que está validando la prostitución", se defendió el gobernador ante las críticas.
En 2025 el tema tomó fuerza nuevamente luego que el exalcalde de Maipú, Gonzalo Montoya, fuera secuestrado tras contactar a una mujer de nacionalidad extranjera por una aplicación de citas. Cuando se reunió con ella, en la comuna de Santiago, un sujeto la acompañaba. Los secuestradores pedían $20 millones para liberarlo y lo retuvieron por tres días.
De hecho, la discusión ya había surgido en 2019, cuando el ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se mostró partidario de la idea.
El entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también aseguró a Radio Universo que "no tenía drama", con que existiera un "barrio rojo". Consultado por si podría instalarse uno en Recoleta, respondió que "Nosotros tenemos una especie de barrio rojo que es Bellavista, lo conocen hace mucho tiempo, ahí se concentra la bohemia, los restaurantes, las fuentes de soda, discotecas". Y añadió: "Se regula, pero efectivamente se podría hacer y discutir, yo creo que es parte de la realidad".
Siete años después, Bellavista se convirtió en uno de los "terrenos" ocupados por los negocios ilícitos del Tren de Aragua, especialmente dedicado a las extorsiones a locatarios nocturnos, tal como lo develó la Operación Tokio liderada por Barros. Estos clubes nocturnos, además, funcionan como prostíbulos.
Cómo opera el mercado sexual ilegal
En conversación con Emol, el fiscal Barros da cuenta del modus operandi del Tren de Aragua para captar a mujeres para posteriormente ingresarlas al "lucrativo mercado de la explotación sexual".
"Es tan lucrativo que ellos siempre se mandan flyers o trípticos, que lo que buscan es incentivar que personas, mujeres, en este caso, vengan a Chile a ejercer la prostitución", sostiene.
45%de la tarifa que se cobra por estos servicios queda en manos del Tren de Aragua
En esos afiches les garantizan tener una vivienda, les dicen que les darán protección, y les aseguran que los ingresos que tendrán acá son altos y que van a estar protegidas por la organización.
"Los antecedentes que nosotros manejamos respecto a esto es que alrededor del 45% de la tarifa que cobra una mujer por los servicios sexuales van a parar finalmente a manos del Tren de Agua, lo transforma en una fuente de ingreso bastante relevante junto al tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, las estafas telefónicas y los fraudes con tarjeta de crédito", sostuvo.
Esta realidad no sólo afecta esencialmente a mujeres adultas, sino que también preocupa la trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA). El último informe de la Defensoría de la Niñez -presentado ante la Cámara de Diputados en abril de 2025- muestra que el total de victimizaciones de NNA por delitos identificados como crimen organizado han ido al alza, y en su mayoría son tráfico y trata de personas, robos y secuestros, y sustracciones.
El informe muestra que en 2022 y 2023 se lograron identificar a 2.184 víctimas conocidas por Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) en denuncias ingresadas al Ministerio Público, tanto en formas físicas como digitales.
De estos casos, 1.024 fueron identificadas como víctimas en contextos de denuncias producto de la explotación sexual y/o facilitación de esta. Las regiones con tasas más altas fueron Magallanes, Arica y Parinacota, Los Ríos, Los Lagos y Valparaíso.
Obstáculos y desafíos
Uno de los grandes desafíos para el país es hacerse cargo del los mercados ilegales, y en ello urge tomar atención al comercio sexual. Esto, no sólo para dar un margo regulatorio que pueda, al menos, acotar esta economía ilegal tomada por el Tren de Aragua, sino porque el escenario actual también dificulta la persecución de estos delitos.
"Los principales obstáculos para perseguir estos delitos tienen que ver, entre otros, con la falta de legislación o regulación de estos mercados ilegales. En este caso, el ejercicio del comercio sexual no es un mercado que esté regulado por el Estado, puesto que los lugares que son controlados son aquellos clubes nocturnos que ejercen como prostíbulo, o también cuando hay denuncias relativas a infracciones sanitarias cuando se ocupan departamentos para ejercer la prostitución", detalla.
"Yo siempre he planteado que, por las mañanas, la mujer perteneciente al Tren de Aragua se va a ejercer la prostitución y la pareja, hombre, se va a secuestrar, a matar, a extorsionar o a cometer delitos. Por lo tanto, ese cliente que requiere los servicios sexuales ni siquiera puede proyectar el riesgo al cual se está sometiendo".
Fiscal metropolitano sur, Héctor Barros
No obstante aquello, el problema más complejo radica en que "tanto la prestación del servicio como el solicitar el servicio sexual no son delitos ni infracción de ese punto de vista".
El fiscal asevera que lo anterior lleva a que existan cifras negras en torno a los montos que se están generando por esta vía para las organizaciones criminales, pero además, tampoco hay claridad de la cifra de personas que pueden ser víctimas de extorsiones o otros delitos que no están denunciando.
Barros agrega que el consumo o el ser cliente de los servicios sexuales genera una serie de riesgos para estas personas sin que ellos lo visualicen ni tengan conocimiento a qué se están exponiendo cada vez que requieren estos servicios. Entre estos, "pueden ser víctimas de secuestros, extorsiones, secuestros extorsivos y otros delitos que muchas veces ni siquiera denuncian", subraya.
"Yo siempre he planteado que, por las mañanas, la mujer perteneciente al Tren de Aragua se va a ejercer la prostitución y la pareja, hombre, se va a secuestrar, a matar, a extorsionar o a cometer delitos para el Tren de agua. Por lo tanto, ese cliente que requiere los servicios sexuales ni siquiera puede proyectar el riesgo al cual se está sometiendo", enfatiza el fiscal.
